Por Cecilia Caminos (Efe)- La resolución de la crisis de la deuda es de vital importancia para la Argentina para poder atender otros problemas que “desde el punto de vista social son mucho más graves como la pobreza, el desempleo y sumar diez años sin mejorar el nivel de vida”, afirma el economista argentino Miguel Kiguel.

“Todos esos problemas requieren financiamiento e inversión y mientras el país esté en ‘default’ o no pueda conseguir plata y estemos todos ahí temblando (por) si se paga o no se paga el próximo vencimiento de deuda, el país está en una situación en la que no se puede crecer”, alerta el experto en una entrevista con Efe en Buenos Aires.

Con más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza, un desempleo que ronda el 10 % y una economía en recesión desde abril de 2018, el presidente Alberto Fernández lanzó la emergencia pública con medidas urgentes para aliviar la situación de los sectores más vulnerables y ahora se apresta a sentarse a negociar con los acreedores. 

“La reestructuración de la deuda es una condición necesaria para que la Argentina vuelva a crecer porque uno de los problemas que tiene Argentina es que no tiene ahorros para financiar la inversión que necesita, por ejemplo en infraestructura, en petróleo y gas. El problema más serio es que hoy no hay financiamiento para las empresas argentinas y eso paraliza la economía”, sostiene Kiguel.

La deuda bruta total de Argentina es de 323.177 millones de dólares, según los datos preliminares de la Secretaría de Finanzas de diciembre pasado, mientras que la deuda externa total asciende a 276.686 millones de dólares de acuerdo a las cifras oficiales de septiembre pasado.

El también expresidente del Banco Hipotecario y exsubsecretario de Financiamiento estimó que Argentina afronta este año vencimientos de deuda por unos 40.000 millones de dólares, cerca del 10 % de su Producto Interior Bruto (PIB) y por ello urge el apuro por llegar a un acuerdo con los acreedores.

El fantasma del “default” merodea en la mente de los argentinos, que aún mantienen frescos los recuerdos de fines de 2001, cuando Argentina declaró el cese de pagos por más de 100.000 millones de dólares, entonces el mayor de la historia, en medio de una profunda crisis social, económica y política. 

El gobierno de Fernández anunció un cronograma para la reestructuración de la deuda, que denominó plan de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa, que finalizará el 31 de marzo próximo. 

“La sensación que uno tiene por experiencia, por haber visto muchas reestructuraciones de países y empresas, es que los procesos se tienden a atrasar. Argentina puso un cronograma muy ambicioso, pero lo cierto es que es muy difícil de cumplir porque para poder llegar al 31 de marzo todo tiene que salir perfecto”, advierte Kiguel, quien también trabajó como economista principal del Banco Mundial.

La tensa negociación de la provincia de Buenos Aires, motor productivo de la Argentina, con sus acreedores para postergar tres meses el pago de un bono por 250 millones de dólares, se convierte en un punto de referencia para el marco nacional.

“Lo que pasa con la provincia de Buenos Aires es muy importante para entender un poco cómo puede ser la negociación con los bonistas cuando venga la pelea en serio por la reestructuración de la deuda (nacional). Se piensa que es un caso testigo y puede ser un llamado de atención para todo el proceso”, alerta Kiguel.
La administración de Fernández tiene ahora por delante la negociación de más de 30 bonos emitidos bajo legislación de Estados Unidos, Europa y Japón. “No es fácil porque en general el Gobierno hace una oferta y después los bonistas tienen que aceptar, no es obvio que los bonistas vayan a aceptar la primera oferta que haga Argentina, seguramente habrá idas y vueltas. De igual forma yo creo que la negociación se va a completar en algún momento entre la primera mitad del año o en el peor de los casos en el tercer trimestre de este año”, estima el experto.

Aún no hay información sobre la propuesta que realizará el Gobierno a los acreedores. Kiguel señala que como “Argentina tiene un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), éste suele pedir que haya quita en las negociaciones para asegurarse que él cobre primero, y eso hace pensar que habrá algún tipo de quita”.

En medio de la crisis de 2018, el FMI realizó un salvataje financiero y le otorgó al gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) un préstamo por 56.300 millones de dólares, de los cuales ha desembolsado unos 44.000 millones, y que Argentina deberá comenzar a pagar en 2021.   

“Esto va a ser un esfuerzo compartido entre Argentina, que va a tener que mostrar voluntad de pago haciendo una reducción de déficit fiscal para generar recursos para poder pagar los intereses, por ejemplo, y de los acreedores, que van a tener que aceptar algún tipo de quita que puede ser en capital, en intereses o en las dos cosas”, estima.

Las negociaciones con el FMI tendrán asimismo mucho peso en la reestructuración de la deuda porque, según afirma el economista, el organismo multilateral suele fijar condiciones tales como un ajuste fiscal y reformas estructurales e impositivas.

“En muchas reestructuraciones en el ámbito internacional, como en Jamaica, Uruguay, Grecia y Ucrania, ese auditor fue el Fondo Monetario Internacional, por lo cual es difícil lograr un acuerdo en el que el FMI esté totalmente marginado”, advierte el experto.

Kiguel pone también el acento en la urgencia social, aunque reconoce que el gobierno de Fernández, al ser peronista, “tiene mucho más manejo de la calle”.

“Acá hay un límite a la paciencia: la gente entiende que la situación es difícil y lleva tiempo arreglarla pero que si el Gobierno no la resuelve, no empieza a dar soluciones, no digo mañana sino que durante 2020 empiece a verse algún tipo de mejora social, algún tipo de perspectivas de crecimiento, de trabajo, al Gobierno se le va a hacer cuesta arriba el manejo de la política económica”, concluye.