Los defensores del pueblo de General Pueyrredon manifestaron su profunda preocupación por el reclamo presentado ante esta Defensoría por numerosas entidades de bien público, ONG, clubes sociales y deportivos, centros de jubilados, sociedades de fomento, ONG que tratan con adicciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad a raíz del enorme incremento de las tarifas de luz y gas que están poniendo en grave riesgo la continuidad del funcionamiento de las instituciones.

Motiva la preocupación el insustituible rol que “cumplen las entidades, que en la mayoría de los casos suplen la falta de accionar del Estado, en un momento de crisis económica y social que las lleva a constituir un colchón de contención social para los más perjudicados por las políticas económicas”, señalaron los defensores.

Agregan que “el enorme incremento de las tarifas pone en dificultades a quienes con voluntad y solidaridad trabajan por el bien común y ponen de su bolsillo, muchas veces para poder brindar contención social a niños/as, adolescentes, personas con discapacidad, jubilados/as y vecinos con necesidades insatisfechas”. Mencionan que en diciembre de 2015 se puso en vigencia la Ley nacional 27218 de Tarifa de Entidades de Bien Público, que “obliga a las mismas a inscribirse en un registro nacional para poder acogerse a la nueva tarifa. Aunque la misma puede ser un importante beneficio para las instituciones el trámite es engorroso y demora mucho tiempo”.

Sin respuestas

Considera esta Defensoría que además “es insuficiente dada la grave situación de las reclamantes”. Reunidos los defensores Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel Barragán con las gerencias de Camuzzi y EDEA, llegaron a la conclusión de que “es imprescindible que además de favorecer el acceso a la Tarifa de Entidades de Bien Público las prestadoras privadas deben aceptar una rebaja de las tarifas adicional para instituciones de probada actividad en el bien común de la ciudad”.

Las empresas argumentan estar reguladas en sus tarifas, motivo por el cual la Defensoría les reclama a Camuzzi y EDEA “responsabilidad social empresaria y solidaridad, para que sus enormes ganancias garantizadas por un Estado que las ha beneficiado extraordinariamente en estos años les permitan facilitar la continuidad de instituciones insustituibles de la sociedad de Mar del Plata y Batán. Es hora de que estas empresas monopólicas, con negocio garantizado sin riesgos aporten a la salud de nuestras ciudades. Serán responsables si una sola entidad cierra sus puertas”.