Después de asestarle un duro mazazo fiscal desde antes de asumir, la Corte Suprema fue más moderada con el presidente Mauricio Macri, aunque no lo eximió de afrontar un costo político y económico de magnitudes incalculables.

El 24 de noviembre, dos días después del balotaje en el que Macri se impuso a Daniel Scioli, la Corte dictaminó con ocho años de retraso la invalidez de la retención de parte de la coparticipación de las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe. Hoy, anuló los aumentos tarifarios en el servicio de gas para los usuarios residenciales.

Sin embargo, las responsabilidades en los dos casos son distintas. En el fallo por la coparticipación está claro que no le cupo a Macri ninguna culpa, al punto que fue dado a conocer dieciséis días antes de su asunción. En el de las tarifas, no hay posibilidad de eludirla. Todos los errores de procedimiento se consumaron en la actual administración, cuyos funcionarios no parecen demasiados propensos a la autocrítica, una cuestión “abstracta”, según Marcos Peña.

A la luz de lo señalado por la Corte, el Gobierno generó un problema que pudo haber evitado con el simple trámite de haber convocado a audiencias públicas en los primeros meses del año. Después de haber escuchado a todas las partes y hacer la evaluación correspondiente, las tarifas ya estarían actualizadas y el Gobierno se hubiera ahorrado el desgaste que significaron cuatro meses de adversidades en juzgados de todo el país.

No hay nada más improductivo que hacer historia contrafáctica, pero en esas audiencias, además de escuchar, el Gobierno hubiera tenido el escenario propicio para desgranar con lujo de detalles la herencia recibida en materia de energía. Así, sin las excusas de los “problemas de comunicación”, hubiera puesto de manifiesto el atraso tarifario de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano respecto del resto del país y el exterior, la caída de la producción de hidrocarburos y la transformación de la Argentina en pocos años de exportador a importador de combustibles.

Si para muestra basta un botón, la producción petrolera de 2015 estuvo al mismo nivel que la de 1992, con el agravante que en los 23 años transcurridos la población aumentó en más de diez millones de personas. En términos per capita, el país produce tanto petróleo como en 1962.

También hubiera podido explicarle a los millones de usuarios que el año pasado cada familia pagó en promedio 2.000 pesos mensuales en subsidios, que son los principales causantes de la emisión monetaria, el déficit fiscal y, en consecuencia, la inflación acumulada en la última década.

Visto desde esa perspectiva, si el error fue más administrativo y jurídico que técnico, la responsabilidad del ministro de Energía, Juan José Aranguren, debería ser al menos compartida por el secretario Legal y Técnico, Pablo Cusellas, y el titular de Justicia, Germán Garavano. Se supone que saben más de Derecho que un ex CEO de Shell.

Los dos mazazos fiscales de la Corte, el del 24 de noviembre y el de hoy, recogieron los reclamos de quienes se vieron perjudicados por decisiones del Estado nacional y la lista de juristas para opinar está abierta. Pero en el plano fiscal no hay dudas que los dos representan un problema de dimensiones enormes.

La devolución a todas las provincias de la coparticipación retenida representará en los próximos cuatro años unos 310.000 millones de pesos, según proyecciones del Ministerio del Interior.

En el caso de las tarifas de gas, es difícil hacer una estimación, en la medida que se ignora cuándo finalizarán las audiencias públicas y en consecuencia cuándo comenzarían a regir los nuevos cuadros tarifarios. Lo que sí se puede es repasar lo que se perdió y se sigue perdiendo luego de más de una década de subsidios al sector energético, incluyendo luz y gas.

El aumento del 4.795 por ciento que esos subsidios tuvieron entre 2005 y 2015 no tiene punto de comparación. Ni la inflación, ni el dólar, ni la variante que se quiera escoger tuvieron un incremento equivalente ni a la tercera parte de ese porcentaje. Y una noticia más grave: con el fallo de la Corte, esa suba podría ser aún mayor, más allá del atenuante de no haber incluido a usuarios industriales y comerciales.

De esta manera, el macrismo comenzará el 2017 de la peor manera. Si consigue, después de las audiencias, aumentar las tarifas, la población sabrá cómo evaluarlo: no es lo mismo un tarifazo 18 meses antes de las elecciones que al borde del cierre de la presentación de las listas de candidatos. Para colmo, los problemas en el suministro de los servicios públicos no se solucionarán por arte de magia y las protestas vecinales estarán a la orden del día.

Habrá que considerar, también, la advertencia del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, acerca de los efectos que podría tener en el desarrollo de las obras públicas el fallo de la Corte. Con lo que las consecuencias serán peores y el arco de reclamos excederá al de vecinos y ONGs. Gobernadores, sindicatos y empresarios contratistas del Estado se sumarán a la fila.

Un panorama bastante preocupante como para que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, asegurara hace dos semanas que en el Gobierno “hace tiempo” sabían que el asunto iba a terminar dirimiéndose en la Corte. De ser cierto, no se entiende la razón de haber desperdiciado los primeros ocho meses de gestión en algo que se sabía que terminaría mal.

Pero no es solo el tiempo perdido lo que no se recupera. No hace falta recurrir a ningún encuestador para evaluar el costo político de esta suma de errores. Ni a un economista para medir su impacto fiscal. Pero ya está dicho: no hay nada más improductivo que hacer historia contrafáctica. O llorar sobre el gas desperdiciado.

DyN.