Un hombre de 38 años fue condenado a 4 de prisión por poseer imágenes y videos que contenían pornografía infantil y distribuirlos en internet.

El caso había sido descubierto en 2020, tras un alerta informática que llegó desde Brasil. Durante un allanamiento en la vivienda que el acusado compartía con su madre en el barrio Bosque Alegre, la policía encontró el material que lo comprometía: eran miles de fotografías y videos de menores abusados sexualmente.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que llevó a cabo la fiscal Graciela Trill y que semanas atrás llegaron a juicio, todo comenzó entre el 29 de julio y el 9 de agosto de 2020, cuando la Agencia Central de Inteligencia de la Policía Civil del Estado de Acre, Brasil, reportó la existencia de 42 direcciones de IP (Protocolo de Internet que identifica a un dispositivo electrónico en la red) de Argentina desde los cuales se había cargado en la web o descargado de ella material pornográfico infantil.

Así, las fuerzas del vecino país solicitaban colaboración a la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para detectar a los traficantes del contenido ilegal. De esta forma, los pesquisas supieron que dos de esas direcciones IP se emplazaban en Mar del Plata.

Con el paso de los días, se estableció que una de las conexiones se había realizado en un domicilio de Solís al 9000. Según el fallo del juez del Tribunal Oral Nº 3, Fabián Riquert, al que tuvo acceso LA CAPITAL la semana pasada, “la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Nacional de Brasil implementó un software P2P que logró dar con información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación infantil, muchos de ellos en Argentina”. Estos “hashes” que comparten se corresponden “a la base de datos de la plataforma “Child Pornography System” (CPS)”.

En el mismo documento se explica “que 35 usuarios descargaron un total de 1.112.423 archivos, de los cuales 91.995 llegaron a descargarse al 100%”.

Luego de obtener las pruebas correspondientes, el 6 de noviembre de 2020 la policía allanó la vivienda del sospechoso, en donde también vivía su madre, de 77 años. Allí, lo detuvieron y secuestraron dos teléfonos celulares, una computadoras, dos discos rígidos, tres pendrives y tarjetas de memoria.

Al peritar dichos dispositivos de almacenamiento, los pesquisas descubrieron la presencia de gran cantidad de imágenes y videos de niñas y adolescentes exhibiendo sus genitales con fines sexuales, o directamente abusados.
En una de las filmaciones, por ejemplo, se representaba “a una familia tipo (hombre, mujer, niño y niña menores de 13 años) en donde los adultos mantienen relaciones sexuales delante de los menores, mientras realizan tocamientos de los niños”.

En otro video, un hombre abusaba sexualmente de un niña menor de 13 años. Y, finalmente, había numerosas imágenes de niñas menores de 13 años exhibiendo sus genitales con fines sexuales.

Durante el proceso investigativo, el acusado dijo estar arrepentido y avergonzado de poseer ese material, y mencionó en su defensa que sólo descargaba los archivos, pero que no los distribuía, y que desconocía que se hallaban cargados en un programa informático en el que figuraban como compartidos de manera on line.

La defensa oficial no cuestionó la autoría del delito de tenencia del materia por parte del imputado, pero intentó demostrar que no había impulsado la distribución. Sin embargo, la fiscal Trill sostuvo la doble acusación y el juez Riquert convalidó su postura.

Para el magistrado, no se registraron eximentes, aunque sí atenuantes a la hora de dictar la condena: la carencia de antecedentes penales del hombre y el buen concepto de su conducta después de la detención, además de considerar que su madre está postrada y es él quien se encarga de sus cuidados. En tanto, señaló como agravante la gran cantidad de material incriminatorio secuestrado.

Finalmente, Riquert impuso la pena de 4 años de prisión al apuntar que el susodicho fue autor de los delitos de “tenencia de representaciones explotación sexual infantil y de representaciones de partes genitales de menores de 18 años con fines sexuales” y de “distribución de representaciones de explotación sexual infantil agravada por tener algunas de las víctimas menos de 13 años de edad”. Por último, el juez decidió no hacer lugar al pedido de la defensa de que el imputado reciba tratamiento en comunidad.