Escala el conflicto por el traspaso de Punta Mogotes y todo parece indicar que será la Justicia la que dará la última palabra. A partir de la decisión del intendente Guillermo Montenegro de reclamar el traspaso del complejo al municipio, desde la comuna se intimó al Gobierno bonaerense a aceptar el pago de una deuda de 14 millones de pesos para efectivizar ese traspaso. “En mi carácter de intendente municipal y en representación del municipio de General Pueyrredon, lo intimo a que en el plazo perentorio e improrrogable de 15 días reciba en pago la deuda que la Administración Punta Mogotes mantiene con la Provincia de Buenos Aires y que, al 31 de diciembre de 2023, asciende a la suma de pesos catorce millones sesenta y nueve mil ochocientos diecinueve con cuarenta y seis centavos ($ 14.069.819 con 46/100)”, señaló el jefe comunal en la carta documento enviada a Axel Kicillof -quien estará el sábado en un plenario de la quinta sección electoral en Santa Clara del Mar- y deja abierta la posibilidad de iniciar acciones legales. “La presente intimación es bajo apercibimiento de proceder a su consignación judicial”, finalizó Montenegro en la carta documento. Según pudo establecer este medio, la Provincia ya respondió y con duros términos al planteo del Ejecutivo local.

“No corresponde el planteo del Ejecutivo municipal y la deuda que mantiene la Administración de Punta Mogotes con la Provincia asciende a varios millones de dólares. Y no estoy contando la deuda por Ingresos Brutos. Montenegro no tiene razón en su planteo y solo busca subir al ring al gobernador Kicillof para confrontar y buscar distraer. Sencillamente, le recomendaría que no pague o deposite esos 14 millones de pesos que dice que es el total de la deuda, porque quien paga mal paga dos veces”, refería en el arranque de la semana uno de los principales asesores letrados de la gobernación en charla en off con un reducido grupo de periodistas de Mar del Plata. Simultáneamente, en la oficina del intendente se recibía la carta documento de respuesta, que lleva la firma de la subsecretaria de Turismo de la provincia, María Soledad Martínez. ¿Qué manifiesta la Provincia? Palabras más, palabras menos, que el complejo es manejado por la Administración de Punta Mogotes. Allí, de tres titulares, dos corresponden a la Provincia (Fernando Maraude y Gonzalo Raventos) y uno a la comuna (Carlos Aramburu). Ese ente o administración es considerado como un tercer actor, diferente a la provincia o al municipio. Además, consideran que hay obligaciones existentes hasta 2026 (entre julio y septiembre vencen las actuales concesiones de los balnearios), por lo que el Ejecutivo municipal concretamente “no mantiene, al menos por las causas que Montenegro invoca en su misiva, deuda alguna con la Administración de Punta Mogotes”.

“En mi caracter de subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y en respuesta a su carta documento, se le recuerda que, conforme el anexo de la Ley 10.238, la Administración de Punta Mogotes (APM) es una entidad pública interjurisdiccional con personalidad jurídica propia, regida por las disposiciones de su Carta Orgánica y por la normativa legal de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, debo poner de resalto que conforme el artículo 1° de anexo citado, la participación en la titularidad del patrimonio de la APM es del 70 por ciento de la provincia y del 30 por ciento de la Municipalidad de General Pueyrredon, precisándose allí que la entidad se hará cargo del activo, pasivo, derechos y obligaciones del ente denominado Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado”, se señala en la carta documento.

Ante lo señalado, remarca el gobierno de Axel Kicillof que “se desprende entonces que el municipio de General Pueyrredon no mantiene, al menos por las causas que usted invoca en su misiva, deuda alguna con la Administración de Punta Mogotes. En idéntico sentido -se añade-, se enfatiza que el Departamento Ejecutivo del municipio de General Pueyrredon carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejercicio de las obligaciones de la APM, debiendo canalizar su accionar a través del representante respectivo en el órgano de gobierno previsto en la Carta Orgánica del Ente, cuya existencia no puede desconocer”. A renglón seguido, se le recuerda a Montenegro que “el obrar público debe estar subsumido al plexo legal vigente, careciendo de relevancia jurídica algunas sus expresiones, en tanto el modo, la forma y las condiciones para la eventual denuncia del convenio aprobado por la Ley Nº 10.283 se encuentran allí previstas en forma expresa”. Finalmente, la Provincia, en su carta documento firmada por la subsecretaria de Turismo, intima a Montenegro para que “se abstenga de realizar cualquier pago sin causa a esta Administración, reservándose los derechos de notificar tal novedad al Honorable Tribunal de Cuentas de esta provincia”. En definitiva, un conflicto que recién arranca y que, a no dudarlo, seguirá escalando con idas y venidas, y presentaciones judiciales de uno y otro lado.

El intendente, este martes, en sus redes sociales informó sobre la respuesta del Gobierno provincial, aunque avisó que “es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar”. Y fue duro al sostener que “la Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago, me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales”, expresó. Paralelamente, el diputado provincial Diego Garciarena (UCR) escribió que Punta Mogotes es de los marplatenses. No hay debate posible. Lo es en términos patrimoniales, lo es en términos simbólicos, lo es en referencia a su valor turísticos y urbanístico. Por ello, presentamos el proyecto de ley en la Legislatura y acompañamos las gestiones del intendente y vamos a seguir trabajando hasta recuperar lo que nos pertenece”. Desde La Plata, en tanto, la subsecretaria de Turismo también se sumó a la polémica. “Todo esto -dijo- me parece pan y circo. Montenegro hace todo por Twitter y me parece una locura que se gobierno por ahí”, disparó, y añadió sobre el jefe comunal: “Debería estar abocado a asesorarse. Él -insistió- no le debe nada a la Provincia”.

A propósito del complejo, trascendieron detalles de la intervención urbana que plantea el consorcio de concesionarios de Punta Mogotes. Y no solo se plantea transformar el área concesionada, sino zonas que van más allá del sector actualmente explotado por ellos. En tal sentido, de acuerdo con un estudio -diferente al desarrollado por la Universidad Atlántida para la actual administración y que se difundiera en esta misma sección-, se detectó la necesidad de conectar el complejo con la ciudad que hace uso fehaciente de este. El resultado del diagnóstico del área refleja que existe una barrera urbana importante entre el barrio de Punta Mogotes y el complejo, materializado por la Avenida de los Trabajadores. “Esta disociación entre ambos actores -consideran- genera un impacto urbano negativo”.

Como se sabe, hoy el acceso al complejo se realiza a través de dos puentes vehiculares y peatonales y otros dos accesos por los extremos a la calle Cleto Ciocchini, que actúa como colectora propia del complejo, dando acceso a los 24 balnearios. Además, cuenta con cinco caminos de acceso público peatonal ubicados en el frente de los balnearios. “Estos caminos se truncan evitando la conexión con el barrio de Punta Mogotes. Actualmente, para acceder a los caminos -se resaltó- hay que atravesar una serie de caminos a modo de laberintos que dificultan la conexión con la colectora del complejo, con el riesgo que esto implica, ya que conviven en el mismo momento y espacio vehículos y peatones”. Por ello, desde el proyecto se plantea, en principio, separar los accesos peatonales de los vehiculares. A su vez, sobre el sector de lagunas se plantea un anfiteatro natural frente a los balnearios 2 y 3, que también es el inicio de un paseo con locales de esparcimiento que recorre las lagunas y se conecta con el camino que atraviesa la reserva del Puerto hasta la banquina.

Una rambla elevada. Durante muchos años, los balnearios del complejo se unían por un camino a nivel de planta alta que unía y atravesaba los distintos sectores. Pero a partir de una intervención anterior que tomó la decisión proyectual de eliminar esa conexión, trajo como consecuencia que la superficie que poseía un uso masivo dejara de tenerlo y se transformaran en espacios ociosos. Ahora, dentro del nuevo proyecto de reconversión del área se propone generar una rambla elevada en el nivel de las plantas altas, ubicadas por delante del complejo. “Se pretende generar un paseo, uniendo todo el complejo, que permita tener visuales hacia el mar y a la ciudad. Actualmente, la rambla de acceso a los balnearios se encuentra a nivel del suelo donde ha perdido por completo las visuales que con este proyecto logramos rescatar”, explicaron los concesionarios.

Finalmente, se reseñó que la intervención generará a su vez que los balnearios vuelvan a recuperar el uso de las plantas altas con varias funciones de índole gastronómica, de esparcimiento y deportivas que permitirá usarlas durante los 12 meses del año. En tanto, la rambla estará conectada con los caminos de acceso público y desde el interior de los balnearios. Además, se hizo hincapié en que el complejo tendrá un carácter sustentable, al emplear materiales adecuados con la utilización de recursos no renovables para el mantenimiento de piscinas y explotación de servicios. De llevarse a cabo este proyecto, se informó que se eliminarán los tanques de reserva elevados y se utilizarán pantallas solares en terrazas.

Gravísimas denuncias y ninguna desmentida aún. En diferentes medios periodísticos, en redes sociales e incluso en comentarios en off de representantes de sectores ligados a la pesca, se insistió en que habría habido un pedido de coimas por parte de funcionarios del gobierno nacional de 15 millones de dólares para la renovación de cuotas de pesca de merluza para distintas empresas. Asimismo, en ese contexto, trascendió que una empresa española -Iberconsa- controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity habría comunicado esta situación a la embajada de Estados Unidos. “Parece ser una operación de la embajada de Estados Unidos en defensa de sus empresas, con una nota sin datos y medias verdades que, sin embargo, destapa un escándalo que es cierto”, sostuvo el periodista especializado en pesca, Guillermo Nahum, en la revista Puerto. “Nadie del sector pesquero se asusta porque alguien les pida plata para la campaña o la actividad política, pero esto era otra cosa por los montos exigidos y los métodos violentos e inéditos”, añadió Nahum. Y completó relatando que “la cosa se puso fea porque algunos empresarios se negaron a pagar. Dicen que el primero que dijo no fue Tony Solimeno. Pero, al parecer, lo que pateó el hormiguero fue que la negativa del grupo Iberconsa, con vinculados a la embajada de EE.UU., destapó el escándalo a través del portal La Política Online”.

Quienes siguen de cerca la relación de la pesca con el actual gobierno coinciden en destacar que hay sectores enfrentados con dos cabezas visibles: por un lado, el asesor y mano derecha del presidente Santiago Caputo y, por el otro, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ha hecho de sus críticas al actual régimen de pesca y las bajas regalías una bandera. Cada vez que tiene la oportunidad, Sturzenegger, tras el fracaso de su iniciativa con respecto a la pesca contemplada en el texto original del proyecto de la ley Bases y luego eliminada ante las presiones políticas y empresariales, denuncia que “están sacando gratis” los recursos del Mar Argentino. Días atrás, en el marco de la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), insistió en que mientras otras industrias, como la petrolera, deben pagar regalías elevadas, el sector pesquero tiene un régimen de apenas el 0,15% lo que calificó como “un escándalo”. Insiste el funcionario con esas cifras, mientras desde las distintas cámaras empresariales tildan de falaces sus argumentos. 

“En Mendoza, si sacás petróleo, pagás una regalía del 156%. Los pesqueros pagan 0,15%”, dijo, y añadió que “es el recurso natural de todos los argentinos. Lo sacan gratis, lo bajan en el puerto, se nos matan de risa y se lo llevan”, añadió. Durante su intervención, Sturzenegger también dio detalles de los frustrados intentos por reformar el régimen de pesca que actualmente se basa en las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), explotadas por las empresas durante 15 años. Y admitió -¿tendrá relación directa con las denuncias sobre pedidos de coimas?- que su propuesta para licitar las cuotas de pesca fue rechazada por sectores dentro del propio gobierno con los que tuvo “fuertes diferencias”. No obstante, enfatizó que gracias a su insistencia se logró aumentar la tasa del 0,15% al 2,5%, pero reconoció que “aún queda mucho por hacer para regularizar y transparentar el sector”.

El exintendente y actual diputado provincial Gustavo Pulti, quien a la vez es presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, viene siguiendo de cerca este delicado tema. Luego de presentarse ante la Cancillería, la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, en el marco de la ley de acceso a la información, acaba de promover un pedido de informes en la legislatura bonaerense dirigido al gobierno nacional. “Vamos a pedir el apoyo de todas las bancadas ya que no se debe minimizar ni encubrir si hubo corrupción y funcionarios que pretenden enriquecerse ilícitamente con recursos estratégicos de la Nación”, dijo, y añadió que también se pedirá al Gobierno nacional que ratifique o rectifique si hay una denuncia en la embajada de Estados Unidos.

El pedido de informes presentado en la Legislatura se dirige a la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía de la Nación y la Cancillería para que comuniquen sobre las denuncias de corrupción realizadas por diferentes medios contra agentes del Gobierno Nacional y vinculadas a la renovación de las “cuotas de pesca” correspondientes al Régimen General de Cuotas Individuales y Transferibles de Captura, cuyo vencimiento opera el 31/12/2024. “Las denuncias son gravísimas, y el silencio del gobierno nacional, que no refuta a los medios y tampoco da explicaciones, encubre lo que sucedió. Queremos saber quién pidió las coimas y si se ratifica o se rectifica que hay una denuncia en la Embajada de Estados Unidos”, agregó el diputado provincial, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca.

La iniciativa presentada por el diputado Pulti solicita que se informe “cuáles han sido las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las cuotas, qué funcionarios han sido designados para intervenir y llevar adelante el proceso de renovación de las CITC en curso y si se ha tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno nacional”. También requiere que informen “cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”. El exintendente remarcó que “es una responsabilidad de la Cámara de Diputados preguntar sobre la transparencia y legalidad de una decisión que afecta el trabajo de más de 60.000 bonaerenses, marplatenses y muchos otros argentinos y argentinas”. Y finalizó afirmando que “el Gobierno nacional tiene que dar explicaciones, de otra forma está encubriendo la corrupción”.