Por Ramiro Melucci

Los ojos del Presidente se posan en Córdoba. En esa provincia que fue un bastión para su elección en 2015, una interna feroz podría sentar un precedente amargo de cara a su reelección. Mario Negri, el radical que preside el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, es el candidato elegido por la Casa Rosada. Ramón Mestre, intendente de la capital provincial y titular de la UCR provincial, busca desafiarlo en una interna que en el Gobierno ven perjudicial. 

En el entorno del diputado nacional Guillermo Montenegro, que todavía no dice a viva voz que es candidato a intendente, ven en aquel desafío ciertas similitudes con la campaña de Maximiliano Abad. Cerca del radical niegan que el lanzamiento haya sido una aventura personal. Si avanzó como lo hizo, insisten, es porque hubo una venia de Gobernación.

Las tensiones con la UCR atraviesan las jurisdicciones. La próxima Convención Nacional, que se reunirá a fines de abril o principios de mayo, será un muestrario de las diversas posturas que alimentan el internismo en el centenario partido. Confluirán los que buscan ratificar la alianza Cambiemos con los que quieren deshacerla. Los que impulsan una PASO con candidato propio para competir con Mauricio Macri y los que suponen que eso afectará el liderazgo presidencial. También dirán presente los que insinúan la necesidad de que el candidato a vicepresidente sea un radical y no Carolina Stanley o Patricia Bullrich, los que solicitan la continuidad de Daniel Salvador al lado de María Eugenia Vidal y los que reclaman PASO en algunos distritos.

Federico Storani, el vicepresidente de la UCR, hizo su propio paralelismo: dijo que en Córdoba compiten dos radicales, como si acá lo hicieran únicamente Abad y Vilma Baragiola. Y aprovechó para deslizar que el Gobierno no quiere una PASO en Mar del Plata sino imponer su candidato.

El vínculo del gobierno de Carlos Arroyo con el radicalismo está acaso en su peor momento. Después de que el bloque de la UCR lograra imponer la continuidad de Guillermo Sáenz Saralegui al frente del Concejo Deliberante, la relación se agrietó más de lo que estaba. Los rumores de cambios en el gabinete fueron agobiantes durante toda la semana. Sostenían que el intendente iba a echar a todos los radicales del gabinete en represalia a aquella votación en la que el arroyismo quedó desdibujado. Pero el último día de hábil de la semana Arroyo se mostró campante con el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, durante la supervisión del programa de compactación de vehículos.

El jefe comunal habría manifestado, en cambio, su intención de remover a segundas y terceras líneas. Sobre todo a quienes responden a concejales radicales. “Ya hubo otros intentos y no pasó nada, pero puede pasar en cualquier momento”, admiten en el bloque de la UCR. Allí entienden que cualquier movimiento en ese sentido se convertiría en un búmeran para Arroyo, que necesita sumar voluntades en el Concejo para encaminar diversos expedientes.

El más urgente es el boleto. En los últimos días de la semana pasada ganó terreno en el cuerpo la postura de delegarle al intendente las facultades para fijar la tarifa. Una señal en ese sentido pareció la decisión del radical Martínez Bordaisco de no incluir el expediente del boleto en el orden del día de la reunión de la comisión de Legislación convocada para mañana. Arroyo se manifestó en contra: quiere que actúe el Concejo.

“Avanza la idea de delegarle las facultades al intendente”, dijeron desde el radicalismo el viernes, cuando ya Arroyo se había pronunciado y la UTA ratificaba su advertencia de que mañana tomará medidas de fuerza si no les pagan a los choferes el sueldo completo. Los empresarios alertaron desde que comenzaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo que no pagarán un plus salarial si no hay aumento de boleto. La encrucijada no es nueva, pero nadie quiso resolverla antes del límite que puso el gremio.

Arroyo insiste en que el reclamo empresarial es justo. También dice que hay que considerar las necesidades de los usuarios. Sugirió que el boleto no debería escalar más allá de los $ 18,81, el precio que aprobó la comisión de Transporte. Y que los concejales, que “son inteligentes”, sabrán tratarlo.

El elogio hasta podría interpretarse como una cargada. Lo pronunció en la misma semana en que se conoció la decisión de su gobierno de presentar una nueva acción en la Suprema Corte de Justicia bonaerense contra el Concejo. Esta vez para que se declare inconstitucional la ordenanza que restableció la forma original de cálculo de la bonificación docente.

En los bloques hubo cautela. El cuerpo no fue notificado de esa maniobra que configuraría una nueva estrategia judicial del Ejecutivo. Solo la bancada radical, para variar, presentó un proyecto para que el gobierno explique por qué se excluyó en las presentaciones judiciales al área Legal y Técnica del municipio y se contrató a un abogado platense. También pidió un detalle de los gastos y honorarios que habrá que pagar y de las partidas presupuestarias en las que estarán contemplados.

El intendente también necesita al Concejo para avanzar con el aumento de tasas, el presupuesto, el cálculo de gastos y recursos de OSSE y la prórroga de las concesiones del transporte. Un quiebre definitivo con el radicalismo, que se produciría en caso de despidos masivos de funcionarios, pondría en riesgo toda esa agenda.