Por Fernando del Rio
Ese expediente empezó en las mesas de dinero y las casas de cambio de Mar del Plata, en los mínimos “arbolitos, y allá por septiembre de 2016 llegó a su momento cumbre con decenas de allanamientos. Fue cuando se alteraron los ánimos en la city marplatense. La Justicia Federal había avanzado tanto en la investigación de maniobras de intermediación financiera que logró allanar casas de cambio, “cuevas”, domicilios particulares, escribanías. Se la conoció como la causa de los “Arbolitos”, aunque se trataba de algo mucho más grande que simples cambistas, a tal punto que se halló una conexión con bancos de Andorra que revelaron la existencia de 80 millones de euros vinculados al ex secretario presidencial Daniel Muñoz.
Mesas financieras y capitales derramados del erario público a escondidas fueron en ese caso el origen de los dineros, pero en Mar del Plata una importante cantidad de otras causas por lavado de activos tuvo su inicio en distintos delitos: desde el narcotráfico a la trata de personas e incluso, como se conoció en las últimas horas, a las maniobras de subastas judiciales.
El lavado de dinero parece haber encontrado en esta ciudad un escenario ideal en el cual desarrollarse en los últimos años y la Justicia Federal, a partir del trabajo del Ministerio Público y del juez Santiago Inchausti, se convirtió en su contraparte, en un proceso histórico que recién comienza y que hasta el momento contabiliza una sola condena.
La política que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general Daniel Adler y la fiscal Laura Mazzaferri, junto al juez Inchausti, es la de investigar de forma automática el lavado de dinero en todas aquellas causas en la que hay una criminología económica evidente, más allá del delito que origina las ganancias iniciales.
Días atrás se supo que los integrantes de La Liga, ese grupo de personas acusado de dominar por métodos violentos las subastas judiciales, serán investigados por lavado de dinero, en un nuevo desafío para la Justicia Federal que deberá analizar miles de hojas de documentación, boletos de compra y venta de propiedades, decenas de discos rígidos, facturas, contratos de alquiler, cesiones de derechos y, principalmente, informes de entidades bancarias sobre las cuentas de los distintos involucrados.
Juez federal Santiago Inchausti.
La investigación del lavado de activos es de las más complejas y profusas, en sintonía con todas aquellas que buscan descubrir delitos financieros, tributarios o contables. Por eso es que los tiempos para llegar a juicio y lograr una condena se extienden por años. Para tener una noción aproximada es preciso recordar otra de alto impacto en Mar del Plata: la causa Anses.
En ese expediente el juez Inchausti y la fiscal Mazzaferri, además de llevar a juicio a los abogados y escribanos involucrados en la megaestafa con trámites jubilatorios por el delito de asociación ilícita, abrieron una causa por lavado de dinero. Superar el mero estado de sospecha supuso clasificar gran cantidad de documentación. El allanamiento al estudio jurídico de la avenida Paso donde tenía su centro de operaciones este grupo duró una semana, acaso un récord en estas tierras. Una semana de allanamiento, interrumpido solo de noche, para obtener, discriminar y registrar todos los documentos contables. De allí salió gran parte de la información que hoy se usa como punto de partida en la causa por presunto lavado de dinero.
El estudio jurídico Organización Previsional SRL fue allanado durante 1 semana.
En la actualidad se contabilizan varias investigaciones por lavado de dinero, algunas de ellas en estado más avanzado que otras. La causa de los Arbolitos atravesó distintas instancias, apelaciones, reclamos y terminó en la recusación del juez Inchausti de parte de uno de los imputados. No obstante, todo lo actuado hasta el momento, toda la prueba acusatoria, está vigente y bajo la competencia del juez Alfredo López.
Otros expedientes resonantes en los que la Justicia investiga lavado de dinero son los que surgen de delitos como evasión impositiva. En Mar del Plata una causa conocida es la del ya desaparecido boliche Sobremonte, cuyos responsables fueron procesados por evasión tributaria y asociación ilícita fiscal como delitos precedentes al lavado.
El lavado de dinero está penado, según el artículo 303 del Código Penal argentino, con 3 a 10 años de prisión y una multa que puede ser de 2 a 10 veces el monto de la operación. Por esto último es que los embargos suelen ser multimillonarios, ya que esa es la forma que tiene la Justicia de asegurarse el pago, generalmente a través de propiedades y vehículos.
En la jurisdicción Mar del Plata, en los últimos meses, se aplicó por primera vez el decomiso anticipado y definitivo (14 vehículos) confirmado por la Cámara de Casación Penal. Esas camionetas y automóviles fueron puestos al servicio de la comunidad en distintas dependencias del Estado.
Dinero narco
Juan Manuel Mariscal y su hijo Martín fueron los principales condenados de la banda dedicada al tráfico de drogas en Mar del Plata. En 2013 el padre fue sorprendido con 150 kilogramos de cocaína en la Autovía 2 y a partir de esa investigación se logró bucear en las profundidades patrimoniales de sus miembros. Así se descubrió una operatoria de lavado que concluyó con el operativo “Lavado Total”. Entonces se establecieron vínculos del clan Mariscal con la comunidad zíngara en las maniobras de compra y venta de vehículos.
Los Mariscal y otras siete personas fueron condenados por el delito de lavado de activos con penas de 6 meses a 6 años de prisión.
Esa fue una de las causas en las que se investigó el lavado de activos provenientes del narcotráfico, pero no fue la única. Hay otras en proceso de ir a juicio como la de la Banda de Cato, también con vínculos con la comunidad gitana. En los allanamientos de febrero de 2018 que desarticularon esa organización se secuestraron 60 kilogramos de marihuana y 52 automóviles. Para la Justicia está semiplenamente probado en la causa 16862/2014 que al menos ocho de los miembros de esa banda liderada por Carlos “Cato” Giménez participaron de las operaciones de lavado de dinero por medio de la compra de automóviles.
Droga secuestrada a la banda de Cato.
El operativo Poseidón sacó de funcionamiento a una banda local ligada al narcotráfico y según la fiscal Mazzaferri su líder, Sergio Salas, lavó grandes cantidades de dinero. De hecho se secuestraron decenas de rodados, se clausuró una agencia de automóviles y están incautadas propiedades millonarias, algunas de ellas en el lujo barrio Los Troncos. Esa causa es la 12017244/2012 y tiene a otras siete personas procesadas.
El juez Inchausti también investiga el lavado de dinero en la causa “Dolar Blanco”, que tiene a Gastón Russo como el principal detenido. A Russo y a una parte de su grupo familiar se lo acusa de actividades ilícitas con dinero falso y también con drogas enviadas a Estados Unidos.
En otras causas por lavado aparece como delito anterior la trata de persona y así es como se iniciaron los expedientes relacionados a dos conocidas casas de servicios sexuales como Madaho’s y La Posada. En el caso de esta última el principal implicado Aníbal Sosa también está imputado como integrante de La Liga. La Posada era un prostíbulo de la calle 11 de septiembre y la investigación determinó que un hotel de varios pisos, lindante al bar de tragos, pertenecía a la misma organización. Hoy ese edificio está embargado por la Justicia Federal.
La asombrosa investigación que reveló el accionar de la secta yogui liderada por Eduardo de Dios Nicosia, conocido como el Swami Vivekayuktananda, también llevó al juez Inchausti a impulsar la pesquisa por lavado de activos, en coordinación con la Procelac y la fiscalía interviniente.
Salvo el del clan Mariscal, en los demás casos hay un proceso vigente y se trata de hipótesis con un más que factible destino de juicio y condena.
Complejidad
Las investigaciones por lavado de activos no son sencillas. En la causa “Arbolitos” se debieron pedir datos sensibles a Andorra, un país que hasta el verano de 2018 era considerado un paraíso fiscal. Esas averiguaciones de la Justicia Federal de Mar del Plata terminaron en los Tribunales de Comodoro Py, donde se pudo entender solo una parte de las maniobras del ex secretario kirchnerista Daniel Muñoz.
La Justicia Federal investiga Todisco y Ortiz Municoy compraron un departamento por más de 10 millones de dólares en este edificio de lujo en EEUU.
Muñoz, fallecido en 2016, montó una estructura en Mar del Plata para canalizar sus dineros de procedencia indescifrable (presumiblemente de la corrupción política) al usar al matrimonio local conformado por Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy como gestores y administradores de esos capitales, tal como ellos mismos lo admitieron en sus “arrepentidas”.
Esa causa ejemplifica lo complejo de las investigaciones por lavado. En dichas operatorias suelen desviarse el flujo de dinero hacia otros países, otras jurisdicciones fiscales más convenientes, lo que obliga a los funcionarios judiciales a solicitar exhortos e informes internacionales que en ocasiones tardan más de un año en ser respondidos. Secretos bancarios y financieros son difíciles de superar y cada país exige niveles probatorios diferentes.
Quienes obtienen ganancia de actividades ilícitas necesitan reingresar esos capitales al sistema formal y no son personas improvisadas. Acostumbran contratar contadores, abogados y escribanos de gran nivel intelectual e influyentes, preparados para eludir los controles. Son profesionales, conocedores de todos los atajos y lo hacen con gran precisión para no dejar huellas.
“El problema aparece cuando el dinero empieza a ser usado, disfrutado. Porque de nada sirve ocultarlo”, dice una fuente judicial especializada. “El primer paso es la inversión indica-, la inyección de capitales en propiedades o negocios mediante la utilización de testaferros y sociedades, en muchos casos off shore. Pueden volcarse a rubros como los bienes raíces, la hotelería, los casinos e incluso los colegios privados. Se invierte donde se pueda tener control de maquillar o inflar ganancias. El rubro automotor es muy usado”.
Pero las grietas pueden aparecer en el disfrute, en la ostentación e incluso en cierta relajación de aquellos que, acostumbrados a no tener la ley ni siquiera cerca, cometen errores.
La última gran causa que llega a los escritorios de la Justicia Federal es la de La Liga de compradores. Años de maniobrar a un costado del camino les dio la seguridad de lo intocable. Ahora empieza la lupa de la Justicia a enfocarse sobre los bienes. Ahí se verá el alcance de sus ganancias.