El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se preparaba para promulgar la Reforma Constitucional, que contempla una reestructuración radical del poder judicial, ya que la totalidad de los jueces serán elegidos en comicios, ya que obtuvo los votos necesarios en el Congreso.

Ahora, el mandatario dijo que prevé promulgarla y que se publique en el Diario Oficial de la Federación el domingo, coincidiendo con la fiesta de la independencia de México.

De esta manera logrará su objetivo de dejarla como legado, ya que su mandato concluirá el 30 de septiembre, cuando asuma la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, integrante de la misma fuerza.

El trámite parlamentario terminó la madrugada del miércoles con su aprobación en el Senado, donde el oficialismo consiguió el único voto que le faltaba gracias a un parlamentario de la oposición y después de una muy convulsa sesión que incluyó la irrupción de manifestantes en el pleno, el cambio de sede de la sesión y acusaciones de cooptar el voto, indicó la agencia AP.

El senador que cambió su voto, Miguel Asemngel Yunes Márquez del Partido de Acción Nacional (PAN), fue expulsado de la fuerza opositora junto con su padre -y suplente en el Senado- el exgobernador Miguel Angel Yunes Márquez y otra diputada local que también apoyó la iniciativa por “traición a México”.

El PAN también anunció que impugnará la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque existen recursos judiciales contra la propuesta por irregularidades en su proceso parlamentario -que los críticos tacharon como totalmente antidemocrático- varios expertos ven complicado que finalmente se pueda detener su puesta en marcha.

Una posibilidad es que sea contestada por contradecir convenios o tratados internacionales suscritos por México y en los que el Estado mexicano se compromete a tener una justicia imparcial e independiente.

López Obrador tuvo duros enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales bloquearon o paralizaron algunas de sus grandes reformas, asegura que la reforma acabará con la corrupción al facilitar las sanciones a los magistrados.

Pero los críticos, entre los que están los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, argumentan que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno y generará incertidumbre entre los inversores.

Además, consideran que llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia, permitirá que personas con poca experiencia sean jueces y podría facilitar que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos judiciales.