En este contexto el organismo expresó que “es extremadamente grave y urgente la situación de los detenidos en penales y comisarías de nuestra provincia” al tiempo que sostuvo que “la dolorosa presencia de lo ocurrido en Pergamino debe servir para activar las soluciones de fondo, que vienen siendo postergadas desde hace demasiado tiempo”.
En otro tramo de la misiva que tiene por fecha el 3 de marzo, el Colegio también dio cuenta de la situación de habitabilidad y las condiciones en las que viven los presos en la provincia de Buenos Aires sin dejar de poner el foco en el problema de los ciudadanos que deben cumplir su condena en una comisaría.
“Los penales de nuestra jurisdicción están colapsados, con situaciones de hacinamiento que afectan la dignidad para quienes se encuentran allí alojados. En el mismo sentido, desde hace años viene tratándose la existencia de personas presas en comisarías, con reiteradas iniciativas de los sucesivos poderes ejecutivos, que no han logrado poner fin a esa realidad”, destacaron.
También se refirieron al rol que deben cumplir quienes están encargados de la administración de la Justicia en la provincia y de los puntos que se deben tener en cuenta a la hora de dictar una sentencia. Sobre este aspecto el organismo apunta que “los jueces tenemos una doble responsabilidad que es correlativa: aplicar las sanciones que prevé la ley para que no haya delitos impunes y proteger la vida y la dignidad de los ciudadanos que mandamos detener. Se dificulta cumplir con ambas obligaciones por la disponibilidad infraestructural de la provincia de Buenos Aires”.
Y postula “si mandamos clausurar los penales y las comisarías que no reúnen las condiciones adecuadas, esas personas quedarían en libertad; si no los clausuramos asumimos que sus vidas y su salud estén en riesgo, circunstancia respecto de la cual el Estado tiene responsabilidad moral y patrimonial. Hemos elevados incontables pedidos, exhortaciones y reclamos a los poderes ejecutivos y a la Suprema Corte, sin que esta situación se resuelva”.
Finalmente expresan “hacemos pública esta situación para que los ciudadanos la conozcan, porque este no es un “tema de los jueces”. Este es un problema de nuestra provincia, que nos afecta a todos y estamos convencidos de que es la sociedad quien debe exigir las soluciones, pues las decisiones que adoptemos serán insatisfactorias para quienes consideran que “nadie va preso”, si actuamos en un sentido; o que se están convalidando situaciones que vulneran derechos humanos, si lo hacemos en el sentido opuesto”.