por Alberto Galeano

Los tuertos que deja la represión en Chile, a los que se suman los muertos tras el golpe de Estado en Bolivia y un estudiante fallecido en Colombia, marcan el inicio de una nueva era en la represión de América Latina, caracterizada una vez más por el salvajismo del Estado.

Salvo algunas diferencias, la violencia de estos días se parece a muchas de las represiones de las décadas del 70 y del 80 del siglo pasado, ocurridas bajo furiosas dictaduras militares.

Tal vez la gran distancia que existe entre esta época y la mencionada anteriormente, es que en la actualidad todo está sucediendo con gobiernos en los que existe la división de poderes del Estado, aunque en el caso de Bolivia hubo una manifiesta alteración del orden constitucional.

En las calles de Santiago, la violencia llegó a niveles que no se registraban dese el retorno a la democracia en 1990. “Lo que está sucediendo en Chile me asusta”, dijo el papa Francisco.

No es la primera vez que el sumo pontífice se refiere a una crisis social en América Latina. Sin embargo sus palabras difieren por su severidad de otros juicios emitidos sobre la región, ya que el estallido social que empezó hace seis semanas en dicho país trasandino causó la muerte de por lo menos 26 personas, cinco de ellas por la participación de agentes del Estado,

A este cuadro se suman 2.800 heridos, incluidos unas 300 que resultaron con trauma ocular severo, señalaron fuentes del Colegio Médico de Santiago.

“Hay cientos de informes preocupantes sobre el uso excesivo de la fuerza en las calles y el abuso de los detenidos, incluidos las brutales palizas y el abuso sexual, que deben investigarse de manera rápida y exhaustiva para garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia”, dijo a la prensa el director de Human Right Watch (HRW), Jose Vivanco.

HRW, con sede en Washington, denunció que los cartuchos de gases lacrimógenos se lanzan directamente contra el cuerpo de los manifestantes.

Bolivia es otra página trágica de estos días. El presidente Evo Morales renunció a su cargo después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) estimara que durante la primera vuelta (que ganó el candidato del Movimiento Al Socialista (MAS), se cometieron “graves irregularidades” que obligaron a anular los comicios.

Morales denunció un golpe de Estado y obtuvo asilo político en México.

Sin embargo, tras la toma de posesión de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, se desató una campaña de represión y de revanchismo contra los seguidores del MAS, que dejó más de 35 muertos.

En una polémica decisión, Áñez les garantizó inmunidad penal a las fuerzas de seguridad por cualquier acción tomada en defensa del orden público, pero luego dejó sin efecto esta medida ante las protestas de la oposición.

Incluso condecoró a varios militares de alta jerarquía por su desempeño en la represión, a pesar de que HRW y Amnistía Internacional (AI) denunciaron maniobras abusivas.

Para el abogado Ramiro Orias, el enfoque de la situación boliviana debe contemplar, entre otros puntos, “la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza armada, por parte de las instituciones de seguridad pública”.

Al ser consultado por Télam, el letrado boliviano reivindicó también “el derecho legítimo a la protesta ciudadana y la movilización pacífica frente al fraude electoral, el abuso de poder y el autoritarismo” que, a su juicio, ejercía el gobierno del ex presidente Morales.

Colombia es otra punta de este estallido social: en las principales ciudades de ese país varios sindicatos y estudiantes marcharon para exigir un cambio en la política económica del gobierno del conservador Iván Duque.

El 25 de noviembre, el joven Di Cruz, de 18 años, murió al recibir una “bomba aturdidora” durante una protesta en Bogotá. Ese mismo día, la víctima fatal debía haber recibido su título de bachiler.

Las municiones “Bean Bag”, usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía de Colombia, son la misma que utilizan los Carabineros de Chile.

La ONU dice que este tipo de armas (que concentra una gran cantidad de perdigones) debe ser disparada directamente contra el abdomen o las piernas de un individuo, para no ocasionarle lesiones más graves.

Si en otros tiempos se creía que el poder de los militares había muerto para siempre en América Latina, hoy la realidad parece demostrar lo contrario, como en el caso de Bolivia y también en la represión de Chile.

Lamentablemente, estos ejemplos podrían repetirse en otros países de la región, donde los militares siguen teniendo una influencia considerable.

Télam.