El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, se pronunció contra el juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo, ante la posibilidad de que haya avances en la medida contra el máximo tribunal.

“Siempre nos opusimos al #JuicioPolítico a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político, nuestro diputado @TOPOarg rechazó todos los expedientes acusatorios.

“El desarrollo argentino es con calidad institucional, sin trampas”, manifestó Lavagna en la red social X.

La publicación del titular de Hacienda durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, se sumó al que publicó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien manifestó su “categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.

El mensaje de Schiaretti fue dirigido al candidato de Unión por la Patria, pero el mandatario cordobés no manifestó su apoyo a Javier Milei (LLA), como fue leído por algunos seguidores del libertario.

En este sentido, hasta el momento, el gobernador de Córdoba evitó expresar su respaldo camino al balotaje. Desde su entorno aseguran que “no sería coherente, y hasta sería una falta de respeto, decirles a quienes votaron su proyecto a quién deben votar”.

Otro dirigente que manifestó su repudio a las intenciones de avanzar en el juicio al Tribunal Supremo fue el diputado nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio (JxC) Mario Negri, quien días atrás rechazó la iniciativa oficialista.

“Parece que fue hace mucho. Pero el kirchnerismo aún sostiene el patético juicio político a la Corte Suprema. Dos de los jueces supremos ya respondieron.

“Como dijimos desde la oposición: el oficialismo violó garantías, uso pruebas truchas y apretó testigos”, acusó el legislador.

Las críticas de la oposición se dieron luego de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazaron el juicio político en su contra y advirtieron sobre la posibilidad de que el proceso afecte la independencia judicial.