La Justicia Federal autorizó que el acusado de liderar una banda que regenteaba lavaderos irregulares en la cárcel de Batán, Matías Sebastián Ávila (51), continuará el proceso desde su casa de La Plata donde se encuentra su esposa embarazada de 30 semanas.

El juez federal Santiago Inchausti concedió la prisión domiciliaria a Ávila, quien quedará bajo un régimen de vigilancia monitoreada a través de una tobillera electrónica.

De esta manera, en la investigación iniciada por la fiscal Laura Mazzaferri a la firma Asepsia Industrial, señalada como una asociación ilícita que lavaba dinero, maltrataba laboralmente a los reclusos e ingresaba drogas a la cárcel de Batán y Melchor Romero oculta en las toallas, sábanas y fundas de almohadas, no quedan personas detenidas.

En la causa se encuentran imputados también la madre de Ávila, quien figura como titular de Asepsia Industrial, un financista y otros seis hombres, entre ellos dos vinculados con la compra de un yate.

Los integrantes de esta supuesta organización están acusados de tener bienes por sumas millonarias, como casas, departamentos, vehículos y hasta un yate de lujo.

Ante esta situación, y entendiendo que no se puede calcular el monto del dinero de las operaciones ilícitas que realizaban, la Justicia trabó embargos de hasta 20.000.000 de pesos a cada uno.

La investigación se encarga de rastrear los bienes de los imputados por tratarse, según la hipótesis, de bienes provenientes del narcotráfico o el lavado de activos. Según pudo confirmar LA CAPITAL, uno de los imputados, incluso, le compró una casa a Daniel Viglione, el “gurú” en mercados de divisas que fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por múltiples estafas que ascenderían a los 4.000.000 de dólares.

“Todas estas circunstancias permiten determinar los imputados lograron conformar un patrimonio producto de las ganancias obtenidas por las actividades delictivas llevadas a cabo, con habitualidad a partir por lo menos, del año 2008. Básicamente, dicho patrimonio se vio integrado por bienes inmuebles, muebles, embarcaciones, rodados muchos de ellos de alta gama, manejo de dinero en efectivo, inversiones en el extranjero, que de manera estimada y solamente en lo que concierne a bienes muebles (secuestrados) rondaría varios millones de pesos, presumiendo que han sido producto de aquellas actividades ilícitas”, explican los investigadores en la causa.

Un yate incautado

Según surgió en la investigación uno de los imputados le habría vendido por una suma millonaria a Ávila un embarcación con el nombre “Rey” o “Crazy”. Se trata de un yate de lujo con eslora de 14.31 mt y manga de 4.5 mt.

Según las declaraciones de los imputados, uno de los procesados “solo” le habría prestado “5 o 6 veces” el yate a Ávila. Sin embargo, en escuchas telefónicas se da cuenta que este último habría desembolsado una suma millonaria para hacerse con la embarcación.

“Es ingenuo suponer que quien sólo está realizando pruebas sobre un barco de importante envergadura, ante la posibilidad de cerrar una operación de compra, se tome el trabajo de adquirir insumos para mejorar su uso o modifique la apariencia. Queda revelado que los imputados se propusieron coordinar la compra de una pantalla para la embarcación, consultando incluso a proveedores extranjeros de Uruguay y Estados Unidos, gestionar reparaciones eléctricas o, en menor incidencia, la compra de banderas y otros enseres”, expone el juez Inchausti en la causa.

Ropa sucia

La principal hipótesis da cuenta que las maniobras lideradas por Ávila iniciaron en el año 2008 cuando, según tiene acreditado la Justicia, las cárceles de Melchor Romero (La Plata) y de Batán celebraron un convenio dentro de un programa llamado Incluirte. Se trata de una herramienta de interés resociabilizador que permitía acceder a explotar el área de lavandería con mano de obra de los mismos reclusos.

De esta manera, la firma Asepsia Industrial -propiedad de Ávila, un ex agente penitenciario- utilizaba a presos como mano de obra barata, y aprovechaba a los vehículos que transportaban ropa para ingresar estupefacientes de forma oculta al penal, droga luego comercializada a los internos. No obstante esta última imputación no pudo ser sostenida en el proceso.

En diciembre del año 2017 se rescindieron los contratos con Asepsia Industrial porque el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense advirtieron que no se cumplían con las condiciones mínimas de seguridad para el manejo de ropa blanca sanitaria.

Entonces dejó de funcionar en Batán el lavadero de la cárcel, el cual era abastecido únicamente por los bolsones de ropa blanca de clínicas locales que acercaba la empresa Asepsia. “Se utilizó de manera exclusiva las instalaciones que poseía en ese momento el lugar, por lo que la firma no realizó una inversión de capital propio, proporcional a las ganancias que luego obtendría por realizar servicio de lavado de ropa blanca quirúrgica a clínicas y sanatorios privados”, señaló la investigación.