El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, requirió la elevación a juicio de la causa denominada “Lavado total” y pidió que sean enjuiciadas 27 de los imputados, 19 acusados por lavado de activos.

Uno también suma la imputación por el tráfico de estupefacientes por los 4,5 kilos de cocaína encontrados -ocultos en un auto- en su casa el día de los allanamientos, y ocho son acusados por tenencia ilegal de armas. Al momento son 310 los vehículos secuestrados, entre los que hay automóviles de alta gama, camiones, motos y hasta una lancha.

La causa se inició a partir del hallazgo, en febrero de 2013, de más de 165 kilos de cocaína en un vehículo cuando era conducido por la autovía 2, camino a Mar del Plata. El conductor del rodado resultó condenado por ese hecho. La justicia federal comenzó a indagar, entonces, sobre el origen de esa droga y el financiamiento de la operación, para lo que se trabajó en la individualización del patrimonio del condenado y sus familiares cercanos.

Después de individualizar el auto de unos de sus hijos, que era guardado en un galpón sobre la avenida Jara al 3800, se dispuso en abril de 2013 el allanamiento del lugar donde se encontraron otros 30 vehículos sin respaldo financiero ni documental aparente.

A partir de ahí se estableció como hipótesis de investigación la existencia de una organización conformada por dos grupos de personas vinculadas entre sí -una de las cuales se encuentra prófuga en el marco de esta causa y también en la denominada causa “Marea Verde” donde se secuestraron 2.800 kilos de marihuana-, y dedicados, en su mayoría, a la compra y venta informal e irregular de automóviles.

De acuerdo a las pruebas reunidas, el MPF entendió que la organización, por lo menos a partir de 2011 hasta la actualidad, habría adquirido bienes con las ganancias obtenidas del tráfico ilícito de drogas, que fueron puestos en circulación en el mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia de vehículos con la finalidad de dar una apariencia lícita cuando su origen sería espurio.

De esta manera se llegó a los allanamientos desarrollados en septiembre de 2016, en el operativo que se conoció como “Lavado total”. Actualmente son 60 las personas que forman parte de la investigación, por lo que se requirió profundizar la pesquisa respecto de las restantes personas sobre las que no se pidió aún su juicio oral y público. En la instrucción de la causa, la Fiscalía Federal N°2 contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

En su requerimiento, el fiscal Czizik valoró al menos ocho hechos de narcotráfico precedentes del lavado de activos, desde donde provendría el dinero ilícito, algunos de ellos con condenas firmes; otros pronto a llegar a juicio oral como Marea Verde, previsto para el 2019.

Se han comprobado al menos 107 maniobras de compra-venta de vehículos, que serían compatibles con el delito de lavado de activos. Justamente esas operaciones de compra-venta informal e irregular habrían servido de medio para convertir dinero de la venta de drogas en autos e intentar dar una apariencia lícita de ese patrimonio, pero que sin embargo no se pudo acreditar el origen lícito del mismo.

Las maniobras, según consta en la investigación fiscal, se extendían a otras ciudades del país: tal es el caso de los autos registrados en la provincia de Corrientes, con domicilios inexistentes o inhallables, y que a pesar de ello tenían su asiento físico en Mar del Plata.

En este sentido, el fiscal argumentó: “La transferencia de dinero obtenido de la venta de la droga hacia vehículos automotores, en conjunto con el aprovechamiento de estas actividades pseudo-lícitas (la compra venta de automóviles irregular), permitía a los narcotraficantes no solo asegurar las ganancias en objetos que son más fáciles de resguardar y que no se deprecian tan rápidamente como la moneda, sino además disimular inmediatamente el producto del narcotráfico. Los automóviles servían como cajas de seguridad, y a través de compras y ventas y sobre todo permutas, eran movilizados de un lugar a otros, diversificándose así las operaciones comerciales de los beneficiarios y/o directamente involucrados de la actividad ilícita precedente”.

“Así como una financiera ilegal es un negocio propicio para lavar dinero -continuó-, también lo es una ‘concesionaria’ que no prevé mecanismo alguno respecto de los compradores de vehículos para resguardar la licitud del origen de los bienes de cada compra, ni cumple con las pautas de la UIF para prevenir este tipo de delitos. Por tanto, el proceso de camuflaje de los bienes obtenidos de modo ilícito se producía prácticamente de modo automático, a partir del particular modus operandi de la organización”.