En la investigación de “La Liga” aparecieron varias sociedades de curiosa conformación, como la llamada “Chaca 2015 en formación SA”. Esa sociedad, amén de compartir dirección legal con otras, se constituyó el 3 de febrero de 2015 antes de las 10.41, horario de inicio de una subasta en la que finalmente se quedó con un gran terreno de Chacabuco y Tierra del Fuego por un total de 3.551.000 pesos.

Lo sospechoso es que el capital social inicial era de 100 mil pesos, desconociéndose el origen del dinero con el que minutos después se afrontaría el pago de seña, gastos y honorarios (cerca de 64 mil dólares).

Esa sociedad, de acuerdo a la investigación rubricada por el fiscal Alejandro Pellegrinelli y el juez de garantías Saúl Errandonea, estaba integrada Fernando Roberto Larluz, siendo sus consocios Ricardo Mariano Napp, Sandra Fabiana Accetta, Agustina Napp, Jorgelina Alegro, Valentín Fumaroni, Horacio Daniel Taccone, Analia Victoria Sansevero y Diego Julián Vespa.

Esa procedencia desconocida de los fondos, junto con otras subastas en donde se compró a comisión de personas procesadas por el tráfico de drogas, respaldan la posible comisión del delito de lavado de dinero para la compra de propiedades solo atribuido a los integrantes de “La Liga”.

Por ejemplo, otra de las sociedades involucradas es The Tides Corp, integrada por Diego Larluz y uno de cuyos socios es el financista Daniel Fumaroni, investigado en su momento  por la Justicia Federal por ser parte del directorio de la casa de cambio “La Monetta.

Las dos organizaciones

La investigación posibilitó dar con dos organizaciones diferenciadas. Una de ellas, La Liga, propiamente dicha, conformada por abogados, martilleros, agentes inmobiliarios, comisionistas. Este grupo está acusado de la perturbación y manipulación de subastas judiciales.

La otra organización es la originaria, la que empezó a investigarse en la Justicia Civil hace varios años y que luego derivó en el ingreso en la escena de la Justicia Penal. Se trata del grupo familiar encabezado por Adolfo Salminci que, para la fiscalía N°5, se erigió como una asociación ilícita que cometió varios delitos, desde estafa procesal hasta posible lavado de dinero.

En el año 2017 un fallo de la Justicia Civil anuló el remate de una cochera del edificio Semar XI obtenido por Salminci y pidió investigar todo aquello que rodeaba a las subastas. De allí surgieron dos causas: la del episodio Semar XI que ya está elevada a juicio y tiene imputados a los integrantes de la familia Salminci, y la otra, que hoy tiene su eclosión con este mega operativo.

En esta, a su vez, hay dos líneas acusatorias marcadas: la Liga y el grupo Salminci, por manejar ilegalmente subastas y por apoderarse de unidades funcionales del edificio Semar XI, respectivamente.

Vale decir que para la Justicia el Grupo Salminci obtuvo sus beneficios por “articular” con la Liga en las subastas.