El apoderado de la empresa Rocma le solicitó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, que evalúe sumarse como querellante a la denuncia contra el intendente Carlos Arroyo y el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, por “maniobras ilícitas”.

Lo hizo a través de una carta en la que notifica a la funcionaria nacional que los supuestos delitos se cometieron con fondos que fueron enviados a la ciudad por el ministerio.

Según la denuncia, la empresa resultó “víctima de maniobras ilícitas” que encuadran en los delitos de “coacción, administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y demora injustificada del pago”.

De acuerdo a lo que se describe en la presentación judicial, Rocma es una empresa constructora familiar asentada en la ciudad que orienta su actividad casi de manera exclusiva a la concreción de obra pública mediante contratos de licitación.

“Contamos con una experiencia en el sector de más de 20 años, conociendo detalladamente la normativa local y nacional que rige la actividad”, indica. Y agrega: “Lamentablemente, en el devenir de nuestra actividad nos hemos encontrado adjudicatarios de dos licitaciones a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon que casi llevan a la ruina financiera a la firma que represento, no por la obra en sí, sino por el accionar arbitrario, coactivo y malicioso de los funcionarios intervinientes”.

El apoderado Roberto López, con el patrocinio letrado de César Sivo, mencionó que entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 Arroyo y Mourelle “demoraron injustificadamente” el pago a Rocma de cuatro certificados de avance de obra en el marco de la licitación pública por la puesta en valor de la plaza del barrio El Martillo. Sumados, esos avances representaban $ 2.672.526,11.

El denunciante sostuvo que el municipio “contaba con los fondos disponibles y expeditos girados desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior”.

En consecuencia, “se advierte el posible desvío de recursos específicamente afectados, lo que redundó en perjuicio patrimonial público, en tanto durante dicho periodo se debió paralizar la concreción de las obras, privando a los vecinos beneficiados del uso y goce de la cosa en tiempo debido, así como también dando lugar a la generación de intereses moratorios”.

A partir del 11 de abril de este año Arroyo y Mourelle volvieron a “demorar” un pago por $ 839.637,06, apunta la denuncia.

Puntualiza además que el 30 de abril, en la Secretaría de Hacienda, Mourelle “intimidó” a López “con amenazas de abstenerse de ordenar pagos debidos y adeudados a la empresa Rocma” y de “eliminarla del registro de proveedores municipales”. El objetivo, según el denunciante, era que la firma renunciara a los derechos sobre “intereses moratorios que se hubieran devengado en el marco de los atrasos arbitrarios e indebidos”.

No es el único episodio con Mourelle. También indicó que con anterioridad, en enero de 2018, el funcionario “compelió a través de amenazas” del mismo tenor a suscribir la licitación para la ampliación de la Casa del Futuro “sin percibir el anticipo financiero” correspondiente.

Entre otros hechos que destaca la presentación, refiere que el 10 de julio de este año el intendente y su secretario se abstuvieron “de dictar la resolución que permitía el pago debido a la empresa Rocma” de un acta acuerdo de redeterminación de precios” por $ 427.394, 02 en el marco de la licitación de la obra del barrio El Martillo.

Presentación ante Stanley

En este contexto, López notificó a Stanley del contenido de esta denuncia. “Advirtiendo que los fondos sobre los que se denuncia el obrar ilícito fueron girados desde esta cartera, entiende esta parte, corresponde ponerla en conocimiento a efectos de que evalué la incorporación de este Ministerio a la causa penal iniciada en calidad de querellante particular“, sostiene la notificación dirigida al ministerio de Salud y Desarrollo Social.