Hace un tiempo funcionaba en la cárcel de Batán un lavadero industrial cuyos operarios eran algunos internos que cumplían una serie de requisitos para ser empleados. Una empresa de más allá de los muros se encargaba de explotar ese negocio. Entraba bolsones con ropa blanca de las clínicas y retiraba otros con todo impecable y perfumado. Pero ni en el ingreso había solo ropa sucia ni en el egreso había solo ropa limpia. La Justicia Federal de Mar del Plata imputó a varias personas, entre ellas al titular de la firma y a un ex director del Penal de Batán, por entender que dicha empresa era una asociación ilícita que lavaba dinero, que maltrataba laboralmente a los reclusos, que no tributaba y que ingresaba drogas a la cárcel ocultas en las toallas, sábanas y fundas de almohadas.

La labor investigativa de la fiscal Laura Mazzaferri permitió al juez Santiago Inchausti tomar declaración indagatoria a varias personas, pero por lo pronto solo mantiene detenido a un hombre que durante 16 años fue integrante del Servicio Penitenciario y que se convirtió en el dueño de la firma Asepsia Industrial a partir de sus vínculos.

La increíble, por qué no cinematográfica historia, se inició en el año 2008 cuando, según tiene acreditado la Justicia, las cárceles de Melchor Romero (La Plata) y de Batán celebraron un convenio dentro de un programa llamado Incluirte. Se trata de una herramienta de interés resociabilizador que permitía acceder a explotar el área de lavandería con mano de obra de los mismos reclusos.

En diciembre del año 2017 se rescindieron los contratos con Asepsia Industrial porque el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense advirtieron que no se cumplían con las condiciones mínimas de seguridad para el manejo de ropa blanca sanitaria. Pero el trasfondo era mucho más complejo que ello.

Entonces dejó de funcionar en Batán el lavadero de la cárcel, el cual era abastecido únicamente por los bolsones de ropa blanca de clínicas locales que acercaba la empresa Asepsia. “Se utilizó de manera exclusiva las instalaciones que poseía en ese momento el lugar, por lo que la firma no realizó una inversión de capital propio, proporcional a las ganancias que luego obtendría por realizar servicio de lavado de ropa blanca quirúrgica a clínicas y sanatorios privados”, señaló la investigación.

Increíble

Pero lo más temerario de esta actividad es que, según pudo corroborar la Justicia Federal, la necesaria utilización de vehículos para transportar los bolsones con ropa se transformó en la manera más idónea para ingresar estupefacientes de forma oculta al penal, droga luego comercializada a los internos.

Esa conclusión fue el punto de partida para investigar la maniobra, que era voluminosa, y brindaba un alto rendimiento económico a la firma. Sin obligación de pagar un alquiler acorde al lugar que ocupaba, ni el pago en tiempo y forma del salario de sus empleados – la mayoría detenidos- ni las cargas sociales de los mismos, las ganancias fueron importantes. Para la fiscal Mazzaferri los involucrados evadieron impuestos al utilizar un doble sistema de facturación.

La investigación llegó a un financista por el descuento de cheques de la empresa Asepsia Industrial para obtener así una ganancia propia y al referente de una cooperativa de trabajo que facilitaba el cobro de cheques para evitar a la empresa pagar impuestos.

El principal investigado y único detenido, responsable de la firma Asepsia Industrial, trabajó entre 1990 y 2006 en el Servicio Penitenciario, lo que sin dudas le posibilitó firmar dicho convenio. Sin embargo, su madre era la persona que figuraba en toda la documentación como la responsable.

“Esa pertenencia le habría permitido quedar bajo el amparo de una connivencia por parte de algunos funcionarios que permanecieron en servicio y así poder ingresar a explotar el área de lavandería sin control alguno”.

Días atrás, el 28 de octubre, el juez Inchausti tomó declaración indagatoria a un funcionario del Servicio Penitenciario Bonaerense y a un ex director del penal de Batán, en el marco de una acusación por integrar la asociación ilícita en miras de lavar dinero en forma habitual y organizada, proveniente de infracciones a la ley 23.737 (Estupefacientes) y la ley 27430 (Tributaria), y a la vez en relación a ellos puntualmente, por realizar maniobras tendientes a obstruir y ocultar la actividad ilícita desarrollada por la organización investigada.

Es que se cree que al conocerse que la empresa Asepsia Industrial había comenzada a ser cuestionada hubo maniobras para “borrar” rastros.

En total son siete hombres imputados y solo uno permanece detenido ya que en algunos casos el juez les hizo lugar a las exenciones de prisión, mientras que en otros, que habían sido detenidos, los excarceló aunque fijó importantes montos de fianzas, entre prohibiciones de salida del país y otros aseguramientos procesales.

En estos días le corre el plazo a Inchausti para resolver la situación procesal de todos, es decir, si dispone los procesamientos, la falta de mérito o sobreseimientos.

Por lo pronto las calificaciones legales que la Fiscalía en distintos dictámenes impuso fueron por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero (entre delitos antecedentes el de narcotráfico) e infracciones a la ley penal tributaria, maniobras desplegadas tanto en la cárcel de Batán como de Melchor Romero.