Por Juan Salas

Esta semana en Mar del Plata un jubilado mató a un ladrón que ingresó a su casa y un jurado popular absolvió a un hombre por asesinar a un joven que intentaba forzar una reja para entrar a robar a la vivienda de su vecino. La sociedad muestra su hartazgo por la inseguridad y desde las redes celebran como “héroes” a quienes ultiman a delincuentes. Incluso el intendente Guillermo Montenegro mostró su apoyo, una vez más, a alguien por defenderse y matar a una persona.

La legítima defensa está regulada en el Artículo 34, inciso 6 del Código Penal, donde se establece que no es punible quien obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran los siguientes requisitos: una agresión ilegítima; una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión y  la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. También contempla la legítima defensa de terceros bajo condiciones similares. 

En contraposición a esto se encuentra la mal llamada “justicia por mano propia”, en la que una persona, en lugar de recurrir a las autoridades o al sistema legal, decide tomar represalias directamente contra alguien que considera responsable de un daño o un delito. A diferencia de la legítima defensa, que es legal y tiene requisitos específicos, la justicia por mano propia suele estar motivada por la venganza y se ejerce sin un marco legal que la respalde.

Esto genera una escalada de violencia y un deterioro del orden social, al incentivar respuestas impulsivas y desproporcionadas en lugar de la resolución institucional de los conflictos. Pero cuando el Estado está ausente, tácitamente habilita a una sociedad que, temerosa, encuentra en el otro un enemigo a eliminar.

La inseguridad y la respuesta más extrema

El jueves pasado a la madrugada un jubilado de 77 años vivió un momento extremo de inseguridad: un delincuente entró en su casa de un barrio residencial y al enfrentarlo su cómplice gritó: “Matalo, matalo”. Era la vida de él o la del ladrón. El jubilado, con un arma de la cual tenía los permisos legales, le disparó para defenderse y lo mató. El asaltante sería identificado luego como Ulises Segovia (26), con pedido de captura y frondosos antecedentes penales, incluso por un homicidio.

Segovia no debía estar en libertad, un Estado ausente llevó a que un jubilado tuviese que matar a una persona para protegerse. La legítima defensa fue la respuesta a esa amenaza, a esa situación extrema que resolvió como pudo.

“Murió una escoria sin retorno”. “Un héroe el jubilado, espero que lo cuiden. Tenían un prófugo en la calle cómo si nada”. “Lo que no hacen los jueces mafiosos lo hace un jubilado”. “Uno menos. Las personas se defienden como pueden”. “Está perfecto si ingresó a tu propiedad es legítima defensa, lástima que no pueden prevenir las fuerzas de seguridad y el municipio para no llegar a este punto de violencia extrema”.

Desde las redes sociales, el hartazgo por la inseguridad se vuelve palpable y los comentarios que celebran el accionar del jubilado se acumulan: hay un respaldo al hombre que mató al delincuente, pero también mucha bronca contra un Estado ausente, contra policías que no previenen, contra jueces que parecen alejados de la realidad. 

Las redes sociales también se volvieron el escenario para que el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, amplifique su mensaje cada vez más radical y no dejó pasar la oportunidad para respaldar al jubilado que mató al delincuente. 

“Defensa de la propiedad privada y de la vida. Todo mi apoyo a este SEÑOR JUBILADO con el cual ya me puse a disposición. Voy a defender a todos los que hagan las cosas bien. Lo vengo diciendo hace rato: hay que dejar de defender los derechos de los delincuentes y actuar con mayor dureza”, expresó Montenegro en la red social X.

Otra vez, el intendente públicamente respaldó a una persona que, al defenderse, mató a otra, tal como lo hizo el año pasado cuando le “pidió a Dios” que cuide a la familia del policía que disparó y mató a Emanuel Márquez en el basural de Mar del Plata.

Jurados populares, prejuicios y la “empatía” de matar a otro

El pasado miércoles, un jurado popular absolvió a un hombre que en febrero de 2021 mató a un ladrón cuando intentaba entrar a robar en la casa de su vecino, ubicada en Vértiz al 8900. En el Tribunal N° 1, un grupo de ciudadanos consideraron “no culpable” a Diego Justiniano Constable (49) del homicidio de Claudio “El Rusito” Santiago (25) y entendieron que haber matado a un joven que intentaba entrar a robar en la casa de su vecino -en la que no había nadie- se trató de un caso de legítima defensa. Una resolución que, según operadores judiciales consultados, ningún tribunal conformado por jueces técnicos hubiese considerado.

“Viví este juicio con mucha preocupación”, expresó la abogada de la familia de la víctima, Adelina Martorella, quien agregó: “Costó mucho reunir el jurado, no hay conciencia al deber cívico que eso implica y la gente ya tenía sus prejuicios: quería mano dura, muchos a favor de tener armas en su casa, muchos sin nociones básicas de derechos humanos”.

“Entiendo el hartazgo de la sociedad, pero otra cosa es la violencia. Es muy difícil litigar contra los prejuicios. ¿Cómo litigar con una sociedad que lo primero que ve es que al delincuente hay que matarlo?”, reflexionó la abogada.

“Hay que hacer una crítica al Estado, este nivel de hartazgo de la sociedad es por el Estado, es porque no funciona la seguridad. No funciona y en Mar del Plata no existe. Si desde el Estado no brindan seguridad el hartazgo crece, y lo que piensa la gente es ‘bueno, entonces me defiendo yo’”, dijo Martorella y agregó: “Hay casos que sí son de legítima defensa, como el del jubilado de esta semana. Pero no todos lo son, en el hartazgo social se facilita la construcción de un discurso de que si alguien se asoma en mi casa tengo el derecho de matarlo y no es así”.

Aunque expresó su preocupación por este caso en particular, Martorella defendió el sistema de juicio por jurados, pero con reparos. 

En el mismo juicio participó el abogado Martín Bernat, pero en representación del imputado Constable, quien resultó absuelto.

Bernat remarcó que en muchas oportunidades se llega a la legítima defensa por una actitud del Estado, por su ausencia. “Tenés un Estado en el que el 911 tarda en llegar salvo que vivas en Los Troncos; un Estado que cuando agarra a un delincuente lo mete en el sistema judicial y sale peor; un Estado que no da protección, que no hace nada con los adictos. Esa misma persona después participa del delito y el mismo Estado provoca que la única opción sea defenderse”, expresó.

En su crítica al Estado, Bernat remarcó que “después vuelve el mismo Estado que busca un culpable y lo juzga con el aparato represor, con el detalle ridículo de ver qué sucedió, sin ponerse en el lugar de la persona que actúa como puede en una situación extrema”.

Es por este motivo que el abogado ve que, en estos casos, el jurado es más humano. “A diferencia de los jueces técnicos, el jurado se coloca más en las zapatillas de la persona que se defiende, se siente identificado. El jurado entiende que el Estado no está y hay que defenderse”.

“Los casos de legítima defensa que salen en juicios por jurados, en líneas generales no son casos de justicia por mano propia, son de legítima defensa”, consideró el abogado y agregó: “La legítima defensa se tiene que valorar en las circunstancias. El jurado tiene la capacidad de empatía, que los operadores judiciales no. Miden, razonan y evalúan la situación en los zapatos de la víctima o el imputado”.

Estado de pánico y justicia por mano propia

El impacto de la inseguridad y la respuesta violenta no se limita a los casos individuales de legítima defensa. La violencia institucional también se ve reflejada en episodios recientes, como el ocurrido a principios de febrero cuando el kiosquero Cristian Velázquez (50) fue asesinado en un robo mientras atendía el comercio de la avenida Peralta Ramos al 700. Tras este homicidio que conmocionó a la ciudad, la policía realizó un megaoperativo que estuvo al borde de la psicosis colectiva para “cazar” al autor del crimen, identificado como Cristian “El Guachín” Monje: en ese contexto, policías de civil dispararon contra un auto en el que iban tres amigos hinchas de Alvarado y mataron a Matías “Pitu” Paredes (26). No se identificaron. No dieron la voz de alto. Intentaron hacer justicia por mano propia, motivados por un miedo generalizado contra un estereotipo de delincuente de la periferia.

“Este terrible lo que sucede”, explica el abogado referente en derechos humanos César Sivo y se explaya: “El que está matando no siempre está matando con permiso del Estado y esto es lo tremendo, porque la legítima defensa es una posibilidad que el Estado te da solo ante situaciones particulares, como fue el caso del jubilado”.

“Pero cuando vos transmitís socialmente que no sos un asesino si matás a alguien de determinadas características, tenés que entender que en ese caso sos policía, sos juez y sos verdugo”, dice Sivo y agregó: “Esto es un retroceso social primitivo, irracional y muy peligroso”.

“Es muy peligroso, porque si los funcionarios políticos salen a decir que los conflictos los vamos a resolver como nos parezca sin el Estado, con un discurso centrado en el todo vale, están alentando a la violencia”, considera y agrega: “Por eso no podés decir que estás de acuerdo con ‘limpiar todo’, porque después es una cacería de estereotipos en la que se sale a eliminar a todo lo que parezca que puede alterar la vida. Entonces veo dos personas en moto y le tiro tres tiros porque pienso que son motochorros y son dos pibe que van a trabajar” 

“Por eso, cualquiera sea el cargo, intendente o legislador, si la persona tiene trascendencia social tiene que ser más cuidadosa con lo que dice. Tiene que decir que las cosas no se pueden resolver de esa manera porque no puede haber corrimiento institucional”.

“Estos temas se deben resolver en la Justicia, no se tienen que resolver por mano propia. Todos los operadores del sistema deben trabajar para eso, deben transmitir eso y deben preocuparse porque se ejecute así, que se cumpla”, insiste el abogado.

Para César Sivo, otro aspecto importante para destacar es lo que él llama “el gobierno del miedo”. “En esa transmisión del miedo marcan permanentemente que tenemos que vivir en una sociedad de pánico, que tenemos que estar asustados permanentemente porque tenemos muchos malos que nos acechan, y entonces se potencia esta cuestión de los malos, los monstruos. Y entonces la forma de defenderse es con armas y eso no puede ser”.

“Cuando vos construís sociedad de pánico el miedo es tonto, la gente reacciona como puede, reacciona a esa inoculación de miedo que tiene permanentemente dando vuelta. Por que, claro, existe el delito, hay casos violentos, pero para ellos están los mecanismos del Estado. No podemos responder a hechos violentos con más violencia”. agrega. 

Sin embargo, ante la ausencia del Estado, no se le puede pedir a la gente que acate todo. Todos estos problemas existen a la vez en la sociedad: los políticos tienen responsabilidad social en la comunicación, hay un estado de pánico constante ante la falta de políticas de seguridad, hay un corrimiento institucional por la falta de respuestas y la confianza en la policía está degradada tras casos de corrupción y gatillo fácil. Pero la solución de la violencia no puede ser avalar la violencia y convertir a cada ciudadano en policía, juez y verdugo.