La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante volvió a recibir ayer a los representantes de diversas entidades locales que se oponen a varias de las medidas recaudatorias propuestas por el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

Como resultado de sus quejas, algunas de ellas lograron obtener el compromiso de los concejales de que en días más formularán propuestas para eliminar esas polémicas iniciativas.

Una de las promesas más firmes fue realizada por la concejal radical Vilma Baragiola (UCR), quien sin ocultar sus discrepancias con las iniciativas del arroyismo, anticipó que pedirá que los sindicatos y los martilleros continúen gozando de las exenciones de tasas que Mourelle pretende eliminar.

Baragiola, quien ayer votó a favor de las ordenanzas fiscal e impositiva, expuso su postura ante un nutrido grupo de sindicalistas que acudió al Concejo para criticar duramente la intención de exigir que sus sedes sindicales comiencen a pagar la TSU.

Quien asumió la voz cantante fue el secretario general de la Asociación Bancaria, Miguel Guglielmotti, quien argumentó que la medida viola la ley de Asociaciones Sindicales, que exime a los gremios del pago de impuestos y gravámenes tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

Ayer los concejales escucharon también a la vicepresidenta del Colegio de Martilleros, Fátima Pugni, quien además de quejarse por la idea de imponer el cobro de 50 pesos diarios por cada cartel de venta y/o alquiler de propiedades rechazó la intención de gravar a la actividad con el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene.

En ese contexto, Baragiola expresó su acuerdo con ambos planteos y se comprometió a proponer la eliminación de las dos medidas, ante lo cual recibió el acompañamiento del concejal de Cambiemos Alejandro Carrancio (Crear) y de toda la oposición.

No obstante estas no fueron las únicas quejas planteadas contra las ordenanzas fiscal e impositiva. Desde los colegios profesionales también criticaron la intención de exigirles a quienes desempeñen una profesión independiente la tramitación de una habilitación municipal.

En este caso, el reclamo recibió el respaldo de la radical Cristina Coria, quien también se comprometió a realizar una propuesta para eliminar ese nuevo requisito.

Por su parte, desde la UCIP hubo quejas por la intención del gobierno de Arroyo de modificar el destino del Fondo de Promoción Turística, que pagan los comercios e industrias, para utilizarlo para financiar a la Policía Local y al servicio de guardavidas.

“Esos son recursos que tienen que ser destinados a su fin original, que es el de promover a Mar del Plata turísticamente”, dijo Blas Taladrid, dirigente de la entidad.