por Elena Carmelich

La ley Micaela 27.499 promulgada solo hace 8 meses ya muestra resultados.

Esta ley, sancionada en enero de 2019, lleva el nombre de Micaela García, una joven estudiante y militante de 21 años oriunda de Gualeguay asesinada y violada. Esta tragedia fue el puntapié inicial para llamar la atención de la sociedad y de la Cámara de Representantes, quienes resolvieron implementar por ley capacitaciones obligatorias en la temática de genero y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios y funcionarias de los tres poderes del estado nacional.

Hubo consensos para comenzar lo mas rápido posible y el Instituto Nacional de la Mujer está al frente de la implementación y control de su cumplimiento.

En el Poder Ejecutivo la implementación se está llevando adelante en forma de cascada, capacitando primero a formadores en cada organismo. Luego serán ellos los replicadores de los cursos en sus organismos de pertenencia, donde ya suman 160. La capacitación consiste en recorrer y entender la legislación vigente, recursos prácticos de cómo actuar ante situaciones de violencia de género y contenidos específicos en la materia.

Por su parte, el INAP (Instituo Nacional de la Administración Pública) también colabora en este abordaje brindando su plataforma on line. Por esos cursos ya pasaron 4.000 agentes de la administración pública. Cabe destacar que si bien no es obligatorio para las empresas de capitales estatales, estas podrían sumarse a la iniciativa y así capacitar y prevenir la violencia de genero.

También están invitados los estados provinciales a adherirse. Hasta ahora nueve lo han hecho, entre ellos las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Salta, Chubut, Neuquén, La Rioja, Jujuy y Córdoba.

Pronto comenzarán las capacitaciones para todo el personal del Poder Legislativo, haciendo especial énfasis en el área de RRHH. Por su parte, el Poder Judicial ya lleva cumplidas 300 capacitaciones a jueces y juezas y más de 38.000 agentes judiciales a lo largo de todo el país. Este último dato no es menor, ya que la Justicia cumple un rol fundamental en detectar con pruebas si un asesinato en realidad fue un femicidio y así lograr que este flagelo hacia las mujeres pare de una vez y para siempre.

Mientras más ciudadanos y funcionarios podamos identificar los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, cómo prevenirlos y a dónde acudir, lograremos entre todas y todos una sociedad más igualitaria y justa.

(*): Subgerente General de Telam, politóloga y miembro del CARI.