Estaban acusados de utilizar dinero proveniente del narcotráfico para la compra y venta de vehículos. La Cámara de Apelación dictó la falta de mérito, pero aún siguen investigados. Los defensores exigen que se les devuelvan los rodados decomisados.
En el marco de la investigación conocida como “Lavado total”, la megacausa de narcotráfico y lavado de activos en la que se decomisaron más de 200 vehículos y se imputaron a decenas de personas, la Cámara Federal de Apelaciones revocó los procesamientos para un grupo de gitanos que están acusados de haber comprar rodados con dinero proveniente de la venta de droga.
El abogado defensor particular Raúl Ruiz, quien representa a Sebastián Demetrio, informó a LA CAPITAL que la Cámara, además de revocar el procesamiento de su cliente por falta de mérito, también revocó el decomiso de los 15 camiones que le habían secuestrado en su momento.
Ante esta situación, el abogado Ruiz exige a la Justicia la “inmediata” devolución de los camiones en “depósitos provisorios”, para que “no se sigan deteriorando”. “Mi cliente no podrá venderlos, pero al menos estarán bajo techo en un galpón”.
El abogado defensor explicó que Demetrio “vive de comprar y vender vehículos” y que los jueces, por la manera en que actuaron en esta causa, “parece que desconocen la realidad de los gitanos. Lo hacen de toda la vida, de generaciones”.
“Hay una estigmatización contra los gitanos, los han discriminado totalmente”, expresó Ruiz y no descartó la posibilidad de presentar una denuncia en el Inadi.
“Los gitanos se conocen todos en Mar del Plata. A mi cliente lo vinculan porque un día estaba sacando los camiones de su galpón y pasa el hijo de Hugo “Coco” Esteban (NdE: principal sospechoso de liderar una banda que lavaría activos del narcotráfico con la compra y venta de vehículos de alta gama) y se pone hablar. Un policía federal que estaba vigilando los ve, lo incluye en la causa y le secuestran los vehículos”, explicó el abogado.
Ruiz consideró que “si bien la hipótesis puede ser cierta, no hay prueba que avalen esa hipótesis” y explicó que por tal motivo “se revocó el procesamiento y se dictó falta de mérito: no hay elementos suficientes para dictar el sobreseimiento, pero tampoco hay para procesarlo”.
“Mi cliente económicamente fue muy perjudicado, ya que no pudo disponer de sus camiones que tenían un valor de casi 800.000 pesos cada uno”, explicó finalmente.
Con respecto a los vehículos, al igual que lo hizo en otros casos vinculados a la misma causa, la Cámara resolvió revocar parcialmente la medida de decomiso preventivo de los camiones, manteniendo el secuestro de los automotores únicamente con fines probatorios.
Un caso particular y testigo
La situación de Sebastián Demetrio es testigo entre los gitanos que habían sido involucrados en la causa “Lavado Total” y que la Cámara ordenó que se revocaran sus procesamientos. Sin embargo, esta medida no afecta a todos los imputados, ya que en algunos casos sí fueron confirmadas las imputaciones.
Según el fallo de la Cámara de Apelaciones, a la policía federal había allanado un galón perteneciente a Demetrio y en ese lugar lo habían aprehendido y secuestrado 15 camiones. Para el juez Santiago Inchausti existía razones suficientes para procesarlo por encontrarlo prima facie “coautor penalmente responsables del delito de lavado de activos agravados, por ser realizados con habitualidad, y como miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”.
Entre los elementos probatorios encontrados por el juez Inchausti, se encontraban informes de la AFIP en los que no se hallaba inscripción alguna para la actividad de compra y venta de camiones; informes de Migraciones con numerosas salidas del país por pasos fronterizos a Brasil y Uruguay con regreso en el mismo día e informes financieros.
Sin embargo, para la Cámara la prueba señalada “resulta insuficiente” a fin de alcanzar el grado de certeza necesario para vincularlo con las maniobras de lavado investigadas y considera que “en el presente estado de la investigación” no es posible vincular a Demetrio de forma razonable con las operaciones derivadas del narcotráfico.
Por estos motivos es que la Cámara Federal de Apelaciones resolvió revocar el procesamiento de Sebastián Demetrio y en su lugar dictar la falta de mérito para procesar o sobreseer al hombre por el delito de lavado de activos. Es decir, si bien revocaron el procesamiento aún sigue investigado.
La causa
Las investigaciones se habían iniciado en relación a la captura, en febrero de 2013, de Juan Manuel Mariscal, a quien la policía lo sorprendió en la Autovía 2 trasladando 150 kilogramos de cocaína de máxima pureza.
Mariscal fue condenado a 7 años de prisión, pero lo más trascendente surgió a partir de la mirada que se echó sobre los bienes. En junio de 2014, tras el fallo, evidenciaron que “al imputado se le detectó una estructura económica grande y que se encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama”.
Ello dio lugar a otra causa que se tramitó ante el juez federal Santiago Inchausti, conocida como “Lavado Total”, en la que se puso foco en la manera en que el narcotráfico podría reinsertar el dinero en el circuito económico formal.
Para los investigadores, la maniobra consistía en inyectar dinero en el mercado de la compra y venta de automóviles.
Los administradores de esos activos se habrían contactado con la comunidad zíngara en Mar del Plata, conocida por su actividad en ese rubro.
Esta hipótesis establece los roles y modus operandi de la banda. Plantea, por un lado, la existencia de un grupo liderado por Hugo Alberto “Coco” Esteban y su entorno de la comunidad gitana, que se dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para ello un comercio clandestino con la fachada de concesionarias o galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo o control fiscal. El otro grupo detectado, liderado por Juan Manuel Mariscal y su entorno, se dedicaría al comercio de estupefacientes.
Para los investigadores este negocio de la compra y venta de los automóviles configuraría la relación entre todos los imputados, dado que habría elementos probatorios que darían cuenta del intercambio comercial entre los distintos integrantes de cada grupo sin ningún tipo de registración, facturación o trámite de tributario.