El 70 por ciento de las universidades públicas cuenta con comisiones en las que se buscan soluciones tanto a la accesibilidad académica como de infraestructura de las personas con discapacidad, pero esos ámbitos distan aún de ser inclusivos para este sector de la población, según un informe divulgado este miércoles por la ONG Cilsa.

La falta de inclusión hace que “el 15 por ciento de los jóvenes que logran ingresar a una carrera universitaria no puedan terminarla”, señaló el trabajo realizado al cumplirse los 10 años del programa de becas de Cilsa, organización fundada en 1966 que promueve la inclusión.

El reporte detalló que 42 de las 59 universidades nacionales cuentan con un espacio creado específicamente para la inclusión de estudiantes de este sector de la población.

Pese a ello, indicó que en la Ley de Educación Superior, que rige desde 1995, “no está reflejado el enfoque social de la discapacidad que entiende que las dificultades para acceder y permanecer en este nivel educativo surgen de las barreras físicas y actitudinales presentes en la sociedad y no por las particularidades de la persona con discapacidad”.

“Estamos mucho mejor que hace diez años”, dijo a Télam Paula Rossi, coordinadora del programa de Becas de Cilsa, quien advirtió sin embargo que “persisten dificultades en la accesibilidad más desde el punto de vista académico que de infraestructura, para que una persona con discapacidad pueda estudiar en la universidad y terminar su carrera”.

Rossi destacó que “hace falta bibliografía abierta a personas con discapacidades, digitalizar contenidos y formar a profesores y personal no docente en este aspecto” y añadió que “muchos profesores sabiendo que tienen una persona hipoacúsica en su clase se dan vuelta, lo que impide a esos jóvenes hacer una lectura labial de sus palabras”.

CILSA hizo hincapié en el informe en el desfase normativo que existe entre la Ley de Educación Superior y la Convención de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde el 2006.

“Es fácil adaptar los baños o poner aros magnéticos, pero si eso no va a acompañado de personal docente y no docente formado en estas temáticas, no estamos logrando la inclusión tal como indica la Convención”, dijo Rossi.

Juieta Carricondo, ex becaria de Cilsa y egresada de la carerra de Bioingeniería de la Universidad de Mendoza, se preguntó “qué tan inclusiva y accesible es la educación superior”.

“No me refiero a los edificios sino a qué tan preparado está el sistema educativo para que personas con distintas capacidades nos sentemos en sus aulas; si la respuesta no es muy preparado o lo suficientemente preparado, a veces la carrera universitaria la estamos empezando con desventaja”, opinó Carricondo.

Para Rossi “estamos mucho mejor. Hay docentes y no docentes que están entendiendo que hay una diversidad en la persona humana y la necesidad de adaptar métodos de enseñanza que redunden en mejoras en los aprendizajes de personas que no tienen discapacidades”.

Aunque, insistió en que “aún así hay problemas de discriminación y profesores que terminan desalentando a estos estudiantes”.

“Si la mitad de los jóvenes dejan el nivel medio eso también repercute en los jóvenes con discapacidad, cuya expectativa de ingresar a una universidad es en consecuencia mucho menor”, precisó la integrante de Cilsa, quien se refirió a los profesores que “no dejan entrar al aula a un intérprete en lengua de señas para personas hipoacúsicas”.

Rossi precisó que “digitalizar los contenidos para personas con discapacidad visual y permitir la lectura labial o el ingreso de un intérprete, son algunos de los apoyos que necesitan. Ellos precisan que esté garantizado poder acceder a la información, a los textos, para poder estudiar con profesores formados en estas temáticas”.

A esto hay que sumarle “la dispersión de la normativa del ámbito educativo, el ámbito universitario y las relativas a la discapacidad, que no se encuentran interconectadas entre sí, lo que genera una situación de inseguridad jurídica y de desconcierto”.

Aquí están implicados “todos los agentes que intervienen en el proceso que se inicia en el momento en el que la discapacidad entra a la universidad”, concluyó el trabajo.