Propietarios de locales gastronómicos solicitaron ayer en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante una reducción de la presión fiscal que les permita seguir funcionando en medio de la crisis que atraviesan.

A través de una nota que dejaron en el cuerpo deliberativo, mencionaron que la baja del consumo, el debilitamiento de la actividad, las altas tarifas, los impuestos y las tasas conforman un combo difícil de soportar, por lo que solicitaron más facilidades para realizar la actividad y conservar las fuentes laborales.

Los comerciantes señalaron que abonan tres cargos distintos referidos a la recolección de residuos al gobierno municipal y a empresas privadas. Solicitaron discutir los costos de la implementación de la ordenanza 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos.

También cuestionaron lo que pagan por la cantidad de mesas y sillas en el espacio público: “Se abonan cargos por la cantidad de mesas autorizadas por el municipio, más cargos por el uso de espacio público. Son altísimos y no se considera que durante siete meses los comercios gastronómicos sufrimos una gran caída en la cantidad de cubiertos en esta área debido a la estricta limitación en los cerramientos autorizados, limitando el uso en meses de frío”.

Indicaron que las escalas de facturación de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene están “escasamente actualizadas”, por lo que pagan “alícuotas cada vez más altas”. Según puntualizaron, el importe mínimo fijado según los metros cuadrados del establecimiento “se transforma en un costo fijo” en época invernal, cuando la capacidad es ociosa o directamente el local está cerrado.

Los comerciantes pidieron que se revean las ordenanzas referidas a las habilitaciones y se amolden a las necesidades del sector, con el objetivo de que haya criterios uniformes en las exigencias de Inspección General, Bromatología y Bomberos. Concretamente, solicitaron “realizar una sola vez la aprobación de planos de la propiedad sin tener que realizar la prefactibilidad al cambiar de rubro, abonando montos altísimos”.

También se quejaron de los análisis de agua solicitados por Obras Sanitarias. “Se realizan mensualmente en comercios específicos netamente a cargo de OSSE, no se informa de los resultados y se cobran saldos extras en las facturas por análisis de los cuales desconocemos los resultados”, lamentaron.

Además, marcaron diferencias respecto a la ordenanza de food truck: consideraron que debe estar regularizada tanto la ubicación como el pago correspondiente de uso de espacio público, así como las normas bromatológicas e impositivas correspondientes, “para no generar competencia desleal con los comercios debidamente registrados”.

Concejales oficialistas y opositores se mostraron dispuestos a analizar alguna de las solicitudes. Incluso dijeron estar trabajando en cambios vinculados a los mínimos de Seguridad e Higiene, las mesas y sillas ubicadas en el espacio público y la recolección de residuos. Sobre este último punto, adelantaron que se realizará una jornada de trabajo en el recinto.