Las motos, en su mayoría de baja cilindrada, se amontonan una al lado de la otra hasta generar una especie de fila que simula las fichas de dominó: una cae y la siguen las demás. Una postal similar muestran los autos y camionetas, en su mayoría de modelos antiguos y hasta dejados de fabricar.

Sucede lo mismo tanto en el playón ubicada en la avenida Luro casi España como en el de Santa Paula, ambos dependientes de la dirección de Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon: 1.627 motos y unos 52 autos esperan ser rescatadas por sus dueños en el predio céntrico, mientras que 2.258 rodados de dos ruedas y 648 coches aguardan en el depósito cercano a la ruta 226.

Cuando se infracciona a un vehículo por determinada causa (por ejemplo por alcoholemia o falta de casco para las motos), los mismos son acarreados hasta el playón municipal donde, después de presentarse ante el juez de Faltas y pagar la correspondiente multa, pueden ser retirados por su dueño.

Pero en muchos casos, los vehículos infraccionados tienen más multas sin pagar en su haber y la sumatoria total supera -en algunos casos, especialmente motos- el valor del vehículo.

La situación no es nueva: en junio del año pasado, ante la saturación de vehículos secuestrados debieron habilitar un sector la Escollera Norte cercana a la base de cruceros y en el predio de Luro y Francia.

Colapso

“No los vienen a retirar porque las multas son altas y en muchos casos esas infracciones se acumulan. Al ser un costo muy alto prefieren dejar el vehículo secuestrado”, explicó el titular de la dirección de Tránsito municipal, Miguel Grassi Muñoz.

Ante la situación, algunos concejales trataron de tomar cartas en el asunto pero todavía no lograron conseguir una solución adecuada, en parte por la inacción legislativa.

“La acumulación de motos y autos no solo trae como consecuencia la falta de espacio físico, sino también contaminación. Hay que descongestionar los depósitos municipales y contribuir con elementos que pueden ser útiles para las instituciones educativas”, expresó el concejal Alejandro Carrancio (ver recuadro).

La situación se agrava con el crecimiento del parque automotor, ya que se calcula que por las calles de Mar del Plata y Batán circulan unos 400 mil vehículos.

Herramientas

Para que esos vehículos secuestrados puedan tener otra utilidad, ya sea dependiendo de una delegación municipal o de una entidad de bien público o educativa, la Municipalidad debe adherir a una ley provincial (26348) a través de una ordenanza elaborada por el Concejo Deliberante. Pero, hasta ahora, en el partido de General Pueyrredon, muchos de los concejales que hoy están en campaña no lograron legislar.

“Existen herramientas legales pero hay que instrumentarlas, como sucede en distintos lugares”, destacó el presidente de la Asociación de la Justicia Municipal Bonaerense, doctor Carlos Rey.

En la provincia de Buenos Aires existe la ley 26348 que establece el procedimiento para los vehículos secuestrados por infracciones de tránsito o decomisados, algunos de los cuales “pueden quedar afectados a reparticiones municipales, pasar a subasta pública o ser afectados a algún dispositivo vigente”, detalló el magistrado.

Para poder concretar ese paso es necesario realizar los trámites correspondientes en el Registro de la Propiedad Automotor.

También existe otro dispositivo legal, potenciado por el actual gobierno nacional, que es el Programa Nacional de Compactación. Para los vehículos que no se reutilizan ni se subastan, se firma un convenio con alguna entidad de bien público que recibirá el dinero que se recaude después de vender como chatarra a esos vehículos compactados.

Soluciones

Para que esto suceda, la Municipalidad -en este caso de General Pueyrredon- debe adherir por ordenanza a la ley nacional. “Eso está sucediendo hoy en localidades como Cañada de Gómez o San Miguel”, detalló el magistrado e insistió con que “existen herramientas legales para evitar el colapso de estos predios, porque además ese amontonamiento genera contaminación. La solución es un tema municipal”.

En diciembre del año pasado, ante la saturación de los predios municipales con autos secuestrados y multados, el Concejo Deliberante votó una ordenanza mediante la cual se establecieron los valores de acarreo y estadía para proceder al retiro de los mismos con valores promocionales. La misma se extendió por el plazo de 60 días, pero evidentemente no causó el efecto deseado, ya que las motos y los autos se siguen amontonando en los mencionados predios.