Estoy presentando en la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley que establece, entre otras pautas, que cuando a los bienes y espacios públicos del Estado provincial se le quiera imponer el nombre de una persona física deberán haber transcurrido al menos diez años desde el fallecimiento de la misma.

También proponemos un plazo de 180 días dentro del cual se revisarán los nombres impuestos en violación a dichos plazos.

Las imposiciones de nombres a bienes públicos tomadas por gobernantes en el poder mediante las cuales se homenajean a sí mismos constituyen una de las más visibles expresiones de lo que se conoce como “culto a la personalidad”, grave desviación de la democracia republicana, único sistema político que garantiza el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos.

Es así que al promover la adoración casi religiosa de líderes políticos se fomenta la idea antidemocrática según la cual los derechos y libertades individuales no son resultado de un sistema político jurídico que los reconoce sino obra y gracia de la concesión benévola de un líder todopoderoso y mesiánico.

Esta idea, lejos de ser inocua, resulta especialmente perniciosa en cuanto erige al líder en cuestión en intérprete final de la voluntad del pueblo, carácter en el cual sus decisiones no pueden ser cuestionadas so pena de cuestionar al pueblo mismo, concepción que inevitablemente conduce al desprecio, o a la supresión misma, de instituciones republicanas básicas como la independencia judicial, la división de poderes, la igualdad ante la ley y alternancia en el poder, entre otras.

En otro nivel, el culto a la personalidad conspira contra la cultura del trabajo, el progreso y la innovación al persuadir a la población que sus conquistas materiales se deben casi exclusivamente a la infinita generosidad del líder, razón más que suficiente para defenderlo con todo ahínco y aunque para ello haya que renunciar a la racionalidad.

En este sentido es público y notorio que existen infinidad de espacios públicos a los que se les ha impuesto el nombre del ex presidente Néstor Kirchner, en muchos casos por exigencia de su cónyuge supérstite y sucesora en la primera magistratura de la Nación en momentos en que se encontraba desempeñando la misma, y en no pocos casos como derivación de un inverosímil torneo de obsecuencia desatado entre dirigentes partidarios.

Sólo una semana después de su fallecimiento comenzó la oleada de denominaciones, que terminó incluyendo todo tipo de espacios públicos, empezando por escuelas, hospitales, plazas, monumentos, centros culturales, estadios, puentes y llegando incluso a canódromos, comisarías, torneos deportivos o gasoductos, tanto en nuestro país como en el exterior.

Estas designaciones, tomadas por gobiernos que excitan las pasiones de la población, resultan de suma gravedad en la medida que acentúan las divisiones sociales en nuestra comunidad entre aquellos compatriotas que simpatizan con el líder en cuestión y aquellos que lo rechazan, en ambos con intenso e idéntico fervor.

En esa dirección el proyecto procura un mayor consenso al momento de resolver sobre designaciones de espacios y bienes públicos en la medida que el curso de los años aplaca las emociones y facilita un análisis más templado.

Se evita también con el proyecto que funcionarios electos por el pueblo –gobernadores, intendentes, legisladores, concejales- sean presionados para consentir denominaciones con las que no coinciden a fin de acceder a recursos públicos para su gestión.

Adicionalmente, el transcurso del tiempo permite contar con mayores elementos fácticos de análisis, algo que puede apreciarse en la actualidad claramente en relación al nombrado ex presidente, de quien hoy la mayoría de la población no duda que ha sido autor de numerosos ilícitos penales en perjuicio de la administración pública.

En otras palabras, el proyecto reduce las posibilidades de que en el futuro un corrupto se vea inmortalizado en una escuela o un hospital.

Por lo demás, las designaciones públicas tomadas luego del plazo propuesto en el proyecto, en cuanto son decididas con mayor racionalidad, tendrán mayor aceptación y con ello disminuirá la posibilidad de que se las pretenda modificar, otorgándoles así mayor estabilidad.

En idéntico sentido apunta el plazo propuesto para modificar las designaciones ya existentes y adecuarlas al texto.

El proyecto pretende ser un nuevo aporte para fortalecer la institucionalidad en la gestión pública por sobre las decisiones caudillistas de gobernantes que hacen un culto a la personalidad en detrimento del Estado de Derecho