Las numerosas “correcciones” que la gestión del intendente Carlos Arroyo se vio obligada a realizar en sus proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva no fueron suficientes para evitar que con la implementación de ambas normas comenzaran a generarse múltiples conflictos.

A poco de que estas ordenanzas entraran en vigencia, ya surgieron quejas por el efecto de varias de las medidas recaudatorias promovidas por el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

A pesar de que los concejales intentaron amortiguar el impacto de algunas de las subas propuestas originalmente, los contribuyentes ya están recibiendo las boletas de la Tasa de Servicios Urbanos, las cuales registran aumentos muy superiores al “24%” que en su momento había prometido aplicar el intendente Arroyo.

Si bien por la forma mediante la cual se calcula el tributo las variaciones en cada cuenta son dispares, ya se registran casos en los que los incrementos superan holgadamente el 300%, con subas que para los terrenos baldíos superan hasta el 1.000%.

Además de recibir este inédito aumento, los contribuyentes también están recibiendo una nota en la cual se les aclara que durante lo que resta de este año deberán abonar todos los meses una cuota adicional, para compensar las diferencias no abonadas durante el primer semestre.

No obstante uno de los conflictos más notorios pasa por los fuertes aumentos aplicados en la Tasa por Conservación, Mejorado y Reparación de la Red Vial, que provocaron que desde este mes los propietarios de campos del Partido comenzaran a recibir boletas con valores de entre un 300% y 400% superiores a los del año pasado.

Otro de los planteos en contra de la política recaudatoria de la gestión de Arroyo se relaciona con la suba de casi el 5.000% aplicada sobre los derechos de extracción de piedra y minerales.

En este caso la medida tuvo un efecto perjudicial hasta para el propio municipio, ya que las canteras que le proveen granza anunciaron que, debido a que el valor del tributo pasó de $2 a $100 pesos por tonelada, ya no podrán seguir suministrando material para el arreglo de calles.

De hecho una de esas empresas ya desistió de continuar participando de una licitación convocada por el Ente Municipal de Vialidad, mediante la cual el organismo propuso adquirir granza a un valor de 204 pesos por tonelada.

Los conflictos causado por las medidas mediante las cuales Mourelle pretendió enderezar el descalabro presupuestario de la gestión de Arroyo no son nuevos, sino que se originaron en octubre pasado, ni bien el funcionario presentó sus proyectos fiscal e impositivo.

Ambas iniciativas despertaron críticas generalizadas debido al intento de eliminar excensiones, gravar las exportaciones e imponerle el pago de un tributo a la actividad frutihortícula.

El secretario también intentó que los profesionales colegiados e independientes comenzaran a pagar Seguridad e Higiene y exigir que los martilleros empezaran a pagar 50 pesos por día por la exhibición de carteles de compraventa en la vía pública. Básicamente, debido a la las quejas presentadas ante el municipio, la intervención de la Provincia y la actuación de algunos concejales, la implementación de todas esas medidas fracasaron.

El funcionario recibió la exigencia de rehacer los proyectos, aunque al momento de cumplir con esa tarea no lo hizo en su totalidad.

De hecho, la propuesta de aplicar una fuerte suba en la TSU llegó “intacta” al Concejo, donde el radicalismo hizo algunos cambios para tratar de otorgarles un alivio a los contribuyentes.

Sin embargo las modificaciones de la UCR, con cuyos concejales Mourelle asegura mantener un pésima relación, parecen no haber disminuido demasiado el efecto del aumento de tasas sobre miles de vecinos.

Ahora y a partir de la implementación de las normas recaudatorias, comienza a quedar en evidencia que varia disposiciones que no fueron sometidas a corrección terminaron dando lugar a incrementos que, según reconocieron algunos concejales oficialistas, están resultando “desmesurados”.

La Comisión de Hacienda convocó al funcionario

Frente a las quejas planteadas por los productores rurales de Mar del Plata por el fuerte aumento que registró la Tasa por Conservación, Mejorado y Reparación de la Red Vial, la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante convocó para hoy a varios funcionarios del Ejecutivo, entre ellos al secretario de Economía, Hernán Mourelle, para que expliquen los fundamentos de esa medida.

Según denunció la Sociedad Rural, debido a la las modificaciones aplicadas este año en la ordenanza impositiva, los propietarios de campos de la zona comenzaron a recibir boletas con valores de entre un 300% y un 400% superiores a los del año pasado.

Según plantearon los dirigentes de la entidad, esos montos hacen que su actividad sea “inviable” por lo que reclamaron soluciones frente a una suba que calificaron de “desproporcionada”. Se espera que a la reunión, convocada para las 10, también asistan el secretario de Desarrollo Productivo, Massimo Machiavello y el presidente del Ente de Vialidad, Pablo Simoni.