Por Jorge Raventos

Dentro de quince días, ya atravesada la encrucijada cruel del cuarto oscuro (se verá con qué saldo), el gobierno deberá afrontar un desafío más exigente que las urnas. Por el momento ese tema se ve postergado por la necesidad de contener (o al menos disimular) las diferencias internas hasta el comicio.

A partir de aquel día tendrá que zanjar de manera inequívoca el rumbo inmediato de la administración, lo que no necesariamente equivale a disipar todas las ambigüedades, pero sí a comenzar a definir un liderazgo y una política, tras la crisis con la que las primarias de septiembre castigaron al sistema de poder hasta allí vigente.

La derrota en las PASO empujó a asumir protagonismo a los llamados poderes territoriales, al movimiento obrero y a los movimientos sociales pero, aunque comenzó a insinuarse un cambio (viaje de Juan Manzur a Estados Unidos e insistencia en que se cerrará el acuerdo con el FMI, conversaciones de Gustavo Beliz con la administración Biden; acto autónomo de la CGT con consignas que apuntan a reclamar acuerdo nacional y una política de producción y trabajo, de empleo genuino en lugar de planes; levantamiento del cepo a la exportación de carne, entre otras señales), todavía no hay una formulación categórica que exprese esos cambios.

Una ventana de oportunidad

El tema crucial, el gran separador de aguas, se llama acuerdo con el FMI. El país tiene apenas unas semanas después del 15 de noviembre para tomar la largamente pospuesta decisión. A partir de abril, el año 2022 incluye vencimientos por más de 19.000 millones de dólares. Y 2023 tiene una exigencia del mismo monto. Pero antes de abril -en marzo- hay un vencimiento por 3590 millones de dólares. Los compromisos son impagables sin acordar con el Fondo una reprogramación: la falta de acceso del país a financiación en los mercados internacionales determina esa imposibilidad.

En los últimos días desde el Gobierno y desde el ala “cristinista” del oficialismo se han exteriorizado posturas que parecen rechazar, más que el acuerdo en sí mismo, las condicionalidades que previsiblemente impondría el Fondo.

Debe, sin embargo tomarse en cuenta que aún se transita la campaña y que el discurso puede ser más un producto para consumo del público propio que una toma de posición duradera. Fernández no conversó el sábado, en Roma, con Kristalina Georgieva usando el tono y las consignas que empleó en el reciente homenaje a Néstor Kirchner. Y hasta quienes le diagnostican a la señora de Kirchner la enfermedad del ideologismo admiten que ella sabe retroceder cuando comprende que el horno no está para bollos. Lo cierto es que sin acuerdo con el Fondo -cuanto antes mejor, no después del primer trimestre del año próximo- el país pasaría a convertirse decididamente en paria internacional, como dictaminó esta semana el prestigioso analista Ricardo Arriazu. La estructura empieza a crujir: la inflación no para, pese a los controles; el peso sigue perdiendo valor frente al dólar, con o sin cepo.

Afortunadamente, por detrás del escenario electoral se puede detectar una convergencia de fuerzas que -cada una desde su perspectiva, aunque algunas de ellas interrelacionadas- trabajan para evitar que la Argentina se interne por ese camino de aislamiento y decadencia. Es plausible pensar que esa composición de factores contribuirá a que, a partir del 15 de noviembre, en la coalición oficialista prevalezca la influencia de los sectores más racionales y empiecen a perfilarse con claridad un nuevo liderazgo y un programa adecuado a las circunstancias. Es decir, en condiciones de garantizar gobernabilidad y crecimiento durante los dos años que restan del actual gobierno.

El otro también juega

Esta perspectiva requiere no solo que las fuerzas del oficialismo ordenen sus divergencias y definan una conducción que les permita superar el marasmo que las primarias revelaron, sino también que en el conglomerado al que suele designarse taquigráficamente como “la oposición” prevalezcan los sectores más responsables.

Es interesante comparar situaciones análogas. Un libro de aparición reciente (“Diario de una temporada en el quinto piso”) ofrece testimonios de primera mano sobre las vicisitudes del gobierno de Raúl Alfonsín y del equipo económico que conducía Juan Vital Sourrouille ante la necesidad de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y llevar adelante un programa antiinflacionario resistido por la mayor parte del oficialismo de entonces (la UCR que el propio Alfonsín inequívocamente conducía).

El autor del libro, el sociólogo Juan Carlos Torre, formaba parte del núcleo central del equipo de Sourrouille y da cuenta de esa etapa, basándose en notas y registros grabados por él al calor de los acontecimientos. En un punto particularmente interesante menciona una reunión entre el ministro y uno de los líderes del peronismo parlamentario de entonces, Diego Guelar, quien le explicó a Sourrouille que su función en el Congreso “es dedicarme al ataque”, pero le pidió, simultáneamente, “que haya una línea de comunicación entre usted y yo con independencia del papel que debemos jugar para la vida pública”.

Torre resume: “Nuestro interlocutor fue muy franco y dejó planteada una cuestión a mi juicio relevante: la necesidad de trabajar en común, aun en las sombras”, algo a lo que él mismo adhiere y llama “sotto governo”, empleando un término italiano en el sentido de “pactar el disenso y hacerlo de manera informal” (…) aunque “no nos quede otra que aceptar la regla de la mayoría y el espectáculo del oficialismo y la oposición enfrentados…”

En una Argentina de tonos frecuentemente alterados, donde la lógica de los medios y el arrebato virósico de las redes sociales parecen premiar las poses intolerantes e intransigentes o las declaraciones más inflamadas y mortificantes, donde la conversación y los acuerdos son reemplazados por la judicialización de las diferencias, el escenario que describe Torre parece lejano: lo que pinta es un aspecto central de la actividad política, la búsqueda de mutua comprensión y de soluciones prácticas, así esa convergencia contradiga en primera instancia los reflejos belicosos de algunos colectivos que determinan la opinión pública.

En muchas ocasiones esa búsqueda política obtiene un premio tardío: es admitida después de que alguna gran crisis ya se ha desatado y cuando las medicinas que antes eran rechazadas a priori pasan a considerarse menos agresivas que las que la crisis proporciona sin receta alguna.

A partir del 15 de noviembre veremos si también esta vez hay que pagar ese precio.