Un hombre que estaba en libertad condicional y que fue detenido por haber robado un celular en la vía pública fue condenado a 9 años de prisión, luego de que en un juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 se le unificaran las penas.

Tanto el fiscal como la defensa, acordaron una condena de 5 años de prisión para Ramón Núñez por el delito de “robo doblemente calificado por la utilización de arma y por la causación de lesiones graves a la víctima y agravado por su comisión en poblado y en banda” y si bien la pena debería extinguirse en 2026, como al momento del robo del celular Núñez estaba bajo libertad condicional, se le impuso una única pena de 9 años de prisión.

El juez Juan Manel Sueyro declaró reincidente a Núñez, ya que el 22 de octubre de 2020 se le había concedido la liberad condicional y tan solo dos semanas después fue detenido en un nuevo robo.

El hecho por el cual se lo juzgó a Núñez ocurrió el 10 de noviembre de 2020, cerca de las 17.50, cuando junto a dos personas interceptaron a un joven que caminaba por Constitución y Benito Juárez. En esas circunstancias, Nuñez y su compañeros golpearon a la víctima en el cuello, la amenazaron con un cuchillo, le quitaron el celular y una riñonera y huyeron del lugar.

La víctima pidió asistencia a un automovilista, que lo dejó subir al auto para perseguir a uno de los delincuentes (Núñez) a quien alcanzaron en Río Negro y Daireaux y lograron reducir hasta la llegada de un patrullero. Momentos después, una policía acudió al lugar, con la riñonera de la víctima y su documentación, la cual había hallado tirado en el suelo.

Núñez quedó detenido y permaneció en la cárcel de Batán hasta el momento de esta nueva sentencia. En cuanto a la víctima, por la agresión que sufrió, se vio imposibilitada de trabajar por más de un mes. Algo que fue tenido en cuenta durante el juicio.

Durante el juicio abreviado, el juez Sueyro tuvo en cuenta el correcto desempeño que registró Núñez desde el momento en que fue detenido y la “voluntad” que mostró para reinsertarse, su escolarización, posible actividad laboral y la demanda de asistencia psicológica.

El magistrado estuvo en contra de considerar la pandemia como agravante de la situación carcelaria, ya que para Sueyro el COVID 19 afectó “a todo el mundo, tanto a recluidos como a personas libres; lo que sucede puertas adentro de la cárcel no escapa a la realidad que todos estamos atravesando”.