Por Cristian Arroyo

La cuestión demográfica

Mar del Plata es una de las ciudad más envejecidas del país, de una población de 667.082 personas, 141.080 son personas mayores de 60 años, lo que representa el 21,15%.

Somos la ciudad de la Provincia de Buenos Aires con mayor porcentajes de personas mayores, apenas por debajo de la CABA que tiene el 22,6% de sus habitantes en esa franja etaria, pero muy por encima del 15,8% que promedia nuestro país.

Todas las proyecciones muestran una fuerte tendencia a la caída de la natalidad y aumento de la esperanza vida, por lo que el envejecimiento es una cuestión central del presente, pero aún más significativa para los años por venir.

Por esta razón consideramos imprescindible pensar, anticipar, proponer acciones públicas, privadas y comunitarias para garantizar la calidad de la población mayor.

Durante muchos años se intentó explicar la cuestión social por la alta natalidad de los sectores populares, incluyendo impugnaciones a programas de apoyo a las familias con niños pequeños, creyendo que “se embarazan por un plan”.

Desde la implementación de la AUH en 2009, la tasa de fecundidad pasó del 2,34 a 1,33 hijos por mujer, cifra significativamente por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer.

Hoy vemos la caída de nacimiento en todos los estratos sociales y la preocupación es quien va a trabajar para sostener la jubilación de una población mayor cada vez numerosa.

El envejecimiento, las políticas de cuidado y la previsión social van a ser parte de los temas centrales para el Estado y las Políticas publicas de las próximas décadas.

La cuestión previsional

En Mar del Plata, y siempre siguiendo los datos del censo 2022, viven 145.432 personas que perciben algún tipo de beneficio previsional (jubilación o pensión).

Este tipo de ingresos tiene una importancia sustantiva para nuestra ciudad, tanto por permitir la vida de sus receptores, como por el impacto en la economía de la ciudad.

Discusión en torno a la jubilación como seguro social

El imaginario social mayoritario cree que la Anses se financia únicamente con los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores. Sin embargo, y aunque este item representa el 60% de los recursos del organismo, esta lejos de ser la única fuente de ingresos. Los recursos para pagar las jubilaciones se originan también en impuestos generales (IVA e impuesto a las ganancias), rendimientos de los fondos administrados por la ANSES y el Fondo de Garantía de sustentabilidad entre otros.

Otro lugar común equivocado es creer que se usan fondos de jubilaciones para pagar otros servicios de la seguridad social (Asignación por hijo o por adulto mayor), que son en realidad erogadas con transferencias del Tesoro Nacional e impuestos generales.

Por esta razón, debemos poner en discusión la idea tradicional de seguro social, donde el trabajador activo sostenía a los pasivos con sus aportes y obtenía así el derecho a jubilarse.

Las jubilaciones son una conquista reciente de los trabajadores, que no excede por mucho la centuria. En un principio, los trabajadores activos sostenían con sus aportes a los incipientes jubilados. Hoy la proporción entre aportantes y beneficiarios es insostenible. La informalidad laboral y el aumento de esperanza de vida son algunos de los fenómenos que tensionan al sistema, por lo que debe ser pensado en forma diferente.

No solamente los trabajadores no registrados dejan de aportar al sistema y van a tener problemas para jubilarse, sino también gran parte de trabajadores autónomos, de plataforma y emprendedores con baja capitalización que, aun con buenos ingresos en el presente, no podrán reunir los recursos suficientes para vivir sin trabajar entre 20 y 40 años después de la edad de retiro.

Moratorias previsionales

Aproximadamente la mitad de los actuales jubilados se han acogido a algunas de las moratorias previsionales otorgados en los años 2005, 2014 y 2020

Este año ha llegado a su límite la última de estas moratorias, por lo que podemos estimar que la mitad de las personas en edad de jubilarse no podrán hacerlo a partir de este año, quedando como única opción la pensión universal para personas mayores.

Limitándonos a las personas que abordan este tema con alguna seriedad y responsabilidad, queremos analizar una critica a las moratorias, las que sostienen el argumento de que tensionan la sostenibilidad del sistema.
Si tomamos en cuenta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en 2015 por la Organización de Estados Americanos (OEA), e incorporada a la legislación local mediante la Ley 27.360, sancionada el 23 de diciembre de 2016, el Estado argentino está legalmente obligado a garantizar la seguridad social de las personas mayores.

El Artículo 19 de la Convención establece que los Estados deben garantizar que las personas mayores tengan acceso efectivo a la seguridad social y pensiones adecuadas que les aseguren una calidad de vida digna.

Si ya es lastimosa la condición de las personas mayores, imaginemos su situación si el 50% de ellas no tuvieran ingresos, ni obra social, como pasaba antes del año 2005.

El mínimo sentido de humanidad, pero sobretodo la obligación legal descripta arriba, descarta la mirada extremista de quienes consideran que el 50% de las personas jubiladas no deberían tener esa condición. Ese porcentaje es significativamente más alto entre las mujeres.

El argumento de los impugnadores menos extremistas de la moratoria es que podría procurarse una red asistencial para estas personas, sin reconocerle el derecho previsional por moratoria.

Si obviamos que esto significa un monto aún mas insuficiente que la ya paupérrima jubilación mínima y tomamos solo el aspecto financiero, el ahorro seria mínimo.

Recordemos que la Anses ya se financia de impuestos generales y aportes del tesoro, por lo que simplemente significaría un deterioro en la calidad de la prestaciones sin representar un ahorro significativo ni una mejora de la condiciones de jubilados con aportes, ya que la dinero proveniente del tesoro debería utilizarse para la asistencia a quienes no accedieron a la jubilación.

Tal vez habría que poner la mirada en los montos mucho más significativos de los regímenes especiales, antes de buscar quitarle ingresos a quienes ganan el 30% de la canasta básica, según la Defensoría de la Tercera Edad.

Asimismo, y siguiendo el ejemplo de países como Noruega, deberíamos discutir la formación de un fondo para pensiones con una parte de la renta de nuestros recursos naturales. Vaca Muerta, el litio e incluso la producción agrícola extensiva, podría destinar una parte poco significativa de su renta para los jubilados, al estilo del Fondo Soberano de Noruega. Este país destina con gran éxito social y financiero una parte de los ingresos del petróleo y el gas para generar un fondo de inversión que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema previsional de sus habitantes durante las próximas décadas.

Políticas de cuidado

Una ciudad como Mar del Plata debe prepararse y reinventarse para dar respuesta a la situación de las personas mayores.

Según el censo, 3163 personas, el 2,24% de las personas mayores viven en residencias de larga estadía.

El Estado Municipal tiene una sola institución (residencia Eva Perón) y 26 instituciones privadas tienen convenio con PAMI.

Según datos de 2020, la Cámara Marplatense de Residencias de Larga Estadía (CAMARLE), que agrupa a establecimientos del sector, registró alrededor de 80 hogares asociados, con una capacidad de 2.000 camas y la generación de más de 800 puestos de trabajo directos.

Una decena brinda servicios para una población ABC1 y cerca de 1000 personas habitan residencias que funcionan sin habilitación de ningún tipo.

También es fundamental aumentar la oferta de instituciones de salud, creación y fortalecimiento de instituciones especializadas (como el Houssay gestionado por el PAMI).

Otro punto central es asumir comunitariamente la responsabilidad de contrarrestar las barreras urbanas, construyendo rampas y adecuando los edificios para que sean accesibles a personas con movilidad reducida.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 7,25% de la población mayor de 60 años en Argentina vive en alquiler. Proyectando estos datos generales a Mar del Plata, serían más de 10.000 personas que alquilan, la gran mayoría de los cuales tienen con ingresos jubilatorios mínimos.

Esto es un problema urbano en crecimiento que debe ser abordado por políticas públicas.

Por último, en Argentina, aproximadamente el 20% de las personas mayores de 60 años o más presentan algún tipo de dependencia o requieren cuidados especiales, ya sea debido a enfermedades crónicas, discapacidad o condiciones que limitan su autonomía.

Esto implica que aproximadamente 28.000 marplatenses requieren cuidados.

Esto es al mismo tiempo un problema y una oportunidad, ya que representa miles de potenciales puestos de trabajo, en una economía del cuidado que es una de las que más va a crecer en los próximos años. Sin embargo, debemos afrontar el desafío del financiamiento con corresponsabilidades publica, privada, familiares y comunitarias.
Sin Estado y Justicia Social, el futuro es desesperanzador

Es bueno que cada uno produzca al menos lo que consume, pero son los niños y las personas mayores lo que deben recibir el abrazo solidario de los trabajadores activos porque ellos no pueden producir y son quienes más sufren la pobreza y la desigualdad.
Los gastos previsionales explican el 19,3% del total del ajuste fiscal del año 2024, con un 21,4% de reducción del presupuesto de la ANSES. Asimismo el INSSJyP sufrió un ajuste declarado y presumido por sus autoridades del 6% del total.
En tiempos de justificación de la crueldad y la ley del más fuerte, creemos que es imprescindible proteger a los más vulnerados en una sociedad que debe decidir entre la humanidad y la motosierra.