Mientras los concejales aún aguardan que el Departamento Ejecutivo presente las correcciones comprometidas en el proyecto de la ordenanza fiscal, la Cámara del Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires también planteó su rechazo a la posibilidad de que el municipio comience a exigirles a los comercios del rubro el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene.

Tal como ya lo hicieron cámaras y empresas de diferentes actividades, los libreros presentaron una nota en el Concejo Deliberante, oponiéndose a la aplicación de las medidas recaudatorias impulsadas por la gestión del intendente Carlos Arroyo.

“Expresamos nuestra gran preocupación por la intención del municipio de quitar la exención que históricamente han tenido las librerías“, planteó la entidad a través de un documento que lleva la firma de su presidente, Lucio Cuschnir y su secretario, Damián Ale.

“Desde hace años y con buen criterio el Estado Nacional reconoce al libro y la lectura como instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y la transmisión de la cultura“, indicó la cámara, destacando que por ello existen normas nacionales, como la Ley de Fomento del Libro y la Cultura y la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que entre otras cosas, promocionan la producción, distribución y venta de textos.

Como parte de las políticas para estimular al sector, esas normas eximen a la actividad del pago de impuestos como el IVA e Ingresos Brutos, aunque no a las librerías, que sí deben pagar IVA.

Además de plantear las dificultades por las que atraviesa el sector, debido a la caída de sus ventas y a causa de los costos adicionales existentes en el interior del país, la cámara recordó que en Mar del Plata rige un convenio por el cual los comercios le aportan al municipio un volumen de libros equivalente al importe que deberían pagar en concepto de tasas, el cual ahora sería sustituido por el pago en efectivo de los montos tributarios que sean determinados por la comuna.

Según la entidad, tanto la quita de la exención, como la continuidad de su obligación de entregar libros a la comuna constituye un “perjuicio económico” para quienes desarrollan la actividad y contradicen las políticas nacionales de fomento al sector.

Por eso pidieron que los concejales consideren su postura en el caso de que el gobierno mantenga su propuesta de gravar las ventas de este tipo de comercios.