Por Ramiro Melucci

No todo lo que brilla bajo el caparazón del consenso es oro. Los acuerdos para reabrir la ciudad que el gobierno municipal logró con la oposición no tienen un correlato en la evaluación de la situación sanitaria que presenta Mar del Plata. Tampoco, por ahora, en cómo el municipio debe auxiliar a los sectores perjudicados por la pandemia.

Es indudable que la Comisión de Reactivación Económica, integrada por autoridades municipales y concejales de los distintos bloques, ya dio más resultados de lo que todo el mundo imaginaba. Recomendó, siempre por consenso, la apertura de sectores clave de la economía y los deportes. Al punto que convirtió la lectura de las actividades que corresponden a cada fase en material de ficción. Ni su impulsor, Alejandro Carrancio, era tan optimista: hasta dudaba de su legalidad.

El gobierno provincial respaldó ese esquema desde el silencio. Si hubiera echado para atrás cada actividad que estuvo y está desfasada, la Comisión hubiese sido inviable. El organismo es un símbolo del nuevo tiempo de diálogo político: allí está la resolución de la Suprema Corte sobre la bonificación docente como recuerdo del aire conflictivo que respiraba hasta hace menos de un año la ciudad.

Pero el consenso también ha empezado a adquirir pliegues por donde se filtra la discordia. Los abre el delicado contexto en el que ha quedado el país por la pandemia del coronavirus, de la que Mar del Plata no está exenta. El incremento de contagios ocurre cuando la gran mayoría de las actividades están abiertas. Por eso el debate central ya no parece ser qué más reabrir, sino si el sistema de salud alcanzará a atender a todos los que se enferman.  

Para el gobierno de Guillermo Montenegro, la situación está bajo control. Asegura que la cantidad de contagios respecto a la población total no es significativa y que los datos no permiten acreditar que haya transmisión comunitaria del virus. También, que son contados los respiradores en uso y que el 90% de los infectados está alojado en hoteles porque no padece síntomas o los tienen leves.

La gran mayoría de estos conceptos fueron suscriptos por empresarios y gremialistas en un documento en el que manifestaron su “total desacuerdo” ante la posibilidad de que Mar del Plata retroceda a la fase 3, lo que obligaría a cerrar actividades. La oposición ve en ese tipo de pronunciamientos una encerrona al gobierno bonaerense instigada por el local. Cree que esmerilan la posibilidad de alcanzar un diagnóstico común.

En paralelo, Zona Sanitaria VIII y los efectores de salud de la provincia comenzaron a pintar un panorama sanitario diferente del que exhibe el discurso municipal. En lugar de una situación controlada ven un escenario “alarmante” y hablan de la necesidad de evitar un “colapso”. No ponen el foco en el uso de los respiradores sino en las camas de terapia intensiva: las que no son exclusivas para pacientes con covid están al 95% en el Hospital Interzonal. Tampoco coinciden con que Mar del Plata esté tan lejos de presentar transmisión comunitaria como asegura la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

Hay algo claro: ningún funcionario regional de salud o director de hospital habla sin consentimiento ministerial. Es decir que el hecho de que hayan plantado bandera no es fortuito. Párrafo aparte para la falta de reflejos: dijeron todo aquello en una conferencia de prensa en la sede de Zona Sanitaria, donde pocas horas antes se había detectado un caso positivo. Lamentable.

Los Comités Barriales de Emergencia rebaten desde otro ángulo el discurso oficial. Después del anuncio del municipio sobre el inicio del plan Detectar –para testear en los barrios–, advirtieron que lo único que está en marcha es el Cuidarnos, mediante el que se brinda información sanitaria y se intentan detectar síntomas respiratorios. La mirada crítica entronca con la de los bloques opositores en el Concejo Deliberante. En esto coinciden el Frente de Todos y Acción Marplatense, que advierten sobre un panorama “muy grave”.

Hay otras discusiones en curso. A medida que despunta el debate sobre qué temporada de verano tendrá Mar del Plata –la frase del ministro Daniel Gollán sobre su inviabilidad mientras no haya vacuna alteró los ánimos del sector–, en el Concejo hay desacuerdo por la respuesta que tiene que dar el municipio frente a los rubros más castigados por la pandemia. La oposición está convencida de que la que dio el gobierno local es insuficiente. Que se reduce a las reaperturas de actividades, pero no ha establecido otros mecanismos para aliviarles la situación económica.  

Ese es el principal fundamento de los proyectos para reducir, prorrogar o exceptuar del pago de tasas y derechos municipales a establecimientos gastronómicos, operadores turísticos, gimnasios y natatorios redactados por la presidenta la de comisión de Hacienda, Virginia Sívori (Frente de Todos). Un concepto atraviesa cada propuesta: si la Nación y la Provincia ejecutaron medidas para aliviar la situación financiera de esos sectores, como los congelamientos de tarifas y los ATP, el municipio debería ponerse a tono.

El oficialismo marca diferencias en las posibilidades. La Nación puede emitir y la Provincia endeudarse para arrojar esos salvavidas, pero el municipio perdió recaudación, vio disminuir la coparticipación y debe seguir funcionando. Tras la defensa organizó un contragolpe: Agustín Neme reclamó la reducción del IVA y la eximición de ingresos Brutos –un impuesto nacional y otro provincial– para los mismos sectores que Sívori busca beneficiar desde el municipio.

Predomina, sin embargo, la voluntad acuerdista. El oficialismo no desconoce la necesidad de esos gestos, pero avisa que no deben comprometer los recursos municipales. Por lo pronto, las arcas tendrán un alivio después del consenso que alcanzaron el gobierno de Axel Kicillof y la oposición al aprobar la Ley de Financiamiento. El marplatense Maximiliano Abad, jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, fue a uno de los artífices del acuerdo con el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López. Para la comuna implicará hacerse de cerca de $ 100 millones, más anticipos para obras y la postergación de la devolución de los préstamos que otorgó la Provincia.

Hasta allí un capítulo, no la serie completa. Juntos por el Cambio avisó que en el debate del presupuesto provincial reclamará que las sumas del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal sean “no reembolsables”, es decir que directamente los municipios no deban devolverlas. Significaría para Mar del Plata un respiro de $ 235 millones. A eso debería sumarse lo que le corresponderá al municipio del Programa de Emergencia Municipal que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación y pasó al Senado.

El acuerdo por la deuda que alcanzaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, abre otras puertas. El nuevo Procrear, anunciado por el primer mandatario junto a Fernanda Raverta, también genera expectativas. El túnel es largo, sinuoso y plagado de obstáculos, pero una llama parece resplandecer al final.