A partir del lunes, si es definido el nombre del próximo presidente, se reunirán los principales referentes de la coalición gobernante en Mar del Plata a fin de delimitar consensos básicos para la segunda gestión de Guillermo Montenegro, al frente de la comuna, incluyendo algunos cambios que se producirán en el gabinete municipal. Así, Montenegro y sus colaboradores más estrechos del PRO por un lado, y el radical y senador nacional electo Maxi Abad por el otro, compartirán conversaciones y comenzarán a definir la semana próxima algunos aspectos “importantes” de la nueva etapa de gobierno. El hermetismo, en ambos sectores, es total cuando se intenta obtener alguna precisión especialmente sobre el próximo gabinete -“no empiecen a tirar nombres sin asidero”, coinciden en recomendar-, no obstante lo cual surgen algunos indicios. “Quiero funcionarios que funcionen”, aseveró el intendente la misma noche de su triunfo.

Montenegro no hará numerosos cambios en su equipo, pero sí buscará “refrescar” su gabinete. Se esperan entonces nuevos secretarios en solo un puñado de dependencias -la de Gobierno, hoy a cargo de Santiago Bonifatti, sería la más destacada al tiempo que también se menciona al Emder y al Emsur-, y también se analiza la posibilidad de eliminar algunos puestos, cargos y dependencias en el marco de la reducción de la actual planta política. Además, no se descarta la fusión de alguna secretaría con algún ente. Por otra parte, las miradas también apuntan a la Defensoría del Pueblo. Hoy General Pueyrredon cuenta con tres Defensores del Pueblo. La idea, trascendió, es que haya un solo Defensor del Pueblo, algo en lo que habría también coincidencias generalizadas entre las fuerzas que conforman el Concejo Deliberante. “No tiene sentido tener tres Defensores del Pueblo. Con uno, como sucede en la mayoría de las comunas, alcanza”, insisten desde el Ejecutivo. Cabe recordar que el Concejo Deliberante prorrogó recientemente por medio año los mandatos de los tres defensores -Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón- hasta el 14 de mayo de 2024.

En tanto, deberá definirse si Vilma Baragiola continúa en su cargo como secretaria de Desarrollo Social o asume como concejal, cargo para el cual fue electa en los recientes comicios. Todo parece indicar que la radical continuará cumpliendo tareas en el Ejecutivo Municipal en el equipo de Montenegro. “Tiene aceitadas las relaciones con las organizaciones sociales, conoce el paño como pocos y tiene experiencia en la gestión. No hay motivos como para refrescar o modificar nada en esa dependencia”, reconocía un funcionario municipal. En teoría, en lugar de Vilma Baragiola debería asumir como concejal la candidata en sexto término (Juntos ganó cinco bancas), que es la actual consejera escolar del PRO, Mónica Lence. En tal sentido, siempre de acuerdo a versiones que circulan en el Palacio Municipal, Lence continuaría en su actual cargo, aunque como presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, donde tuvo una destacada actuación durante la gestión anterior. Así las cosas, con Baragiola en Desarrollo Social y Lence en el Consejo Escolar, se abre espacio para la asunción como concejal de quien iba en el séptimo lugar en la lista. Se trata del vicepresidente del Emder, Ricardo Miguel Liceaga Viñas, radical quien finalmente se sumará a la bancada oficialista a partir del próximo 10 de diciembre. En otro aspecto, tampoco se descarta que el actual concejal y ex secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, vuelva a desempeñarse en el Ejecutivo.

Lo que seguramente también se comenzará a delinear será la estrategia del oficialismo en el Concejo Deliberante, a partir de la obtención de la mayoría. Entre las cuestiones más importantes a definir por el nuevo Concejo Deliberante aparece la designación -más que demorada- de los nuevos jueces de Falta. “Si algún abogado de la oposición se venía probando el traje para alguno de esos cargos vacantes, lamentablemente habrá que decirle que deberá esperar un tiempo más. Con la mayoría, ya no es necesario negociar o regalarle un juzgado de Faltas a nadie”, definía con honestidad brutal una de las espadas de Montenegro en el cuerpo deliberativo.

Como se señalara en este medio, la implementación del sistema de fotomultas -en el último año ya se labraron más de 70.000 actas de infracción- obliga a darle mayor volumen a la Justicia Municipal de Faltas que tiene dos juzgados vacantes desde 2018, cuando se jubilaron María Castelao y Carmen Maffioni, quienes eran titulares de los juzgados N°2 y N°5, respectivamente. José Luis Oteiza, Pedro López Martucci y Fernando Mumare conducen hoy los Juzgados N°1, N°3 y N°4. Ante las vacantes todavía sin completar, los magistrados se desempeñan también como subrogantes para sostener la operatividad. Esto es motivo de reclamos de parte de los contribuyentes por las largas filas en la sede de Garay 3136. A mediados de 2022, se había barajado la posibilidad de que Montenegro enviara al Concejo -que debe convalidar los nombramientos- las ternas para los dos juzgados, pero finalmente no se concretó. Tampoco hubo novedades sobre la creación de un sexto juzgado; una iniciativa que impulsó Arroyo durante su gestión y que no logró sortear el filtro del Legislativo. “Antes de marzo estarán designados dos nuevos jueces de Faltas”, adelantó un concejal del riñón del PRO.

Hay situaciones que cuestan entender. Acciones que solo pueden generar reacciones de sorpresa en primer lugar y de repudio en forma inmediata. Tal lo sucedido con la directora de la Casa del Puente, Magalí Marazzo, quien registró a su nombre la marca y el logo del inmueble. Insólito. En lugar de ejecutar esa acción en nombre de la comuna decidió hacerlo a nivel personal, esgrimiendo justificativos poco serios. Este miércoles el intendente le pidió la renuncia a su cargo político -que vencía el próximo 31 de diciembre- de directora general a cargo de la Casa del Puente. Seguirá siendo empleada municipal (pertenece a la planta) aunque no se descarta que se le abra un sumario administrativo. “Mi intención es resguardar la casa, porque nadie la patentó. Podría haber hecho un negocio con esto y no lo hice”, reveló. Marazzo es una enamorada de la Casa sobre el Arroyo, en la que viene trabajando intensamente desde hace años. Gracias a su gestión y a la buena relación que mantiene con el presidente Alberto Fernández, logró fondos y obras para poner en valor a esa joya de la arquitectura mundial. De hecho, en reiteradas oportunidades se lamentó por la poca colaboración que recibía por parte de las autoridades municipales para poder desarrollar exitosamente su tarea. Pero de ahí a sentirse la propietaria de ese bien -claro está- hay una gran distancia.

En la Municipalidad, tras la sorpresa por la decisión de Marazzo, reaccionaron este miércoles señalando que ya comenzaron a trabajar para recuperar la marca de la Casa del Puente anotada por la funcionaria ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. “Una opción -indicaron fuentes municipales- es que Marazzo la entregue voluntariamente. De lo contrario, se buscarán otros caminos”, avisaron. Marazzo, cabe recordarlo, era hasta este miércoles directora en el Ente de Cultura y Turismo de la municipalidad, y vocal de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos. Ante su decisión, el concejal opositor Alejandro Carrancio -diputado provincial electo por La Libertad Avanza- presentó un proyecto en el Concejo Deliberante, pidiendo explicaciones y resaltando que “sorprende que de haberse realizado ese trámite, se proceda a nombre de un empleado municipal y no del municipio”.

La marca Casa sobre el Arroyo se presentó a registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para reivindicar la titularidad de los derechos exclusivos sobre esa denominación por parte de Magalí Marazzo el pasado 12 de octubre, en cinco categorías. El plazo de oposiciones vence este viernes 18 de noviembre y no cabe otra acción por parte del Estado que oponerse a la pretensión registral de la solicitante a la par de intimarla para que realice la cesión de los derechos marcarios a favor del Estado. Por su parte, el INPI podría denegar las solicitudes y archivar las actuaciones, explicó el abogado Adrián Luis Alveolite, magíster en Derecho Empresarial (Universidad Austral), diplomado y especialista en Propiedad Intelectual (Universidad Austral, Universidad Nacional del Nordeste y Universidad de Panamá) y miembro de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. Presentada la solicitud el 18 de octubre, se detalló, corre el plazo para que los terceros con interés legítimo puedan ejercer su derecho de defensa presentando solo dentro de los 30 días corridos desde la publicación una oposición a las solicitudes presentadas que puedan representar por parte del solicitante mala fe, desvió de los intereses del Estado Municipal, Provincial y Nacional, degradación de marca y cualquier conducta parasitaria por parte del solicitante vulnerando los derechos, en este caso, del Estado en representación de todos sus ciudadanos y de la familia Amancio Williams, entre otras personas humanas y jurídica.

En ese contexto, Alveolite sostuvo que el plazo para ejercer el primer y más importante acto de defensa vence este viernes 17 de noviembre de 2023 y no es prorrogable. Vencido dicho plazo, al Estado o los particulares solo les cabe la posibilidad de formalizar un llamado de atención que no suspende el trámite de concesión de una marca ni resulta vinculante para el examinador de fondo del INPI. “Es indudable -dijo el exfuncionario municipal- que el Estado debe no solo oponerse, sino también intimar fehacientemente a la solicitante a realizar en forma inmediata y perentoriamente la cesión de los derechos marcarios correspondientes a las diez (10) presentaciones de marca que realizó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como organismo de aplicación de la Ley Nacional 22.362”, lo cual se cristalizaría en un encuentro previsto para la mañana de este jueves en la comuna. Y añadió que si bien los actos de defensa son necesarios que sean ejecutados por el municipio, es importante mencionar que el art. 3, inc. f, de la Ley 22.362 establece expresamente que no pueden ser registrados como marcas: “f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias…”.

En consecuencia, sostuvo el especialista, resultaría ajustado a los principios de legalidad que pasados los 30 días sin que se registraran oposiciones y mediando la continuidad del trámite registral, analizado que sea por parte del examinador marcario del INPI cada solicitud, la misma sea denegada por tratarse de una denominación cuya titularidad debe pertenecer al dominio público del Estado y no puede bajo ningún concepto ser pretendida por un particular. No obstante, las evaluaciones del INPI muchas veces pueden ser discutidas y por ello resulta necesario que el Estado haga cesar inmediatamente la pretensión de la solicitante haciendo uso de las herramientas legales que la ley confiere, remarcó. También resulta importante destacar que el art. 24 de la citada ley nacional de marcas y designaciones estipula que son nulas las marcas registradas: “a) En contravención a lo dispuesto en esta ley; y b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero”.

“En todos los casos -insistió Alveolite- la mala fe de la solicitante es tan evidente que solo la desaprensiva mirada inexperta de un particular que no cuenta con capacitación específica en esta materia podría hacer pensar que pudiera culminar este proceso registral con éxito ya que, su solicitud, estaría también viciada de nulidad toda vez que la requirente obviamente tenía conocimiento que no podía reivindicar para sí en forma exclusiva los derechos de propiedad de dos denominaciones que resultan ya patrimonio de la humanidad o al menos de todos los argentinos”. Además, el abogado enfatizó que estas acciones desplegadas por Marazzo “obedecieron a un error en la pretensión de poner a resguardo el nombre de un ícono de la arquitectura internacional y de un bien inmueble que, fruto del esfuerzo y decisión política del exintendente Gustavo Pulti en su momento y luego de todo el arco político nacional, provincial y municipal, ONG, etcétera, logró dicha propiedad ponerse a resguardo para siempre al ser incorporada como bien propio al patrimonio de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon”.

Finalmente, Alveolite insistió en puntualizar que siendo Magalí Marazzo directora de dicha casa, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Gestores Culturales Universitarios, integrante de la Comisión Nacional de Monumentos, lugares y bienes históricos, etcétera, “solo cabe aducir un error”, ya que pensar de otra manera “implicaría hacerla pasible con su conducta de la presunta comisión de delitos de acción pública y merecedora del reproche social, político y general unánime. En consecuencia, dijo, habiendo tomado estado público este “aberrante, descuidado y desubicado hecho”, solo cabe esperar del Estado municipal “la defensa a ultranza del patrimonio intangible de todos sus habitantes realizando la presentación de oposición a los registros presentados”, de la solicitante que “recapacite, asuma su error, pida disculpas públicas y realice de forma inminente la cesión de los derechos marcarios en las cinco clases de cada una de las denominaciones solicitadas a favor del Estado Municipal” y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que proceda, preventivamente “a correr vista administrativa a la solicitante para que aclare la pretensión o reconduzca los procesos previo a denegar las solicitudes a su nombre y archivar cada una de las presentaciones realizadas por la requirente”. Finalmente, al cierre de esta columna pudo saberse que la Contaduría municipal, por pedido de la Subsecretaria Legal y Técnica registró la solicitud del gasto por la suma de $70.720 para proceder al pago de las tasas para presentar las 10 oposiciones ante el registro realizado por Marazzo.

¿Qué pasaría si hay empate técnico entre Sergio Massa y Javier Milei en el balotaje del domingo próximo? Sergio Massa y Javier Milei se disputan voto a voto el balotaje. Pero si la diferencia es muy acotada, habrá que esperar al escrutinio definitivo. ¿Cuán ajustado puede ser el resultado del balotaje del domingo? El interrogante comenzó esta semana a generar incomodidad no solo en los comandos de campaña de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, sino también en la Cámara Nacional Electoral. Es que si la diferencia entre Sergio Massa y Javier Milei, cualquiera que sea el ganador en el escrutinio provisorio, es inferior a 400 mil votos, el próximo Presidente de la Nación se conocería recién con el escrutinio definitivo, señala un artículo publicado en Ámbito Financiero por Ezequiel Rudman.

Se consigna que el escrutinio definitivo es el único con validez legal para consagrar al ganador del balotaje del próximo domingo. Ese procedimiento de apertura de todas las urnas para el recuento de votos inicia a las 48 horas de finalizado el escrutinio provisorio. Es decir, el martes 21 a las 18 y puede demorar de una semana a 10 días. Que no haya un ganador formal es el peor resultado que podría surgir del balotaje, tanto en el plano político como en un escenario de inestabilidad económica. Si bien la mayoría de las encuestas coinciden en que existe un virtual empate entre Sergio Massa y Javier Milei, la diferencia entre ambos asoma tan ajustada que convendría comenzar a hablar de diferencia de votos más que de distancias porcentuales. En el escrutinio provisorio de las generales del 22 de octubre, el Poder Ejecutivo Nacional llegó a escrutar el 98,5% de las mesas de todo el país. Si ese escenario se repite en el balotaje y el próximo domingo quedara sin escrutar el 1,5% de las mesas, que en octubre representó unos 400 mil votos sin contar, para saber quién será el ganador debería existir una distancia superior a esa cantidad de sufragios entre Massa y Milei.

Más adelante, en el artículo de Ámbito se consigna que si el próximo domingo el escrutinio provisorio llega al 99% de los votos, solo restaría definir en el definitivo unos 270 mil sufragios. Si se repite el nivel de participación y el provisorio quedara en 98,5%, quedarían 400 mil votos aún pendientes de definición para el conteo definitivo. Todo dependerá de cuán ajustado sea el resultado, de la participación electoral y de hasta dónde llega el escrutinio provisorio. Si la diferencia entre Massa y Milei es más grande que esa cantidad de votos sin contar, habrá un claro ganador. De lo contrario, habrá que esperar al escrutinio definitivo que demoraría entre una semana y 10 días para conocer al nuevo Presidente de la Nación. “El escenario no sería alarmante si no fuese por las denuncias de fraude e irregularidades que vienen instalando desde La Libertad Avanza para cuestionar el resultado electoral, incluido el incumplimiento en el reparto de la cantidad de boletas por mesa que aconseja la Cámara Nacional Electora”, se apunta.

¿Puede el escrutinio definitivo modificar el resultado del escrutinio provisional? Sí. En tal sentido, Rudman recordó que ello ocurrió en las elecciones 2017 en la categoría de senadores cuando Cristina Fernández de Kirchner dio vuelta el resultado del provisorio de las PASO en la provincia de Buenos Aires con una ventaja de apenas 20.324 votos por encima de Esteban Bullrich. El fenómeno se replicó este año con los senadores nacionales de San Juan. El escrutinio definitivo de las generales de octubre dio vuelta el resultado y le otorgó al PJ de Sergio Uñac los dos senadores por la mayoría que en el provisorio habían sido asignados a La Libertad Avanza.

A la vez, tanto desde la Cámara Nacional Electoral como en el comando de campaña de UP y LLA consideran factible este escenario. Que no haya ganador el domingo y que la ciudadanía deba aguardar al escrutinio definitivo. Es decir, entre una semana y 10 días sin definición del resultado hasta que se recuenten los votos. Todo depende, ya no de porcentajes, sino de la cantidad de votos que separen a Massa de Milei. Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral, reveló que “lo usual es que se cuenten entre el 97 y el 99% de las mesas. En la mayoría de las oportunidades esos números son sobradas muestras de resultados pero hay que tener en cuenta que ese 1 o 2 % sin cargar son 1.000 o 2.000 mesas, o sea, faltan registrar 280.000 o 560.000 votos respectivamente”, consignó el experto en materia electoral.