Por Jorge Raventos

En las últimas semanas el tema vacunas se había convertido en un ariete preferido de la oposición para golpear al gobierno de Alberto Fernández. Las encuestas parecían revelar la eficacia de esa elección: el gobierno perdía apoyo en la opinión pública por la fatiga social que provocan las restricciones y los controles que demanda la pandemia y por las dificultades oficiales en obtener vacunas, administrarlas e inocularlas a un ritmo satisfactorio.

Escepticismo y sospechas

Una encuesta de Germano y Asociados, por ejemplo, reflejaba ese clima de decepción: más de la mitad (cerca del 55 por ciento) de los argentinos que todavía no han sido vacunados no espera serlo antes de 2022.

El gobierno apuesta a que ese abrumador escepticismo actual se revierta en aprobación en las próximas semanas, cuando espera al fin contar con millones de dosis (rusas, chinas, occidentales de distintas marcas) para completar el ciclo de vacunación de casi el 50 por ciento antes de fin de julio y mantener un ritmo intenso hasta fin de año.

En cualquier caso, el ritmo pausado de vacunación de estos meses fue terreno fértil para las críticas. La oposición explotaba las dificultades oficiales para obtener suficientes vacunas adjudicándolas, en general, a ineficiencia.

Dentro de esa narrativa, había un capítulo especial, referido al frustrado contrato con la farmacéutica Pfizer; en ese punto se afirmaba que el país había “perdido la ocasión de contar con 14 millones de dosis” por “motivos inexplicados”, que algunos de sus voceros definían como “ideológicos” (aludiendo a una hipotética preferencia oficialista por las vacunas rusas o chinas o a una simétrica tirria por el origen germano-estadounidense de Pfizer) y otros, a insinuados móviles inconfesables: “Hay muchas sospechas acerca de si se han pedido coimas y cosas de ese tipo -había avanzado el radical Alfredo Cornejo en diciembre-; circula por todos lados, pero no me gusta hacerme eco de cosas que no me constan”.

Pese a los reparos éticos expresados por Cornejo, esa sugerencia, convenientemente repetida, tuvo eficacia viral y el gobierno no consiguió sacarse de encima el manto de la sospecha.

La situación empieza a cambiar a partir de las declaraciones de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, cuando ella decidió fogosamente dejar de lado los eufemismos y acusar con nombres y apellidos y sin pelos en la lengua. Le dijo entonces ante las cámaras a un periodista receptivo que el acuerdo con Pfizer fue “el intento de un negociado que no se cerró”, que el exministro de Salud, “Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna”. Y agregó: “Eso el Presidente no lo ignoraba. (…) Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación”. Pidió, además que la Justicia convoque “a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir”.

No aclares, que oscurece

No hizo falta convocarlos: la prestigiosa firma de inmediato dio a conocer un documento a la prensa donde consignó que “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. La compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19”.

Así, la virtuosa denuncia de Bullrich -“la mujer con más coraje de la política argentina” según su cofrade y adepta Laura Alonso- terminaba políticamente en un sincericidio. Su presunta fuente última de información -la empresa-, la desmentía rotundamente. Y sus compañeros de la coalición opositora (salvo, obligadamente, el más fiel entorno de Mauricio Macri) tomaban distancia de ella, sea con el silencio reprobador (caso del larretismo), con la diferenciación (“No me inscribo con las críticas de Bullrich y a veces de Macri”) en el caso de Carrió, o con la crítica explícita, como en el caso del influyente radical Gerardo Morales: “Para decir eso hay que tener elementos; creo que no se puede hablar si no hay pruebas concretas”.

En términos operativos, los dirigentes opositores podrían recriminar a la presidenta del Pro -“No aclares, Patricia, que oscurece”- por una temeridad declarativa que termina favoreciendo al gobierno: la pretensión de ir por más (y judicializar el caso Pfizer) obligó a hablar al propio laboratorio, y su testimonio pinchó las sospechas ambiguas que habían podido correr con eficacia durante meses y esmerilaron a un gobierno que resultaba vulnerable desde que entró al tema vacunas con el pie izquierdo y, sofocado por esa atmósfera, no parecía tener vigor o ideas para defenderse solo.

Descolocada por el comunicado de Pfizer, la presidenta del Pro tuvo que poner en negro sobre blanco un tema: “Pfizer tiene razón, no le pidieron coimas”, rebobinó entonces. Pero se embarcó en explicaciones rocambolescas: “La realidad es que Ginés González García exigía la existencia de una contraparte argentina”.

Se trata de un cambio de versión: introduce el parche de una variante que no había sido mencionada antes, aunque pretende trabajar con la misma base de sospecha. Pero, aún suponiendo que tal cosa ocurriera (a riesgo de una nueva desmentida del laboratorio), exigir “la existencia de una contraparte argentina” en una negociación de este tipo no parece en sí mismo un acto pecaminoso, sino más bien el intento de potenciar capacidades productivas e intelectuales con las que el país cuenta y que tienen cualidades internacionalmente competitivas. Naturalizar la sospecha sobre una negociación es un reflejo autodenigratorio que un dirigente argentino no debería ejercitar. Si hay chanchullos, hay que describirlos, probarlos y denunciarlos específicamente. Como dice Morales, “hay que tener elementos; no se puede hablar si no hay pruebas concretas”.

Las puntadas y el nudo

Es probable que el traspié político de la presidente del Pro -que afecta indirectamente a toda la coalición- esté relacionada con las pujas y posicionamientos que se están produciendo en la coalición opositora. Allí se observan dos miradas estratégicas (aunque por debajo de cada una de ellas se registren variantes tácticas y operativas).

Podría decirse que hay un sector que prioriza el rol opositor y lo radicaliza, que construye trabajando sobre el público propio más intenso y no pretende cerrar la grieta, sino vigorizar el polo propio para afrontar desde allí una confrontación que entiende inevitable e ineludible.

El otro sector no renuncia a fortalecer lo propio y a competir con vigor, pero -como se propone gobernar y no solamente defenderse de un gobierno ajeno-, entiende que el voto propio puede, en el mejor de los casos, servir para ganar una elección, pero que para gobernar se necesita mucho más que un electorado propio, se requieren acuerdos de gobierno y acuerdos de gobernabilidad. Y eso hace imprescindible una visión de concordia, antes que una de combate.

El reciente encuentro entre los ex presidentes brasileros Fernando Henrique Cardoso y Luis Inacio “Lula” Da Silva es un ejemplo de cómo se construyen esos productos y cómo la política puede aislar a la intolerancia.

Está claro que Patricia Bullrich -como Macri y su entorno porteño- encarnan en el Pro la primera mirada, mientras Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Rogelio Frigerio o Emilio Monzó expresan, con distintos matices, la postura estratégicamente acuerdista.

Las elecciones de este año son un punto -sin duda importante- del tejido que culmina en las presidenciales de 2023. Ambas alas del Pro están comprometidas en mantener la unión de Juntos por el Cambio -condición indispensable, aunque no suficiente para mantener la esperanza de una victoria en las presidenciales-, pero cada una trabaja para preparar aquel escenario desde su propio enfoque. Macri quiere a Patricia Bullrich encabezando en noviembre las listas en la Capital (para poner una pica en Flandes: el territorio que hoy lidera el ala moderada), Rodríguez Larreta busca que la primera candidatura porteña sea de María Eugenia Vidal, a quien Macri quiere empujar a la provincia de Buenos Aires (un destino al que ella prefiere no regresar).

La provincia de Buenos Aires, cuyo conurbano constituye la columna vertebral del kirchnerismo, es un puzzle para la coalición opositora: hoy parece difícil ganarle en ese distrito al Frente de Todos. Pero quizás no es tan complicado alcanzar un objetivo de enorme importancia: impedir que este año la provincia contribuya con un gran contingente a una hegemonía kirchnerista en la Cámara de Diputados.

De las 127 bancas de diputados que se renuevan en noviembre, la provincia de Buenos Aires asigna 35. Allí, Juntos por el Cambio pone en juego 14 y el oficialismo 16 (otras fuerzas renuevan 2 (el lavagnismo), 2 (el Frente de Izquierda) y 1 (el interbloque Federal para el Desarrollo).

Sumas y divisiones

Es probable que un sector del peronismo no kirchnerista (no solo los cuadros que rodean a Florencio Randazzo, sino también restos del viejo duhaldismo y del massismo primitivo) constituya una fuerza electoral autónoma, que se presente aliada a núcleos de raíz peronista que participaron del gobierno de María Eugenia Vidal (una figura de ese perfil es el exministro de Gobierno bonaerense Joaquín De la Torre) y quizás también a los sectores del peronismo republicano que lidera Miguel Pichetto. En las pizarras de cómputo del domingo electoral los votos de este sector no se sumarán a Juntos por el Cambio, pero en su gran mayoría seguramente se restarán del caudal potencial del Frente de Todos y, por esa vía reducirán el sufragio y las bancas del kirchnerismo.

El atractivo de esta propuesta seguramente crecerá cuando se aproxime la presentación de listas de candidatos: ante la agitada interna bonaerense que promete el Frente de Todos, con la ofensiva de La Cámpora reflejada en la futura presidencia partidaria del Justicialismo de Máximo Kirchner, no es imposible que muchos cuadros territoriales del conurbano se sientan impulsados a buscar (abierta o discretamente) nuevos horizontes.

En ese paisaje, el ala larretista del Pro apuesta a consolidar la futura candidatura a gobernador de Diego Santilli y a fortalecer la lista a diputados de noviembre con la -en esta etapa- moderada Elisa Carrió y alguna figura atractiva del radicalismo, preparando el camino para futuros acuerdos de gobernabilidad con el peronismo (particularmente las distintas vertientes del peronismo no kirchnerista).

Mauricio Macri, en tal caso, solo tiene como opción bonaerense obligada la figura de su primo Jorge, eficaz intendente de Vicente López y socio importante de la liga de alcaldes que se congrega en el Grupo Dorrego (un conglomerado que, sin embargo, no habría que contabilizar a priori como parte del “ala dura”).

Urnas y vacunas

El paisaje electoral interviene, naturalmente en los movimientos de oficialismo y oposición. El tema vacunas, en el que la oposición -con ayuda de torpezas del gobierno- venía aprovechando ventajas, ha quedado relativizado en un punto por el mal paso de la presidenta del Pro y en otro plano quizás se rebobine en favor del oficialismo si esta vez la prometida provisión de vacunas se concreta (como ha empezado a ocurrir) y si los procedimientos de vacunación adquieren el despliegue y la velocidad que hasta el momento han escaseado.

Despejadas esas materias, queda gobernar, reconstruir la producción, reconstruir la convivencia, reconstruir la autoridad.