BARCELONA.- El conflicto secesionista catalán vivirá el lunes un momento clave con la manifestación de la Diada, el día nacional de Cataluña, una jornada que será una especie de termómetro del grado de tensión y capacidad de movilización detrás del referéndum unilateral del 1 de octubre para decidir sobre la separación de España.

La mayoría de catalanes, un 56%, considera que el referéndum, tal como está planteado, no puede ser considerado ni válido ni legal, frente a un 38% que lo respalda, según una encuesta publicada por el diario El País.

Bajo el el lema “Referéndum es democracia”, la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium Cultural y otras organizaciones secesionistas, llaman a la ciudadanía ya no a presionar para un referéndum pactado, como reclamaron históricamente, sino a respaldar la vía unilateral del gobierno catalán de Carles Puigdemont.

La manifestación también defenderá el mensaje “Paz y Libertad” como compromiso con los valores de la sociedad abierta y republicana que los secesionistas proponen construir. Los organizadores, además, pretenden que la jornada sea un homenaje a las víctimas del atentado yihadista del 17 de agosto en Las Ramblas de Barcelona y en la localidad costera de Cambrils.

Sin embargo, los independentistas son conscientes de que la Diada será la prueba de fuego para mostrar, no sólo de cara al resto de España sino frente al mundo, que el referéndum de octubre tiene una fuerza social detrás y un “ejército” de voluntarios dispuestos a defenderlo.

Cataluña y el país en general viven un inédito escenario de tensión y confrontación, especialmente después de que el gobierno español de Mariano Rajoy desplegara toda su maquinaria legal para evitar el referéndum, que ya fue prohibido por el Tribunal Constitucional por ilegal.

Por eso, los secesionistas saben que necesitan llevar el conflicto a las calles e intentarán implicar al máximo a los ciudadanos en la defensa del referéndum, de forma pacífica.

Al cabo de cinco años de sucesivas movilizaciones multitudinarias y pacíficas en reclamo de un Estado independiente, las asociaciones civiles catalanas se enfrentan ahora al momento culmine del proceso de secesión.

Una curiosidad del movimiento independentista es que la gente se inscribe para garantizar el éxito de la manifestación, algo que no es habitual en otras partes del mundo. El año pasado, para la Diada, los secesionistas lograron movilizar a 600.000 personas, y este año, con 360.000 inscriptos (una cifra mayor que en 2016), todo apunta a que superarán esa cifra.

“El parlament (parlamento catalán) hizo un acto de secesión, la ley del referéndum fue aprobada legítimamente, y las amenazas, las advertencias del gobierno y la Justicia no serán un impedimento para que podamos votar”, afirmó Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), quien llamó a los ciudadanos de la región a convertir el primero de octubre en la “Fiesta de la democracia”.

La Diada podría ser también el inicio de un estado de movilización permanente de cara al referéndum.
Los secesionistas ya advirtieron que la sociedad civil actuará “en legítima defensa” ante un Estado central que renunció a defender los derechos de los ciudadanos de Cataluña, y el gobierno catalán, con los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) como principal apoyo, apeló en los últimos días a que los ciudadanos “presionen” y se impliquen en el referéndum.

El propio presidente Puigdemont instó el viernes pasado, en un acto organizado por la ANC, a que los ciudadanos “pregunten” a los alcaldes si los dejarán votar o no, mientras al mismo tiempo manifestantes independentistas se concentraban frente a las sedes de los ayuntamientos de Barcelona, Lleida y Mataró, que cuentan con apoyo socialista y no se comprometieron a ceder espacios municipales para la votación del primero de octubre.

“Cada uno tendrá que hacer su reflexión de si ha dejado votar y ayudado a que la gente vote, o no, y en el siglo XXI hay muchos que nos sentimos comprometidos en dejar que la gente manifieste su opción”, sostuvo hoy en la misma línea el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, desde Lleida, la localidad desde donde tradicionalmente comienzan los actos de la Diada.

Junto con la suspensión del referéndum secesionista por parte del Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña presentó una querella criminal contra el gobierno catalán por desobediencia, prevaricato y malversación, delitos penados con inhabilitación y cárcel, y pidió medidas cautelares para prohibir la consulta, entre ellas que los alcaldes sean informados de que cometerían delitos si facilitaban la votación.

También ordenó a las fuerzas de seguridad que requisen material susceptible de ser utilizado en la votación, en referencia a las urnas o boletas electorales.

En ese contexto de mucha tensión e incertidumbre, la Guardia Civil registró el sábado la publicación El Vallenc, un semanario de información local, ubicado en la localidad catalana de Alt Camp, con el argumento de que allí se guardaba material electoral para la consulta del primero de octubre.

Un grupo de manifestantes independentistas, con pancartas, y boletas del referéndum de secesión que ellos mismos imprimieron se congregaron rápidamente frente al edificio del semanario y protestaron con una sola consigna: “Dónde están, las boletas dónde están”.

Además del semanario, la Guardia Civil registró por segundo día una imprenta de la localidad de Constantí, que también es sospechada de colaborar con la elaboración de boletas o de las listas del censo electoral.

“Pueden intervenir imprentas o sitiar un medio de comunicación local con guardias civiles, pero el lunes con la Diada les desbordaremos democrática y pacíficamente, y el primero de octubre con las urnas”, aseguró, desafiante, Puigdemont, en víspera de la manifestación.