Una vez más el radicalismo se calzó el traje de juez de raya para marcarle un límite al macrismo, o al menos intentarlo, en esa suerte de matrimonio por conveniencia que llevan adelante desde diciembre de 2015 dentro de la coalición de gobierno Cambiemos.

“Hasta acá, hasta acá no más”, volvieron a indicarle a los estrategas políticos macristas, con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la cabeza, los adalides de la UCR que salieron ahora a librar una especie de cruzada en contra del sostenido aumento de tarifas de servicios públicos. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, lleva la voz cantante, pero está secundado por otros referentes del centenario partido, como su colega de Jujuy, Gerardo Morales, y el ex mandatario de Corrientes Ricardo Colombi, entre otros.

A ellos se le sumaron actores de reparto de la Coalición Cívica, otra agrupación que integra el concubinato de gobierno, pero también figuras de renombre como Elisa “Lilita” Carrió, que en su permanente juego de interpretación del “policía bueno y policía malo” volvió a desmarcarse del macrismo y levantar el brazo para dejarlo en “órsay”.

El radicalismo, conducido ahora por otra tanda de dirigentes, parece haber aprendido la lección de 2001, cuando traicionó a sus votantes, a quienes habían encumbrado como presidente a Fernando de la Rúa, al tomar decisiones que perjudicaron especialmente a la clase media y llevaron a la ruina al partido.

Hoy, la UCR continúa transitando por el sinuoso camino del resurgimiento, pero indudablemente su poder territorial se ha extendido en los últimos años y está claro que sin la estructura que los radicales aceptaron compartir con el PRO antes de las elecciones nacionales de 2015 -tras febriles gestiones lideradas por Ernesto Sanz, entre otros-, el macrismo no habría llegado a ser Gobierno probablemente.

Ese mismo sector del radicalismo, aliado en Cambiemos, pero conocedor de sus fortalezas y del acervo político del que dispone para transar, ahora reclama al presidente Mauricio Macri y a sus estrategas más protagonismo, más voz y voto dentro de la “mesa chica” de la gestión a la hora de tomar decisiones estratégicas, mientras intenta acudir al rescate de la clase media, afectada por el alza de tarifas de servicio públicos, y pugna por alcanzar la Vicepresidencia de la Nación en 2019.

Actores cruciales de cualquier elección

No es la primera vez que el radicalismo procura marcarle la cancha al macrismo y aplicarle un freno de mano cuando el Gobierno parece decidido a avanzar a todo vapor con medidas resuelvas entre cuatro paredes. Por ejemplo, las designaciones a dedo y por decreto de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. De igual modo, intercedió para que se desdoble el mega DNU que dictó Macri en enero último y se pueda evaluar por separado en el Congreso, aunque con un escándalo de por medio en la cámara de Diputados en marzo pasado. Y en ese rol de juez de línea que parece estar dispuesto a cumplir el radicalismo dentro del Gobierno, la suba del costo de vida y, en especial, de las tarifas han logrado atraer su atención.

Ocurre que la inflación se ha convertido, de acuerdo con recientes encuestas y consultas de opinión, en una de las principales preocupaciones de los argentinos, sobre todo de la clase media, es decir, ese sector de la sociedad del que históricamente se ha sabido nutrir la UCR.

Se trata de un universo heterogéneo, que puede estar representado aquí en el país incluso por más de 25 millones de personas. Y es allí donde se dirimen, se ganan y se pierde elecciones de acuerdo con el “humor” y las preferencias de turno, especialmente de los llamados “independientes” o bien de aquellos que no suelen mantener un vínculo estrecho, de militancia inquebrantable, con algún partido político determinado.
El aumento del costo de vida y la suba de tarifas golpea sobre todo a esa porción de la sociedad, a ese grupo de -vistos desde el lado de la política- “potenciales votantes”, ya que las clases altas disponen de bolsillos más elásticos para amortiguar el impacto y los sectores más humildes acceden, por lo general, a precios subsidiados por el Estado.

Para colmo, nuevas oleadas de incrementos están previstas para los próximos meses, tanto en servicios públicos como en salud, transporte y combustibles, entre otros rubros, mientras el Gobierno parece decidido a “inmolarse” en pos de su objetivo de reducir el déficit fiscal. Si llegara a ser así, la UCR ya le advirtió al macrismo: “No cuenten con nosotros”.
Está claro que el Presidente y sus arquitectos políticos deberían escuchar el reclamo popular de levantar el pie del acelerador con el ajuste tarifario. Ofrecer un pago en cuotas es simplemente un placebo. Si el Gobierno recurre a la misma postura autista que tanto se le criticaba al kirchnerismo en el poder, frente a distintas demandas y manifestaciones sociales, estaría cometiendo un error que le puede costar votos.

Nuevo round en el Congreso

Con otra maniobra extraída de los manuales de la “vieja política”, el oficialismo consiguió boicotear la sesión de la cámara de Diputados en la que la oposición estaba lista para avanzar en contra del “tarifazo”. El salteño Alfredo Olmedo “saltó de su banca” justo a tiempo para evitar el quórum y dejar masticando bronca al kirchnerismo y compañía. En medio de ese revuelo, integrantes de la “mesa chica” del macrismo aceptaron recibir en la Casa Rosada a referentes del radicalismo -que en teoría forman parte de la alianza Cambiemos, aunque hablan en tercera persona del Gobierno- y allí se discutió sobre la propuesta de Cornejo y sus lugartenientes.

Finalmente, se resolvió una suerte de prorrateo del pago de las tarifas, con aumento, para evitar sobresaltos significativos en las facturas que recibirán los usuarios, por ejemplo, durante el invierno próximo debido a la suba del gas. De esa reunión, la UCR salió fortalecida, dicho sea de paso.

En el Congreso, allí donde el Gobierno se ha visto obligado a “rosquear” fuerte en los últimos meses para avanzar con sus planes de “reforma permanente del Estado”, se avecina un nuevo round entre el oficialismo y la oposición por las tarifas, un asunto con el que se relame especialmente la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner en su afán de acaparar más atención.

Quizá por ese motivo mandó a elaborar un proyecto propio de reducción de costos para los usuarios, que se suma a una propuesta similar impulsada por su colega de bloque María de los Angeles Sacnun, de Santa Fe, y que incluso se complementa con otra iniciativa que el kirchnerismo busca motorizar en Diputados: parecida, pero diferente a la de la “Jefa”.

Conocedor de esta situación, el adalid del justicialismo no-K en el Senado, Miguel Pichetto, ya habría negociado con colegas peronistas de la cámara de Diputados, con Diego Bossio a la cabeza, y con Graciela Camaño, jefa del bloque massista, los pasos por seguir. Al menos, eso se comenta en el ámbito parlamentario.

La idea sería avanzar en Diputados con un proyecto -del peronismo- que propone reducir los impuestos en las facturas de servicios públicos para desinflar los precios y recién si esa iniciativa fracasa trasladar el debate al Senado, en donde sí Cristina podría lucirse con una nueva embestida contra el Gobierno, como sucedió la semana pasada.