Por Cecilia Alemany

Desde la práctica del ‘chineo’ -esa violación racista y sistemática de niñas y mujeres indígenas por parte de varones y hombres ‘criollos’ o ‘blancos’-, hasta el femicidio, las diferentes formas de violencia basada en género son una presencia cotidiana en nuestra sociedad. Estas prácticas opresivas, que son el resultado del histórico y asimétrico ejercicio de poder machista, las podemos cambiar, prevenir y eliminar con mayores asignaciones presupuestales, sistemas de prevención y respuesta, acceso a la justicia y políticas de convivencia y educación.

El financiamiento público imprescindible para erradicar la violencia es mucho menor que lo que perdemos por el costo de la violencia de género. Existen estudios que plantean que el costo de la violencia de género para un país oscila entre un 3,7% y un 4,3% del Producto Interno Bruto. A la Unión Europea la violencia de género le cuesta 366.000 millones de euros al año .

Con el empuje de las organizaciones feministas y de mujeres de la sociedad civil, el Estado argentino, tanto a nivel nacional como federal, ha impulsado leyes y políticas públicas para dar respuesta a esta pandemia en la sombra. Sin embargo, afirmar un derecho, el derecho a una vida libre de violencia, “no es lo mismo que tener el poder para ejercerlo” nos recuerda Judith Butler.

Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2021 se registraron 231 femicidios directos en el país . En el 88% de los casos, las víctimas conocían a sus agresores, entre ellas, 42 habían denunciado a su victimario con anterioridad y 22 tenían medidas de protección vigentes.

A pesar de todos los avances y la clara voluntad política para revertir esta situación, como sociedades aún fallamos en luchar contra la violencia de género todos los días en todos los países de América Latina y el Caribe. Este, no es solamente un problema de las fallas de los dispositivos y del sistema judicial o de protección de un gobierno nacional, provincial o local en su obligación de proteger, es también una falla de toda la sociedad. El ecosistema de prevención y respuesta del Estado, las organizaciones sociales, internacionales y todas las personas en los ámbitos laborales, educativos, sociales y en los hogares tienen un rol diario en este cambio sociocultural en ciernes.

Tenemos que prevenir y responder en particular a la violencia contra las mujeres y diversidades que tienen menos acceso a las redes de apoyo por razones económicas o territoriales y que enfrentan múltiples discriminaciones, ya sean mujeres rurales o indígenas, afrodescendientes, migrantes o refugiadas, o mujeres con discapacidad. Nuestro desafío es abordar estas desigualdades de forma integral, deconstruyendo estereotipos e impulsando políticas públicas, sistemas de prevención y respuesta que lleguen a todas las mujeres.

Alcanzar la igualdad de género, aunque algunas personas aún crean que es un problema menor que afecta sólo a algunas mujeres o diversidades, es una agenda de toda la sociedad, porque la desigualdad y las violencias, nos matan, nos empobrecen y nos impiden avanzar como sociedades democráticas e igualitarias. Nuestra generación es posiblemente la primera que puede consolidar en la práctica este cambio cultural y hacer realidad el derecho a la igualdad. Por eso, desde ONU Mujeres llamamos a todas las personas a comprometerse en esta transformación social y ser parte de la Generación Igualdad.

(*): Directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y representante en Argentina. Télam.