Por Ramiro Melucci

“En algún momento vamos a volver por las fotomultas”. La frase partió del bloque oficialista un día después de que el intendente Guillermo Montenegro, en un hilo de Twitter en el que aseguró que en Mar del Plata se maneja mal, insistiera con la necesidad de aprobar ese proyecto, el del reconocimiento facial de prófugos y el de la aplicación para denunciar desde el celular el estacionamiento en lugares no permitidos.

La promesa de reinstalar en el Concejo el debate del convenio con la Universidad de San Martín para aplicar fotomultas carece, sin embargo, de una estrategia legislativa definida. Juntos por el Cambio sigue tratando de encontrarle salida a un laberinto que aparenta no tenerla: consigue raspando los votos para aprobar el proyecto en el recinto, pero no logra juntarlos para el dictamen de la Comisión de Legislación, el paso previo a la sesión.

“La única manera es llegar al recinto con un expediente de minoría”, dicen en el bloque que conduce Agustín Neme. En el Frente de Todos creen que, por las características del expediente (no está abierto a modificaciones porque es un convenio ya firmado), no hay ninguna manera reglamentaria ni prolija de lograr ese propósito.

La última vez que el presidente de la Comisión de Legislación, el radical Daniel Núñez, puso el proyecto en tratamiento fue el 28 de marzo. Lo hizo a pedido de la oposición, porque el kirchnerismo tenía la intención de votar una moción de archivo. Algo que no logró debido a la decisión de Acción Marplatense de esperar los informes aclaratorios solicitados a distintas áreas del gobierno. Como siguen sin llegar, el convenio continúa sin aparecer en el orden del día de la comisión. Es la mejor forma que encontró el interbloque de Juntos por el Cambio para ganar tiempo.

El inicio del tratamiento de las fotomultas había marcado otro punto de inflexión en la relación del intendente con Nicolás Lauría, ex presidente del bloque oficialista. El acercamiento que comenzó entonces volvió a evidenciarse en la última sesión, cuando el edil resistió con JxC la propuesta de Acción Marplatense de ampliar el tratamiento
del proyecto que establece como sede permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense el edificio frente al barrio Rumencó que se había previsto para la Escuela de Artes y Oficios Digitales.

Acción Marplatense, promotor de aquella escuela (se construyó durante el gobierno de Gustavo Pulti con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento) reclamó debatir el proyecto en las comisiones de Educación y Seguridad. El oficialismo se lo impidió, pero en el medio el presidente del bloque pultista, Horacio Taccone, deslizó una frase: “Las diferencias que tenemos van a ser más graves y más profundas de las que pensamos que tenemos”. Sonó a advertencia para Montenegro.

En Frente de Todos creen que, por las características del expediente de fotomultas, el oficialismo no tiene ninguna manera reglamentaria ni prolija de subsanar la falta de votos en la Comisión de Legislación. 

El proyecto para contratar un software de reconocimiento facial de prófugos no está tan comprometido en el Concejo como el de las fotomultas. Aunque el Frente de Todos lanzó duras críticas, Acción Marplatense todavía no se pronunció y hubo un avance en la Comisión de Seguridad. Pasó a la de Legislación, donde también aguarda los informes solicitados al Ejecutivo.

El reclamo de las iniciativas oficiales no solo se activó a través de Twitter. El gobierno local mostró los primeros resultados del “anillo digital”, que funciona con cámaras lectoras de patentes: en abril detectaron 30 vehículos con algún impedimento para circular. El mensaje de esa exhibición no dejó dudas. Aludió a la importancia de la tecnología aplicada a la seguridad y el tránsito: lo mismo que ofrecen los proyectos estancados.

La realidad es que hay responsabilidades compartidas en la falta de avances. El expediente de la aplicación para denunciar el estacionamiento indebido sigue, como los demás, sin contar con la información adicional solicitada a diversas áreas de la administración. Es la única manera de explicar que el oficialista Guillermo Volponi, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana –en la que JxC tiene mayoría–, no lo ponga en tratamiento.

El intendente también coló en la agenda política, a través de Neme, el pedido a la Provincia del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), vital para hacer obras. A Mar del Plata le corresponden $ 560 millones, de los cuales $ 168 millones debieron haber llegado antes del 31 de marzo. El tema, que no solo preocupa aquí, formó parte de las conversaciones con los intendentes del PRO en el almuerzo del jueves en La Plata.

En ese foro, Montenegro encabeza las posturas del interior bonaerense, que suelen diferir de las del conurbano. De allí que en el comunicado que firmaron los alcaldes amarillos apareciera el reclamo del incremento de los subsidios para el transporte. El mismo día, en Mar del Plata aumentaba el boleto un 24%. Si bien el gobierno nacional viene girando los recursos comprometidos, el intendente ya dijo que ese incremento está lejos de ser suficiente para equiparar las tarifas del interior con las del conurbano.

Los encuentros tienen un correlato electoral. Los jefes comunales buscan ganar musculatura en la discusión de las candidaturas. Sobre todo después de que el año pasado el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lograra imponerles a Diego Santilli.

Si bien el gobierno nacional viene girando los recursos para el transporte, el intendente ya dijo que ese incremento está lejos de ser suficiente para equiparar las tarifas del interior con las del conurbano.

En la oposición local el río sigue revuelto. En su intención de disputarle terreno a la titular de Anses, Fernanda Raverta, el director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, acompañó a autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo en el lanzamiento de una línea de asistencia a laboratorios para impulsar la producción y la exportación. Poco antes había enviado otra señal para la interna: promocionó una foto con Facundo Moyano, con quien comparte el rechazo por La Cámpora.

Instalada el fin de semana en Mar del Plata, Raverta inauguró cajeros automáticos y recorrió oficinas de Anses en el último día para tramitar el bono de $ 18 mil. Una de las cabinas para extraer efectivo fue abierta en Sierra de los Padres. “Un lugar que a veces queda de espaldas a las prioridades locales”, espetó, como para que no se olvide que su puja siempre será con Montenegro.

La semana había comenzado caliente con las declaraciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, sobre los derechos de propiedad del Gobierno. Un día después visitó Mar del Plata el subsecretario de Economía Popular del mismo Ministerio, Federico Ugo, para inaugurar un almacén cooperativo.

El funcionario milita en el Movimiento Evita, una organización más cercana al Presidente, y como anfitrión ofició el concejal Roberto Gandolfi, que a pesar de las notorias diferencias entre cristinistas y albertistas permanece integrado en el andamiaje local de Raverta. No solo eso: en las últimas horas ha comentado que no comulga con el sector del peronismo que la desafía. Aunque su destino, claro, esté atado a las decisiones que tome la conducción de su tribu.