Las empresas de transporte público de pasajeros del distrito atraviesan una grave situación económica derivada de la aplicación de las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por los gobiernos nacional, provincial y municipal en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Fuentes del sector advirtieron que el aislamiento social, preventivo y obligatorio generó una abrupta caída de los pasajeros transportados y, en consecuencia, de la recaudación.

Un análisis efectuado a nivel global sobre información estadística de las empresas locales arrojó que, comparativamente con días anteriores a las primeras restricciones, el nivel de actividad mostró una estrepitosa caída, llegando a tocar un piso nunca antes visto: mermas en el orden del 90%.

Las empresas fueron adecuando la prestación de los servicios ante tal realidad, reestructurando las frecuencias conforme las exigencias del contrato de concesión vigente y con interacción con el organismo de contralor en la materia a nivel municipal.

Dado que las actividades esenciales exceptuadas de la cuarentena requieren el servicio de transporte público para que sus trabajadores se trasladen a los puestos de trabajo, la oferta de servicios tuvo que sostener un ritmo, pero el ingreso no logra cubrir los pagos que deben efectuarse para abastecerse del combustible que los recorridos consumen.

Toda esta caída en la actividad provocó un desfasaje económico financiero en las empresas, ya que comienza a verse en peligro el cumplimiento normal y habitual de las obligaciones asumidas: las compras de gasoil deben ser abonadas de contado, las remuneraciones a fin de mes deberán ser saldadas en tiempo y forma, las compras de bienes y servicios financiadas a través del sistema bancario (cheques diferidos) y cuyos vencimientos operen de aquí en más también verán peligrados su posibilidad de cobertura.

Esto, según alertaron en Cametap, lleva a las empresas a sobrevivir con los remanentes de fondos disponibles en un corto plazo y a la espera de futuras partidas en concepto de subsidios que mensualmente se perciben, pero que representan no más del 40% de los fondos totales que gestionan tales compañías.

La situación no solo les impide obtener una ganancia razonable de la explotación del servicio público, sino que implica gran pérdida del orden de los $ 350.000.000 mensuales.

Las empresas debieron recurrir al financiamiento bancario para poder enfrentar el pago de salarios, pero las cuotas que luego deberán afrontar estarán sujetas a la recomposición del nivel de actividad, escenario poco probable en este contexto.

Por su parte, las partidas gubernamentales en forma de subsidios se están percibiendo cada vez con más retrasos, lo cual termina de completar el cuadro de emergencia del sector. Si bien todas las empresas han solicitado a través de la adhesión al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y Producción del Estado Nacional la ayuda tan necesaria, la misma ha sido denegada atento a que se trata de servicio de transporte urbano regular de pasajeros (y que, al percibir subsidios, invalida el acceso a los beneficios del A.T.P.)

Para la cámara del sector, es menester la declaración del estado de emergencia de la actividad y así promover un eficaz salvataje financiero de los diferentes niveles de gobierno.

La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) ya anunció sobre la “imposibilidad de afrontar las obligaciones salariales pendientes así como también de los meses sucesivos” en tanto se mantenga la cuarentena por el coronavirus.

En un comunicado, describió la “grave situación económico financiera que atraviesa el transporte automotor del interior del país” y habla de un “dramática caída de los ingresos del sector” por el aislamiento obligatorio.

“Las empresas estamos haciendo un gran esfuerzo junto a nuestros más de 33.000 trabajadores para mantener un servicio esencial para la sociedad y deseamos continuarlo, pero en las actuales condiciones será materialmente imposible e inevitablemente generará el incumplimiento de los salarios y la quiebra de las empresas, que son el sostén de tantas familias del interior de nuestro país. Hemos tomado medidas excepcionales en materia sanitaria tanto para los trabajadores como para los pasajeros. Pero, en esta situación, sin asistencia de ninguna clase, las empresas no podremos seguir brindando el servicio”, alertó.

Con estos números, la proyección de las empresas es que la tarifa debería estar a entre $ 45 y $ 50. “El servicio de transporte de pasajeros resulta una actividad esencial, no solo en esta época de pandemia, sino se erige como un servicio público que debe prestarse todos los días para garantizar el normal funcionamiento del resto de las actividades que se desarrollan en el resto de los sectores de la economía tanto local, regional y nacional. Pese a la caída del nivel de actividad, todas las empresas han adoptado las medidas de seguridad necesarias para que tanto nuestros choferes así como también los pasajeros que deban utilizar el transporte lo hagan en las condiciones de salubridad que la situación amerita. Todos los esfuerzos se direccionan en pos de proteger al cliente interno y externo a nuestras organizaciones”, marcaron las fuentes.

“Es por ello que se solicita a todas las autoridades que adopten las medidas con la celeridad y diligencia que esta situación amerita, con el objetivo de promover la sustentabilidad de la actividad hasta tanto se recomponga la demanda, se puedan preservar todos los puestos de trabajo, cumplir con los proveedores de bienes y servicios y afrontar los costos tributarios”, agregaron.