La Sala II de la Cámara Penal confirmó la elevación a juicio de la megacausa contra una organización acusada de haber transferido ilegalmente inmuebles y compuesta por empresarios, comerciantes, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.

La jueza de garantías Rosa Frende había aceptado los planteo de los fiscales de Delitos Económicos, Javier Pizzo y David Bruna, para que 26 imputados fueran a juicio y luego de los pedidos de las defensas, la misma fue confirmada por la Sala II de la Cámara Penal.

En total, se estima que esta organización estuvo involucrada en el traspaso fraudulento de unos 50 inmuebles -de Mar del Plata, Miramar y Pinamar- entre el 2013 y 2016, mediante el uso de folios de seguridad y sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, generando un perjuicio económico millonario para la provincia.

Esta banda obtenía del Registro de la Propiedad, mediante la presentación de instrumentos públicos apócrifos, la inserción o levantamiento de providencias cautelares personales en perjuicio del organismo oficial que las había dictado o solicitado oportunamente.

Si bien ninguno de los imputados se encuentra detenido, el juzgado interviniente había decretado la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares que evitan su transferencia.

De los 26 imputados, 16 están acusados de integrar la organización criminal, mientras que los restantes 10 están señalados de haber participado en casos individuales de estafa.
Ladrones de propiedades

La investigación se inició con la denuncia de una persona que aseguraba que en el certificado de dominio de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata, Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes notaron que se habían usado folios y sellos a su nombre sin su consentimiento.

Según la investigación desarrollada por Bruna y Pizzo, entre 2013 y 2016 esta banda delictiva intervino en el 20% del total de transferencias efectuadas en las subastas judiciales realizadas en los partidos de General Pueyrredon y General Alvarado..

Para los fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrián Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, gracias al imprentero que formaba parte de la organización, elaboraban instrumentos públicos falsos consistentes en folios de seguridad utilizados por organismos jurisdiccionales, testimonios y oficios judiciales y actuaciones notariales.

La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos jueces civiles y secretarios del departamento judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien sí existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.