Por Fernando del Rio

En cuestiones de seguridad urbana, la fantasía de un Big Brother o un Truman Show se queda en eso. En el reflejo utópico, en el deseo de muchos de un control absoluto, de una entidad superior capaz de hacerle un seguimiento a cada uno de los ciudadanos como si cualquiera de ellos fuera el desafortunado Truman Burbank. Pero la realidad es otra: ningún sistema de videovigilancia tiene ese concepto, aun cuando las nuevas tecnologías tiendan cada vez más a disminuir los puntos ciegos de una ciudad.

Ahora bien, si el despliegue de cámaras y su coordinado uso pierde rendimiento por mala gestión o escasez de recursos, lo que apunta a ser una gran herramienta acaba por transformarse en una oportunidad perdida.

El partido de General Pueyrredon tiene colocadas en sus calles 1.146 cámaras y a través de ese ojo digital busca mantener una videovigilancia que cumpla tres funciones básicas ante un evento: desalentarlo con la disuasión, detectarlo con el monitoreo e informarlo con la coordinación institucional para ser abordado en tiempo real. También como asistente en la investigación posterior.

Esta red de registro visual, cuya base es el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la avenida Juan B. Justo, es de alta complejidad y recibe críticas permanentes, algunas de ellas con argumentos sólidos y otras por aquella falsa expectativa del concepto de vigilante que todo lo tiene que ver.

En los últimos tiempos un par de hechos estimularon los reproches: el robo de una estatua frente a la Municipalidad que apenas fue captado a la distancia y la “desaparición” –todavía vigente- de una camioneta que causó un accidente fatal en la avenida Constitución. La eficacia de la videovigilancia queda cuestionada más aun en una coyuntura electoralista: quienes la gestionan aseguran que es buena y los que miran de afuera dicen que es mala.

La evolución del
sistema y su crecimiento

Hay dos grandes pilares que sostienen el sistema. Por un lado está el soporte técnico, todo aquello que involucra el funcionamiento físico, digital y en red de la cámara. Por el otro, el recurso humano.

La historia en Mar del Plata de las cámaras -llamadas “de seguridad” aunque son mucho más que ello- comenzó en un pequeño habitáculo instalado frente a la plaza España en el año 2009. Allí, en esa especie de contenedor de aduana, un par de personas observaban los videos que llegaban desde los ojos digitales esparcidos en unos pocos puntos de la ciudad. De hecho, en su inauguración solo se podía monitorear la cámara de la misma plaza.

Tras la primera licitación por 120 cámaras, el sistema creció y fue necesario un espacio físico mayor e incluso más digno de una base operativa que merece la problemática de seguridad. Fue así como se materializó el traslado a un edificio de San Luis y Luro hasta que, siempre en la gestión del intendente Gustavo Pulti, en febrero de 2015, se inauguró el actual y moderno Centro de Operaciones y Monitoreo.

El lugar ubicado en Juan B. Justo y 20 de Septiembre es de un alto impacto visual por los múltiples puestos de operación instalados y por un gigantesco muro de monitores en los que se pueden observar, en tiempo real, diferentes imágenes de Mar del Plata. Sin embargo, ese notorio recorrido de crecimiento tecnológico –con sus etapas licitatorias, sus prórrogas, sus vínculos con la empresa Global View primero y Nec Corporation después- no fue acompañado por el recurso humano.

De aquel par de operadores en el contenedor de la plaza España se pasó, gradualmente, a los 70 operadores en los años inaugurales del COM. Muchas de esas 70 personas -algunas cumplían otras tareas- miraban en forma simultánea monitores y ese cuerpo de operadores se componía también de personal municipal de otras áreas que realizaban horas extras.

La decisión del intendente Carlos Arroyo de restringir las horas extras afectó la disponibilidad de operadores a pesar de que existieron intentos por compensarlo. Un convenio con el Ministerio de Trabajo en el marco de un programa de empleo inclusivo permitió la incorporación de personas con discapacidad, algunas de las cuales hoy todavía son parte del equipo de monitoreo. Estos empleados en tiempos de pandemia debieron ser licenciados por integrar el grupo de riesgo, lo que debilitó todavía más el ya menguado plantel.

Basta una recorrida esta semana por el COM para comprender que el pilar operativo del sistema es uno de los problemas y afecta la eficacia. La realidad indica que en el horario de mayor asistencia hay pocos operadores. En el último informe (de uso interno) se explica que a principios de este año había 10 operadores con 16 cámaras simultáneas lo que entregaba un total de 27.1% de cobertura. Ese número a junio aumentó: pasó a haber 15 operadores con acceso a monitoreo de 372 domos (el 77.5%). Pero esta cifra es engañosa. Hoy hay personal solo para monitorear 180 domos. Las otras 192 están en “reserva”.

En Mar del Plata las cámaras instaladas son 1.146 que incluyen 550 domos. La cuenta, en el turno más concurrido, no permite cubrir la totalidad de los domos. En tarde y madrugada hay baches más notorios. Los domos son cámaras que, a diferencia de las fijas, pueden tomar 360 grados y hacer zoom. Claro que estas acciones son manuales y si no se realizan el domo pasa a ser una simple cámara fija. A mayor cantidad de cámaras por operador, menos posibilidades de vigilancia activa (paneo, zoom, seguimiento) y, en consecuencia, menos registro de imágenes de interés. Además eso significa menos chances también de material utilizable para futuras investigaciones.

El operador tiene un mando universal para los 12 domos. Al activar la “ventana” elegida el mando pasa a controlar esa cámara, tanto en movimiento de paneo como en zoom. En turnos de 40 minutos –se impone un descanso al estrés del visionado y la atención- los operadores buscan un evento (puede ser un delito, una contravención, un siniestro vial o una emergencia de salud) y reportan. Cuando es necesaria la intervención policial, hay efectivos en la sala para articular con sus compañeros en calle. También puede ocurrir a la inversa: la policía demanda el auxilio de las cámaras de seguridad. En ambos casos, se da prioridad al evento y existe la situación en la que varios operadores se sumen al seguimiento.

Está claro que si en el mejor de los casos hay 15 operadores monitoreando dos vistas de 6 domos (12 en total) la aritmética es concluyente. De 550 domos solo se pueden operar 180. En ocasiones la cantidad de operadores puede llegar a 21, pero igual así es poca la cobertura.

El insuficiente plantel también tiene que responder a los alertas emitidos por los botones de pánico de taxis, remises y violencia de género.

La discusión en este tan relevante aspecto de la videovigilancia propone acercarse más al mundo de los operadores. ¿Son los que se necesitan? ¿Deben tener una permanencia superior al año en una tarea tan estresante? ¿Deben ser empleados municipales o personal contratado? ¿Es conveniente que sean policías, policías retirados, aspirantes a policías? ¿Pierde eficacia el sistema si, por no tener personal, un operador debe atender más domos? ¿Se recomiendan becarios? ¿Beneficia o perjudica a la propia salud del operador que sea planta estable?

En las últimas semanas se incorporó al COM un servicio de asistencia psicológica para los operadores, dejó saber una fuente oficial. Un acierto: las incorporaciones más recientes datan de 2 años y hay algunos trabajadores que tienen hasta 8 años de antigüedad mirando pantallas con situaciones traumatizantes.

La cuestión técnica

La cámara de videovigilancia una vez colocada requiere de una pluralidad de variables de mantenimiento que sorprenderían a quienes quieran abordar el tema con simpleza. En principio se trata de un dispositivo tecnológico que debe analizarse en el contexto en el que se lo utiliza.

A una cámara le afecta, para su óptimo funcionamiento, las condiciones climáticas, el vandalismo, la iluminación o la obstaculización natural, entre otros factores externos. Todo ello se suma al desperfecto técnico del propio artefacto que, en el caso de los domos, se incrementa por tratarse de una cámara con movimiento.

Existe el reproche permanente sobre la eficacia de los videos, ya sea por alguna interferencia, por rotura o por escasez de iluminación, por definición. Las cámaras costeras, como por ejemplo la de Santa Fe y la costa, la del corredor Torreón-Golf, suelen verse afectadas por el salitre y necesitan una limpieza permanente para que la imagen captada no sea difusa. La limpieza de una burbuja de protección insume 30 minutos a una cuadrilla, a cronometrar desde el aparcamiento del camión con elevador hasta su retiro en busca de otra cámara.

En otros casos el mantenimiento reside en el despeje de ramas del campo de visión. “Está el despeje manual, próximo, cuando algún objeto, flora o fauna la obstaculiza, y está la poda a distancia”, explica un especialista municipal. Vale decir que una mínima rama cercana, al hacerse zoom, se transforma en un muro que cubre cualquier posibilidad de registro libre.

Las cámaras Axis, Bosch o Sony cuentan, según los modelos, con diferente definición y zoom, y en ellas es importante la iluminación artificial que el servicio de alumbrado público provea a la zona de emplazamiento.

Hay algunos problemas difíciles de solucionar y que conspiran para el óptimo uso de esta herramienta. Por ejemplo, los domos rompen sus correas dentadas de goma que les permiten a los operadores moverlos. Ese repuesto no se consigue y el domo se torna inservible. Se ha pensado en el área técnica en recurrir a una impresora 3D para replicar esa pieza.

Luego se necesita mantener postes y soportes, la fibra óptica o a las antenas de radio por donde se transmite el video, el software que las controla y los servidores.

Hoy el promedio de cámaras no operativas es del orden del 6% y según explican desde el COM se trata de un registro absolutamente normal. Son 70 cámaras de 1.146 las que no funcionan.

Respecto a la definición de imagen (hay desde HD en adelante) desde la Secretaría de Seguridad aseguran que Mar del Plata tiene cámaras “superiores en ese aspecto a la mayoría de los municipios” y no es una mentira. Tampoco lo es el reclamo por la mala calidad de las imágenes. Lo que sucede en esa aparente paradoja es que si un operador hace zoom manual puede sacar provecho de la buena definición de cámara, pero si se utilizan las imágenes ya grabadas y quiere hacerse un acercamiento forzado, la calidad disminuye hasta el borde de lo inservible.

Concepto de operación

Las cámaras son auxiliares de la policía y la Justicia. En lo que va de 2021 el 71% de las intervenciones activas ante un evento proviene del pedido a través del 911 y el 10% por acción y detección de los operadores. El resto se compone con botones de alerta y otra procedencia no definida. Son entre 40 y 50 eventos por día.

Los operadores trabajan a demanda cuando la policía pide intervención, cuando algún funcionario judicial pide en tiempo real alguna observación o cuando hay emergencias médicas del SAME y botones antipánico. El resto es trabajo de videovigilancia con criterios variados en función del área cubierta por cada domo.

El otro apartado importante es el de la grabación de imágenes. Todas las cámaras graban lo que captan y quedan almacenados esos videos por 30 días. Un grupo de operadores se dedica a preparar los pedidos tanto de la Justicia como de la policía de investigación. Para ello se debe hacer una búsqueda en los horarios y fecha solicitada.

El porcentaje de devolución positiva es del 50% y del resto, el 34% de los pedidos no se pueden satisfacer por falta de cámara y el 9% por falta de imagen (hay cámara pero no se pudo captar el hecho solicitado).

El aporte que puede hacer un municipio a la seguridad de su distrito es muy limitado: no controla los recursos de las fuerzas de seguridad, no participa de designación de jueces y fiscales, de modo que no está ni en la prevención ni en el castigo del delito. Acaso sea su mayor herramienta un buen sistema de videovigilancia. Su óptimo funcionamiento no debería jamás entrar en crisis.