BARCELONA.- La tensión en Cataluña se disparó en las últimas horas por la prisión preventiva de siete detenidos con sustancias para fabricar explosivos y la inminente sentencia judicial contra los líderes del proceso independentista de 2017.

La respuesta a las detenciones por parte de las instituciones regionales catalanas, encabezadas por el presidente regional, Quim Torra, y el Parlamento, considera que se trata de una operación política que busca desacreditar al independentismo pacífico, mientras que el Gobierno central volvió a acusarles hoy de no condenar la violencia.

El Parlamento regional aprobó en la noche del jueves una serie de resoluciones independentistas, una de las cuales apoya “la legitimidad de la desobediencia civil e institucional” para defender “derechos civiles, políticos y sociales”.

La sesión parlamentaria fue especialmente tensa y el portavoz del partido antiindependentista Ciudadanos, Carlos Carrizosa, fue expulsado del pleno, y al salir fue secundado por sus compañeros de partido, que integran el grupo más numeroso en la cámara catalana.

El Gobierno central en funciones del socialista Pedro Sánchez decidió hoy durante su reunión semanal que impugnará esas resoluciones, que suponen una “clara extralimitación y un ataque a la convivencia”, afirmó en rueda de prensa Isabel Cealá, la portavoz del Gabinete.

Celaá también exigió que el presidente regional Torra condene con claridad a los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) contra siete de los cuales un juez de la Audiencia Nacional española decretó prisión preventiva, acusados de terrorismo y otros delitos.

Los siete radicales fueron detenidos el pasado lunes en posesión de sustancias precursoras para fabricar explosivos (alguno de los cuales ya habían probado en lugares deshabitados) y de fotografías y mapas de posibles objetivos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró “preocupante” la reacción de los responsables regionales catalanes, ya que “parece que la gente obvia que estamos en un Estado de derecho”.

Marlaska, en declaraciones radiales, recalcó que la operación policial fue “profesional” y estuvo dirigida en todo momento por un juez de la Audiencia Nacional.

Todo esto ocurre cuando están a punto de cumplirse dos años del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Además, el parlamento catalán – donde los independentistas tienen una estrecha mayoría – defendió en otra resolución el uso de la “desobediencia civil e institucional” como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a doce líderes del fallido proceso independentista de hace dos años.

Esa sentencia podría hacerse pública en la primera mitad del próximo mes de octubre.

El parlamento regional catalán aprobó en una de sus resoluciones de ayer una respuesta a esa sentencia que pase por el “ejercicio del derecho a la autodeterminación” y por reclamar una “amnistía” en caso de que haya condenas.

Otro punto de fricción es la pancarta que el Gobierno regional catalán mantenía a favor de los doce acusados por ese juicio, a los que denomina presos políticos, en la fachada de su sede, en pleno centro de Barcelona.

La pancarta fue quitada en la tarde de este viernes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara a la policía regional catalana su retirada “de forma inmediata”, ya que se considera que viola la neutralidad de las instituciones de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre.

Torra, que había ignorado un requerimiento previo, ya tiene pendiente un juicio por no retirar a tiempo la misma pancarta, tras una solicitud formal de la Junta Electoral Central, antes de los comicios legislativos del pasado 28 de abril.

EFE