LA PLATA (Corresponsal).- La semana pasada, un informe oficial aseguró que las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fueron 6.348. La cifra fue difundida por Ciudadanos Libres, la ONG que había solicitado el informe ante el Ministerio de Justicia de la Nación.

Para el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Canton, en cambio, “los desaparecidos son 30 mil y eso, lamentablemente, hoy en día hay que explicarlo“.

“Todos los países del mundo que sufrieron experiencias como la de Argentina muestran claramente que las cifras oficiales han sido en general inferiores a las cifras reales”, dijo Canton a LA CAPITAL, y agregó que esto se debe a que “la gente tiene miedo de denunciar en el momento de los hechos”.

“Hace 10 años desapareció Jorge Julio López, o sea que denunciar, al menos hasta hace 10 años, tuvo consecuencias”, ejemplificó.

Canton -que durante 11 años fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- consideró además que “el Estado, al momento de discutir estos temas, tiene que tener en cuenta a aquellas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron más cerca de las víctimas y que mayor conocimiento tenían de esa realidad. Y si ellos plantean que son 30 mil, son 30 mil”. “Nuestra responsabilidad como Estado es ayudar en la búsqueda de la verdad, no discutir lo que la sociedad civil que estuvo cercana a los hechos sostiene”, señaló el funcionario bonaerense.

Y remarcó: “Cuando hablamos de los desaparecidos y las torturas no estamos hablando del pasado, de los ?70; estamos hablando del futuro de un país”.

– ¿Cuáles son los demás desafíos en materia de derechos humanos?

– Los desafíos pendientes son enormes, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires: desde derechos civiles y políticos hasta derechos económicos, sociales y culturales. En la provincia de Buenos Aires no había una voluntad política fuerte del gobernador anterior para avanzar en la defensa y protección de los derechos humanos, el trabajo de esta Secretaría no había sido muy efectivo. La gobernadora María Eugenia Vidal, en cambio, planteó en la primera reunión que éste sería un tema central de su gobierno y me ha dado mucha libertad para trabajar.

– ¿Cuál es la principal violación a los derechos humanos en la Provincia?

– La violencia de género. El año pasado hubo 100 mujeres asesinadas sólo por ser mujeres: fueron femicidios. Y debajo hay miles y miles que son golpeadas diariamente. Desde el Estado tenemos la obligación de buscar mecanismos para reducir y erradicar la violencia de género.

– ¿Con qué acciones concretas?

– En primer lugar, se está avanzando en todo lo relacionado con los refugios, dando recursos a distintos municipios. Sólo 2 refugios de la Provincia son de la Gobernación y cuando llegamos ninguno estaba funcionando. Ahora estamos camino a recuperar uno que estaba destruido; en el otro hay un problema legal que estamos resolviendo. Luego hay varios refugios que son de ONG, del Gobierno nacional o de la Iglesia. La idea de la gobernadora es ampliarlos y llegar a 50 en un plazo de 4 años y al mismo tiempo crear una red de refugios, es decir que exista cierto consenso y un protocolo de trabajo en común. También estamos a punto de poner en funcionamiento en el partido de San Martín el sistema de pulseras (para que los acusados de agredir a sus parejas no puedan acercarse a ellas). Además junto a Provincia Net tenemos un nuevo sistema de llamadas a la línea 144. Hay que transformar una cultura machista que facilita, permite y alimenta la violencia de género, y para eso hay que capacitar a todos los sectores del Estado y de la sociedad.

– ¿Qué evaluación hace de las cárceles de la provincia?

– Desde la CIDH me ha tocado recorrer las cárceles de toda América latina y las de la provincia de Buenos Aires están entre las peores, junto a algunas de Brasil y Venezuela. Esas cárceles no cumplen la función que deben cumplir, que es -más allá del cumplimiento de la condena- la rehabilitación de la persona para evitar que vuelva a delinquir. Desde que asumí llevamos más de 100 visitas sorpresa en varias cárceles de la provincia: hay hacinamiento y sobrepoblación, muy por encima de los estándares aceptados internacionalmente. El nivel de desidia que ha habido por parte de los gobiernos anteriores es impresionante. Al mismo tiempo se empujó una política criminal que aumentó como nunca antes en la historia la cantidad de personas detenidas y que no tuvo ningún impacto en la seguridad, por el contrario. En ese sentido, más allá de las urgencias que estamos resolviendo en este momento y que está llevando adelante el ministro de Justicia Gustavo Ferrari, también tiene que haber una discusión más a largo plazo con distintos sectores del Estado con respecto a cuál tiene que ser la política criminal de la Gobernación.

– ¿Cómo se puede reducir el nivel de reincidencia?

– Con capacitaciones. Las estadísticas son muy claras: cuando hay capacitación en las cárceles el nivel de reincidencia se reduce drásticamente. Hay estudios que demuestran una reducción del 65% a un 10% de reincidencia. Las personas no se van a morir en una cárcel, van a salir en libertad en algún momento y esas personas se tienen que integrar a la sociedad.