Si bien en las operaciones electorales sigue imperando la lógica de la polarización, conviene observar un poco más atrás para comprender cuál será el clima político después de las urnas de octubre.
En rigor, lo electoral propiamente dicho ha pasado a un segundo plano pese a que ya se ha iniciado el tiempo de campañas. Los timbreos y las giras de los candidatos no parecen incidir más que ínfimamente en la opinión de los ciudadanos. En cuanto a las apariciones periodísticas, aunque alcanzan cierta repercusión, pueden resultar contraproducentes: varios estudios demoscópicos muestran que la señora de Kirchner fue muy escuchada cuando respondió al primer reportaje en años con un periodista independiente, pero también que la intención de votar por ella decayó cuatro puntos porcentuales después de esa entrevista.
Quizás por cautela, entonces, los dos candidatos más votados en las PASO bonaerenses–el oficialista Esteban Bullrich y la expresidente- vienen gambeteando con excusas la posibilidad de un debate público. Ella dice que no quiere que el espectáculo sea organizado por un canal de televisión privado (en referencia a TN, que habitualmente ha organizado esos shows políticos) y propone a cambio alguna universidad pública bonaerense, con participación de docentes y estudiantes de la carrera de comunicación. Supone probablemente que ese ámbito representa un hándicap en su favor.
Esteban Bullrich, por su parte, toma distancia de esa iniciativa y afirma que él tiene un compromiso con TN. Es evidente que (al menos por ahora) ni una ni otro quieren encontrarse en el mismo lugar, circunstancia que naturalmente imposibilita el debate.
Los otros candidatos a senadores bonaerenses –Sergio Massa, Florencio Randazzo y Néstor Pitrola- reclaman debatir donde sea sin subterfugios. Pero son Bullrich y la señora de Kirchner – uno y otro- los que determinan si el encuentro se produce o no. Alcanzaría con que uno de los dos tomara distancia del debate para volverlo impracticable.
De hecho, la señora de Kirchner viene sugiriendo que el debate lo protagonicen Jorge Taiana (su escolta en la boleta de senadores) y Gladys González, la número dos de la lista de Cambiemos. “Yo y Bullrich ya estamos seguros de que seremos senadores –argumenta CFK-. Lo que está en juego es quién será el tercer senador, si Taiana o la candidata del Pro”.
En fin, que la campaña muestra una lógica de consignismo y maniobras de fuga de lo que sea discusión de ideas y propuestas.
Los “casos”: Nisman, Maldonado, estudiantes
La primera plana, entonces, se cubre con el tratamiento de “casos”: el caso Nisman (que ha adquirido nuevo vuelo con la pericia desarrollada por la Gendarmería, que postula y fundamenta la hipótesis de que el fiscal fue asesinado por dos personas), el caso Maldonado (la inexplicada desaparición de un artesano simpatizante de sectores radicalizados de la comunidad mapuche, que sectores del kirchnerismo procuran atribuir a la Gendarmería y al gobierno nacional), las tomas de colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires (en oposición a una reforma pedagógica que, más allá de sus eventuales méritos o buenas intenciones, el gobierno porteño intenta aplicar verticalmente, sin debate ni participación de docentes, padres, alumnos y especialistas).
Cada uno de esos casos atrapa fragmentos de opinión pública -a veces superpuestos y alineados, otras, divorciados y confrontados- que las facciones procuran conectar con la dialéctica electoral y sus opciones.
El oficialismo esparce la idea de que las movilizaciones estudiantiles en la ciudad de Buenos Aires son piloteadas desde atrás por el kirchnerismo. Puede ser que detrás de esa interpretación conspirativa haya algún atisbo de realidad; cabe de todos modos preguntarse si un tratamiento más abierto y una comunicación más eficaz de parte de las autoridades porteñas no le habrían hecho más difícil la tarea a esa agitación.
Es plausible, también, que los embates kirchneristas contra el papel de la Gendarmería en el tema Maldonado puedan vincularse con las conclusiones del análisis de esa fuerza sobre el caso Nisman, que evidentemente complican a quienes, durante la presidencia de la señora de Kirchner, participaron en la (morosa, deficiente) investigación sobre la muerte del fiscal que había denunciado a la titular del Poder Ejecutivo y a su canciller de faltas gravísimas.
En cualquier caso, para defenderse de esos ataques el gobierno adoptó, durante los primeros tramos de la investigación del caso, una actitud de lejanía y frialdad que afectó la credibilidad de su compromiso ante la sospechosa desaparición de un ciudadano. Así, se puso en situación vulnerable ante presiones interesadas y hasta ante la presencia de organizaciones violentas que discuten al Estado argentino.
Pichetto y los gobernadores
Más allá del escenario de la polarización y de los “casos” que dispersan la atención de la opinión pública, lo que se puede observar es que protagonistas importantes tejen ya la tela de posibles acuerdos de convivencia para después de octubre.
Esos acuerdos están en la lógica íntima de la situación política. Cualquiera sea el resultado de la elección de octubre, no hay chance de que ninguna fuerza (en primer lugar el oficialismo, aunque sea el que más votos consiga) se instale en una situación de hegemonía y de autonomía tal que le permita independizarse del resto de las fuerzas parlamentarias, provinciales y sociales. Así sea en distintos grados y con distintos instrumentos a su disposición, todos necesitan de todos. No hay un jugador en condiciones de ganar todas las manos.
Es cierto que –como declaró el último jueves Miguel Pichetto, jefe de los senadores peronistas en un acto de la revista Movimiento 21- “algunos creen que cuanto peor, mejor. Y esperan que el Gobierno se autodestruya para poder ganar”. Pero esa postura, que Pichetto atribuyó implícitamente a la señora de Kirchner, queda prácticamente aislada cuando todos los sectores constructivos del sistema político se mueven con mirada de mediano y largo plazo.
Pichetto ya da señales de cómo serán las cosas en el Congreso: búsqueda de diálogos para garantizar la gobernabilidad, tanto en la dimensión del Estado nacional como de las provincias y respaldo a una reforma social y a reformas de la productividad en las que participen el movimiento obrero, los empresarios y los movimientos sociales. El senador escucha sobre todo a los gobernadores y a los gremios.
Frente a los que postulan una oposición sistemática del peronismo al gobierno, Pichetto argumentó: “Este gobierno no es una dictadura, son un gobierno democrático, expresan un capitalismo moderno.” Y aconsejó a la audiencia peronista que lo escuchaba: “No hay que subestimar al Gobierno; saben cómo ganar elecciones. El peor error del peronismo sería subestimar al Gobierno”.
Triaca y los gremios
Las conversaciones que el ministro Jorge Triaca mantiene con las conducciones sindicales caminan también en sendero de los acuerdos. El ministro practica una gimnasia que no todos en el gobierno imitan: mantener canales abiertos, escuchar a sus interlocutores, explicar con claridad los objetivos oficiales y tomar distancia de ideas ajenas que se le puedan atribuir.
Así, ha dado garantías de que las reformas laborales que el gobierno busca no tienen que ver con las que puso en marcha Brasil bajo la presidencia Temer ni pretende poner en discusión el régimen legal tradicional de la organización sindical en Argentina.
Despejar esas dudas fundamentales ha servido ya para que se disipara la perspectiva de una huelga general o un plan de lucha como el que impulsan sectores minoritarios del movimiento obrero.
La conducción gremial más responsable sabe que no puede actuar aislada del conjunto del peronismo. Y la mayoría del peronismo (que hoy está representada por los gobernadores) no quiere desgastar su fuerza en hostilidades contra el poder nacional que conduce Macri. Quiere convivir con él (lo que no excluye regateos, pulseadas y conflictos moderados) reconstruir el justicialismo como fuerza política y competir electoralmente ofreciendo una alternativa superadora.
Eco de esas reflexiones, el mismo jueves en el que habló Pichetto (y en el mismo escenario) el sindicalista Hugo Quintana, después de tomar distancia de las consignas favorables a un plan de lucha (“Sería inoportuno”, dijo), planteó que había que actuar con estrategia y con paciencia: “Prepararnos para 2019, y si no tenemos éxito, para el 21, o el 23…”.
Por detrás de los “casos” y de las tácticas polarizadoras se entrevé la posibilidad de los acuerdos de consolidación del sistema político.
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