Los conflictos de intereses salpican al entorno más cercano del intendente Carlos Arroyo. La utilización del Estado municipal para beneficiar a empresas familiares quedó plasmada en los últimos tiempos con acuerdos que abarcan cifras millonarias.

El pago de las multas de los marplatenses y el negocio de los préstamos para los empleados municipales ubican nuevamente al Emiliano Giri en el centro de la escena. El empresario integra la mesa chica del intendente y tiene influencia en muchas de sus decisiones. Las empresas de su familia, vinculadas a medios de pagos, se han visto beneficiadas con acuerdos con el municipio.

Las firmas se hicieron del monopolio en el cobro de las multas labradas por la Municipalidad de General Pueyrredon y lograron la exclusividad de los códigos de descuentos para los créditos a los que accedieran empleados municipales, dejando fuera de juego a otras dos financieras y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), según un informe de la revista La Tecla.

A fines de 2017, el Ejecutivo le quitó el código de descuentos al STM y poco después firmó un convenio para habilitárselo a Red de Préstamos S.A. -más conocida como Prestanet-, la empresa de los Giri dedicada al otorgamiento de préstamos de hasta 50 mil pesos.

Además, el municipio dio de baja a las financieras Emfetap y Amigal, con las que tenía vigente un código de descuentos para los créditos obtenidos por personal municipal. De esta manera, eliminó la competencia para Prestanet.

Cobro de créditos

En abril de 2018, el Ejecutivo emitió el decreto 891-18, por el que transparentó el nuevo convenio de cobro de cuotas de créditos personales mediante la retención de liquidación de haberes con Red de Préstamos, conocida como Prestanet. El convenio, firmado por Carlos Arroyo y Jorge Giri (padre de Emiliano) determina que la Municipalidad ingresará a la entidad el importe total retenido en concepto de cuotas de amortización e interés de los préstamos personales que los empleados municipales hayan sacado en la financiera de los Giri.

Entre las cláusulas del convenio, una indica que el municipio recibe “en concepto de reconocimiento de gastos administrativos un monto equivalente al 4% del total que (se) entrega mensualmente a la entidad en concepto de retención de los sueldos”.

Otro decreto posterior permite que el municipio maneje los fondos de los créditos personales sacados por sus empleados en una financiera privada.

“La entidad confiere autorización a la Municipalidad para la utilización de los fondos retenidos por el término de 90 días”, establece el decreto.

Según fuentes, el secretario de Hacienda habría realizado distintos plazos fijos a lo largo de 2018, por los que aún debe un pedido de informes al Concejo Deliberante.

Multas en Ripsa

Arroyo también favoreció a las firmas de los Giri con un acuerdo con Red Informática de Pagos S.A., conocida como Ripsa, la principal empresa de pagos de servicios de Mar del Plata y con extensión en la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo estipula que los “cobros por cuenta orden de la Municipalidad de los pagos en forma exclusiva, que realicen los infractores por Multas por Contravenciones, (será) a través de caja instalada en el edificio de Tribunal Municipal de Faltas”. Esa caja del edificio de Garay 3136 pertenece a Ripsa. Es decir: todo el volumen de las multas contraídas por los marplatenses deben ser pagadas a la empresa de Giri, que se hace de casi del 0,7 % de esos fondos. En los primeros tres trimestres de 2018, eso significó unos 900.000 pesos, según la información de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de General Pueyrredon.