El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo que “hay 80 tomas judicializadas” en el distrito, y reconoció que ” la más compleja” es la del predio de Guernica, partido de Presidente Perón, que permanece ocupado desde julio último.

“Hay 80 tomas judicializadas en la provincia, hay algunas que presentan un nivel de complejidad mayor, y claramente Guernica es las más compleja, y me parece que están las condiciones dadas para encontrar una solución pacífica, voluntaria, porque ha cambiado el contexto”, aseveró.

Larroque se refería al anuncio que realizó el gobernador Axel Kicillof de instrumentar el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 91 mil lotes con servicios para resolver el déficit habitacional.

Este plan contempla, además, la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción, con una inversión de más de $ 190.000 millones en los próximos tres años.

“El gobierno ha presentado un Plan de Hábitat y de Vivienda que me animo a decir que es histórico y que va a marcar un punto de inflexión respecto a la presencia del Estado para resolver un problema estructural que lleva décadas en la Argentina”, afirmó Larroque.

En declaraciones a radio Delta, el ministro dijo respecto de la toma de Guernica que “400 familias ya firmaron el acuerdo de desalojo” y que “mayoritariamente, son jóvenes” quienes participan de la toma, “en un 50 por ciento menores de 20 años, y 70 por ciento menores de 40 años”.

Al ser consultado respecto de quiénes son los interlocutores en el predio, el funcionario bonaerense indicó que “la toma tiene dos formatos de presentación: uno tiene que ver con los delegados y delegadas, y otro en el que están las organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, MTR, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el sector de Libres del Sur vinculado a Eduardo Tumini, y la OLP”.

“Después de la última postergación (por parte del juez de la causa Martín Rizzzo), nos reunimos con ellos y justamente lo que les planteamos es tener un nivel de acuerdo para avanzar en lo que necesitamos, que es contar con un registro de las familias”, dijo.

Agregó que el Gobierno provincial tiene “una responsabilidad sobre esas personas y esas familias” y que “a partir de la resolución”, lo que se busca es “una solución al tema”.