Al haber desistido de su intento de imponer el cobro de tasas sobre las exportaciones y de implementar una quita generalizada de exenciones tributarias, la gestión del intendente Carlos Arroyo finalmente logrará que el Concejo Deliberante comience a tratar el presupuesto municipal de 2018.

La decisión del Departamento Ejecutivo de dar marcha atrás con algunas de esas controvertidas medidas quedó reflejada en los nuevos proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva, que tras un extenso proceso de corrección, fueron presentados en la tarde de este miércoles.

En ambos textos ya no figura la pretensión de exigir que las empresas locales dedicadas a la exportación comiencen a pagar la Tasa de Seguridad e Higiene sobre las ventas que realicen al exterior, lo que había generado un fuerte rechazo en varios sectores productivos, en especial en la industria pesquera.

Tampoco aparece la propuesta de reclamarle el pago de ese mismo tributo a la “actividad primaria”, lo que había provocado duras críticas de parte de los productores frutihortícolas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA CAPITAL, al eliminar estas dos propuestas, la Municipalidad renunciaría a percibir unos 70 millones de pesos extras durante este año.

Por esa razón, el gobierno local también debió renunciar a su idea de modificar las escalas de la Tasa de Seguridad e Higiene, para disminuir así las alícuotas que se aplican sobre los contribuyentes más pequeños.

“Lamentablemente no vamos a poder financiar la idea de disminuir la presión tributaria sobre las industrias y los comercios más chicos de Mar del Plata y Batán”, se lamentó ayer una fuente del Ejecutivo. “Si embargo en un futuro vamos a insistir”, aseguró.

Además de dejar sin efecto la intención de gravar a las exportaciones y a la actividad primaria, la gestión de Arroyo también acotó los alcances de su propuesta de eliminar las exenciones tributarias concedidas a distintas actividades económicas e instituciones locales.

A diferencia de lo que se establecía en la iniciativa original, el nuevo proyecto de la ordenanza fiscal mantiene algunos de esos beneficios para los cines y teatros; la industria editorial, los medios de comunicación, los profesionales independientes o las empresas radicadas en el Parque Industrial.

No obstante en su última propuesta el Ejecutivo ratificó su voluntad de retirarles esas ventajas a los martilleros, las entidades sindicales y los complejos turísticos con fines recreativos, entre otros sectores.

Originalmente el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, había calculado que gracias a la quita de las exenciones, el municipio podría recaudar durante este año unos 60 millones adicionales. Ahora, tras haber tenido que dar marcha atrás parcialmente con esa medida, la cifra se vería reducida a unos 15 millones de pesos anuales.

La controversia desatada por las propuestas recaudatorias impulsadas por Mourelle provocó que el tratamiento del presupuesto municipal de 2018 sufriera una inusual postergación.

El proyecto fue elevado en noviembre del año pasado, pero en ese momento los concejales resolvieron devolvérselo al Ejecutivo reclamando también la presentación de la ordenanza complementaria, que es la que entre otras cosas, determina las remuneraciones del personal municipal.

Semanas más tarde el gobierno volvió a presentar el presupuesto, sin la ordenanza complementaria y sin hacer cambios en sus propuestas fiscales.

Frente al rechazo que se generó la idea de eliminar las exenciones y de gravar las exportaciones, en el mes de febrero la gestión de Arroyo resolvió retirar los proyectos del Concejo, para dar comienzo con un arduo proceso de “corrección”.

Paradójicamente, la resistencia más fuerte provino de algunos concejales de Cambiemos quienes manifestaron abiertamente su negativa a avalar buena parte de las medidas propuestas.

Ahora se espera que una vez concretados algunos de los cambios, la comisión de Hacienda habilite el tratamiento del presupuesto con la consigna de aprobarlo antes de que concluya este mes.