El Frente de Unidad Docente Bonaerense pidió “con carácter de urgente”, una reunión con las autoridades del gobierno provincial para analizar cómo impacta en el ámbito escolar el aumento exponencial de casos de Covid 19.

En concreto, solicitaron un encuentro con la Directora General de Educación y Cultura, Agustina Vila, y una reunión conjunta con la propia Vila y con el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán.

Las organizaciones sindicales que integran el FUDB señalaron a las autoridades que el aumento tan acelerado de los casos “requiere medidas de carácter restrictivo que impidan la propagación de los contagios en las escuelas”, por lo que consideraron “de suma importancia discutir las diversas situaciones que se presentan en cada una de las escuelas, examinar el cumplimiento de los protocolos, la dificultad en la cobertura de los cargos y la provisión de los insumos necesarios para garantizar el cuidado de estudiantes, docentes y auxiliares”.

El Frente está formado por los gremios Suteba, Feb, Amet, Udocba y Sadop.

Hace dos días, el Suteba había expresado “preocupación” por la situación sanitaria y su impacta en nuestras comunidades y en la Escuela. “Sabemos que, aunque los protocolos mayoritariamente se cumplen y que los relevamientos realizados a la fecha dan cuenta que los contagios no se producen en su amplia mayoría en el ámbito de la Escuela, lo que sí impacta en la Escuela es la mayor circulación de personas, la saturación del transporte público y las conductas sociales por fuera del ámbito educativo que incumplen las normativas sanitarias”, señalaron.

Por su parte, la conducción del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) señaló su “enorme preocupación” ante “el aumento exponencial de contagios por coronavirus y su directa repercusión en las escuelas nacionales”, y ratificó que las clases presenciales solo son posibles “si se garantiza la salud y seguridad de la comunidad educativa”.

El Sadop, que representa a más de 70 mil afiliados en todo el territorio nacional, exigió a los empleadores de gestión privada el cumplimiento del deber de garantizar la seguridad, a lo que están “legalmente obligados”, y de los protocolos vigentes; la protección integral de los docentes; la salubridad en los establecimientos y el otorgamiento a los trabajadores del material de protección personal para “el ejercicio cuidado de la actividad cotidiana”.