Los recientes incrementos en los combustibles y en los cigarrillos, sumados a la discusión sobre una ley que agrave el costo de los despidos, dejan al desnudo, al menos dos de las fallas estructurales que la clase política dirigente deberá modificar cuanto antes.

El incremento de impuestos a carburantes y tabaco pone de relieve que gran parte de las provincias se dedican a actividades monoproductivas, lo cual genera una gran vulnerabilidad y volatilidad de sus economías.

Está claro que los aumentos mensuales de los combustibles tienen como destino mantener esa producción en el sur y mejorar las arcas provinciales que muestran déficit crónicos.

Cuando se carga combustible, no sólo se mantiene la explotación de hidrocarburos, sino que se pagan impuestos y regalías que tienen como destino a los fiscos provinciales.

Ambas fuentes de ingresos, luego ayudan a mantener al resto de la economía a través de la demanda de bienes y servicios.

La caída del precio del petróleo puso en descubierto la falla estructural de la economía patagónica que depende tanto a nivel público como privado de la actividad hidrocarburífera. En otros términos, se aumentan los combustibles, para salvar de la quiebra a toda la Patagonia. Una brutal transferencia de recursos con un no menos brutal costo inflacionario.

Algo similar ocurre en el norte con el tabaco, donde muchas provincias dependen de esa actividad para mantener a flote a las administraciones provinciales y a la actividad económica en su conjunto.

En síntesis, las malas administraciones provinciales, con déficit crónicos, un esquema perverso de gastar y esperar las transferencias desde Buenos Aires, está poniendo en jaque la viabilidad de las provincias como entidades autónomas, algo que debe ser replanteado a la luz de su fracaso.

Todo esto a pesar de que han aumentado las transferencias de recursos a las provincias por distintas vías, léase coparticipación, recursos específicos y asistencia financiera de urgencia.

Las transferencias automáticas a provincias registraron en abril, un aumento de 29,3%, aún con el efecto del cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de la Nación (CSJN) y del aumento del coeficiente de participación de la CABA. Las transferencias alcanzaron $ 37.330 millones.

El Fondo Federal Solidario que se deriva de la producción sojera aumentó 68% respecto a abril de 2015, debido a la mejora de los precios de la oleaginosa aun cuando no ingresó el grueso de las exportaciones.

Las provincias, con estructuras decimonónicas, viven de las transferencias de recursos vía directa o indirecta y no hacen nada por cambiar. Los gobernadores defienden sus privilegios aún a costa del derecho de los ciudadanos a acceder a mejores condiciones de vida ¿Habrá llegado la hora del regionalismo?

Algo similar ocurre con el arcaico sistema laboral que presenta rigideces y provoca que un gran número de personas no puedan acceder de manera formal a un empleo digno y que deambulen en la precariedad y en la muerte civil.

La discusión de la ley antidespidos es otro de los privilegios que la burocracia sindical quiere preservar.

Un reciente informe elaborado por el National Bureau of Economic Research (NBER) de los Estados Unidos sobre los problemas laborales en Latinoamérica es concluyente sobre este tipo de medidas.

El documento destaca que “las disposiciones sobre seguridad laboral son un mecanismo muy ineficiente y aumenta la desigualdad entre los trabajadores. Son ineficientes, ya que reducen la demanda de trabajo debido a que algunos trabajadores se benefician mientras que muchos otros se ven perjudicados, ya que reduce las posibilidades de empleo de los jóvenes, mujeres y trabajadores no calificados. También aumenta la desigualdad, ya que segrega el mercado de trabajo entre trabajadores con puestos de trabajo seguros y los trabajadores con muy pocas posibilidades de conseguir un empleo al tiempo que se incrementa el tamaño del sector informal”.

El informe de la NBER muestra que “a pesar de que la seguridad del empleo reduce la probabilidad de salir del empleo, la condiciones laborales después de haber perdido el trabajo, reducen la probabilidad de encontrar uno nuevo”.

El informe pone de relieve el poder de lobby que tienen las organizaciones sindicales sobre el poder político para sancionar leyes que protejan los despidos y la desprotección que tienen los trabajadores informales.

La NBER subraya que “los trabajadores con más probabilidades de beneficiarse de dichas disposiciones también son más propensos a estar representados en el proceso político. El resto de los trabajadores informales no agremiados tienen menos probabilidades de influir en la política”.

Del documento resulta que todas las rigideces del sistema normativo laboral favorecen, en el caso argentino, a todos los trabajadores que están bajo convenios colectivos de trabajo, dejando al resto en una clara posición de desigualdad frente a la ley.

La corporación sindical y la corporación política unidas en la defensa de privilegios sobre los derechos del resto de los ciudadanos.

DyN.