Por Jorge Raventos

El último 30 de octubre Luis Inacio Lula Da Silva triunfó en la segunda vuelta electoral de Brasil por una diferencia muy estrecha. Un número muy alto de quienes votaron en su contra están aún convencidos de que esa victoria fue fraudulenta por lo que no reconocen legitimidad a su presidencia y reclaman que los militares asuman el gobierno.
La chirinada que activaron el último fin de semana en Brasilia algunas centenas de fanáticos bolsonaristas no llegó a ser una explosión porque los conjurados tenían la pólvora mojada, pero mostró los riesgos potenciales que asechan a una sociedad política y socialmente dividida.

Si bien no hay por el momento constancia de que Jair Bolsonaro haya sido quien organizó la toma de las sedes de los tres poderes institucionales de Brasil (Ejecutivo, Legislativo y Superior Tribunal), el antecesor de Lula ha hecho indudablemente un gran aporte a aquella deslegitimación: nunca admitió formalmente su derrota en las urnas y luego dejó precipitadamente el país antes de la ceremonia de entrega del mando; los mensajes que dejó en las redes después del asalto de sus simpatizantes, fueron tardíos y ambiguos.

En cualquier caso, el problema central que debe afrontar el gobierno de Lula no es Bolsonaro, sino la división interna, que por cierto se refleja en el Legislativo donde las fuerzas del Presidente se encuentran en minoría. Y quizás se reflejan también en los propios mecanismos del Ejecutivo: las fuerzas militares y de seguridad que debían garantizar la indemnidad del palacio presidencial no actuaron frente al ataque, y al parecer no porque se hubieran rebelado, sino porque no recibieron las órdenes correspondientes.
En Brasil también vuelan palomas y halcones de distintas variedades.

Dividido dos

Más allá de las diferencias entre ambos países, desde Argentina se podrían sacar conclusiones constructivas de lo que ocurre en Brasil. Sin embargo, aunque la política local se ha mirado con alguna alarma en el espejo brasilero y las corrientes más significativas se montaron rápidamente en el repudio al amotinamiento, el reflejo dominante consistió en la confirmación de sus conductas previas: los sucesos del país vecino también fueron interpretados en la clave de la consabida grieta.

El oficialismo denunció de inmediato vínculos preexistentes entre Bolsonaro y sectores de la oposición (“nosotros somos los maestros de lo que está haciendo Bolsonaro”, había proclamado, por ejemplo, con cierta imprudencia Patricia Bullrich meses atrás, impulsando a la mismísima Elisa Carrió a definirla como “general prusiano”. Otros líderes opositores habían recibido fraternalmente al hijo más recalcitrante de Bolsonaro). Por su parte, la oposición apuntó al gobierno, parangonó la negativa de Cristina Kirchner a entregarle a Macri los símbolos del poder en 2015 con la actitud reciente de Bolsonaro, y comparó el ataque físico de los sediciosos brasileros a su Tribunal Superior con el juzgamiento político a la Corte Suprema que motoriza el oficialismo argentino.

Con el argumento de la ofensiva contra la Justicia que facilitan la Casa Rosada y el oficialismo más beligerante, la oposición se desliza hacia sus posturas más intransigentes; por caso, ha ratificado su rechazo a tratar en las cámaras (fundamentalmente en la de Diputados, donde tiene más peso significativo en la construcción del quorum) los proyectos enviados por el gobierno si previamente éste no declina su ofensiva contra la Corte. Aunque empezaban a detectarse sectores de la oposición dispuestos a colaborar (al menos con el quorum) en la aprobación de propuestas económicas que ha anunciado Sergio Massa (por ejemplo, la de un nuevo sinceramiento fiscal o blanqueo), en la atmósfera de confrontación recargada los más moderados se ven ahora sofocados por los más duros (“a mí me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos por el Cambio con Massa, que es un aliado del kirchnerismo y en momentos en que la Argentina está rota”, azuzó esta semana, por caso, el mendocino Alfredo Cornejo. Telegrama para Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta).

La excusa y el objetivo

La Casa Rosada dispuso convocar a sesiones extraordinarias del Congreso con un temario que, además del enjuiciamiento a los actuales miembros de la Corte, incluye algunos asuntos que irritan e incomodan al bloque opositor: la ampliación del número de magistrados del alto tribunal y la recomposición del Consejo de la Magistratura con lineamientos previos a la reforma que ordenó la Corte. También incluyó en el temario la designación del Procurador. Esos puntos del temario parecen diseñados para dificultar acuerdos antes que para aceitarlos.

En cualquier caso, el Ejecutivo recubrió esos núcleo ácidos con una capa de asuntos que volverá más difícil la reticencia al tratamiento con que amenaza la oposición. Por ejemplo, algunos proyectos de contenido ambientalista, uno que dispone el criterio de Alcohol Cero al volante, otro de contención y acompañamiento de personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido, la creación de ocho nuevas universidades nacionales (que ya registraba acuerdos previos entre las distintas fuerzas legislativas) y -punto de relevancia- el proyecto por el cual se modifica la Ley de Presupuesto para habilitar partidas que permitan el pago a la Ciudad de Buenos Aires del porcentaje de la coparticipación que ordenó restituir la Corte.

El listado de temas que el Ejecutivo habilita para tratar en extraordinarias incluye proyectos que interesan al ministro de Economía. El principal es el referido al blanqueo (Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino), que el Palacio de Hacienda ve como una fuente suplementaria de financiamiento. La convocatoria provoca y desafía a la oposición: si puede resultar razonable rechazar la colaboración legislativa amparándose en las políticas confrontativas de la Casa Rosada o el cristinismo más áspero, ese recurso se vuelve más costoso cuando se aplica indiscriminadamente. Especialmente si se admite (como lo hizo explícitamente esta semana el diputado macrista Hernán Lombardi) que la conducta del gobierno, así se la considere muy errada o nefasta, no se aparta del orden legal.

En términos de esgrima política, es posible que, más allá de la excusa que suelen ofrecer los “duros” del oficialismo, el blanco principal de la reticencia opositora sea el ministro de Economía, a quien empiezan a observar como el personaje de mayor capacidad competitiva potencial en el oficialismo, por los avances que ha logrado en su gestión y por su capacidad para articular poder y apoyos de distintos sectores.

El miércoles último, por caso, en el espacio político central de TN -A dos voces- el CEO de la Cámara Argentina de Comercio con Estados Unidos (AmCham), tuvo una respuesta inequívoca a la pregunta del conductor del programa (“¿En Estados Unidos hay intención de respaldar la política económica de Massa?”). Díaz afirmó: “Puedo decirlo porque he tenido múltiples reuniones con actores principales de Estados Unidos: hay un apoyo y un respaldo a Massa, a la política macroeconómica de esta administración de los últimos tres meses”.

En la misma semana Massa acordó con sectores fuertes de la conducción de la CGT un programa de aumentos salariales de 60% para el año distribuido en dos partes. Se trata de una exhibición de confianza del sindicalismo en la política antiinflacionaria que despliega el Palacio de Hacienda.

Obviamente, es difícil hablar de éxito cuando se trabaja en los límites en los que Massa encontró la Argentina cuatro meses atrás. Hay que juzgar los avances en ese contexto. Cuando él asumió la casi unanimidad de los analistas aseguraban que la inflación de 2022 cerraría en no menos de un 100%. El año cerró en 94,8 por ciento, bastante por debajo de los tres dígitos, aunque todavía un índice muy alto. Si Massa consiguiera cumplir su objetivo de bajar la inflación a un número que empiece con 3 para el mes de marzo y si consigue prolongar el equilibrio que hasta el momento le ha deparado respaldos, puede confirmarse la versión que lo proyecta como candidato presidencial.
Es comprensible, en esa perspectiva, que Massa esté en la mira de los sectores duros de la oposición que lo catalogan como rival peligroso y, también, como eventual aliado de las palomas opositoras. El ministro será principalmente cuestionado si los tres diputados que responden al Frente Renovador e integran la comisión de Juicio Político contribuyen al tratamiento del procedimiento contra la Corte.

Dividido cuatro

La intransigencia que por momentos prevalece en la oposición no apunta solo hacia el otro campo. También procura incidir hacia el interior de la coalición, recortando el espacio de los criterios más moderados. Los que apuestan a la polarización están convencidos de que la grieta es políticamente rentable. El fortalecimiento de la moderación los descoloca.

Es interesante: lo que en el apogeo de la grieta se manifestaba como un paisaje político en el que había dos fuerzas claramente dominantes con un espacio estrecho para una tercera, empieza a dibujarse ahora como un campo dividido en cuatro (con la aparición de los libertarios de Milei y la insinuación del federalismo independiente que convoca Schiaretti): la grieta y la polarización están cediendo. Empieza a construirse un sistema plural y moderado. La elección sólo es un paso.