Por Ramiro Melucci

Carlos Rottemberg lo hizo otra vez. El productor teatral anticipó, como había hecho el verano pasado, el pulso de la temporada. Con la misma contundencia que hace un año pronosticó que la venta de entradas iba a crecer, esta vez auguró un descenso.

Rottemberg fue más claro que el Ente de Turismo. La repartición que preside Gabriel Magnoler omitió en su balance de la primera quincena que vinieron 32 mil turistas menos. Se focalizó en comparaciones más auspiciosas, pero no logró tapar el sol con las manos.

Hace años que el Emtur no otorga otro dato clave: cuánto gastan los turistas que eligen Mar del Plata. Pero la disminución de venta de entradas al teatro es un indicio indisimulable. Por eso el ente tampoco podrá ocultar la percepción general de una temporada gasolera.

Los números en rojo deberían ser las principales preocupaciones en pleno enero. Pero son apenas una más en una lista que cada semana suma nuevos conflictos. El gobierno no consigue destrabar la paritaria con los municipales. Los guardavidas siguen en conciliación obligatoria. Los empleados que mantenían la toma de una sucursal de la Boston, un reclamo que acompañaba parte de la dirigencia opositora, fueron desalojados de madrugada. En el aeropuerto hubo complicaciones por asambleas de los pilotos. En la terminal de micros reclaman los maleteros. Y a ese paisaje poblado de conflictos se le añadió, contra el anhelo de Arroyo, el desembarco de Uber. Ahora también los taxistas están en pie de guerra.

Con el secuestro de un vehículo no bien empezó a funcionar la aplicación, el municipio buscó dar una señal fuerte para desaconsejar a choferes y potenciales clientes. Pero hay taxistas que creen que no alcanzará con los controles y las multas. Proponen medidas de fuerza. En ese caldo de cultivo, el diputado de la Coalición Cívica Guillermo Castello se autoproclamó el primer pasajero de Uber en Mar del Plata. Toda una provocación.

Cuando el pronóstico empezaba a mejorar, las negociaciones con los municipales se ensombrecieron. La audiencia que mantuvieron las partes el martes en el Ministerio de Trabajo había dejado augurios optimistas. Allí quedó claro que el sindicato apartó de la mesa el reclamo por la bonificación docente: lo ubicó en el plano judicial. Parecía que se deshacía la traba que impedía el acuerdo. Pero surgieron nuevos diferendos en el aspecto salarial. El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, se mostró asombrado por el inmediato rechazo del gremio a un bono de $ 5.000. Antonio Gilardi, el mandamás del STM, empezó a blandir la opción de volver a las medidas de fuerza cuando termine la conciliación obligatoria.

Tras su última audiencia, los gremios de guardavidas anunciaron que iniciarían una junta de firmas para mostrar el apoyo a su reclamo. No comenzaron de la mejor manera el fin de semana pasado, cuando irrumpieron con una protesta en el Torreón del Monje.

En este verano difícil también tallan los conflictos internos. Tras el peligroso after en Los Acantilados, el subsecretario de Inspección General, Emilio Sucar Grau, responsabilizó al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, por no tener en cuenta un pedido para sumar inspectores en temporada. Sucar Grau reporta a la Secretaría de Gobierno, que comanda Vicente, un hombre cada vez más alejado del polémico titular de Hacienda.

Hace poco, cuando su situación en el gabinete parecía inestable, convocó a un encuentro de secretarios en su oficina. El único que no se presentó fue Mourelle. Eso, afirma a sus pares de gabinete, lo fortaleció. En ese contexto lo de Sucar Grau no parece una ocurrencia: hay una intención desembozada de aislar cada vez más a Mourelle.

En el Concejo tampoco generó amistades. Angélica González, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes con duras críticas. Acusó al secretario de guardar la plata en el banco cuando la ciudad explota por todos lados. Ya es conocido, además, el desprecio radical. Esas enemistades encienden una alerta roja para el aumento de tasas que buscará el Ejecutivo en el despertar del año electoral.

Aunque el expediente todavía no se puso en tratamiento ni siquiera en la comisión de Hacienda, algunos concejales ya empezaron a contar los votos. En última instancia se necesitarán 25 (entre concejales y mayores contribuyentes) para aprobar las ordenanzas fiscal e impositiva. El escenario es gris oscuro: aun con los votos de los 12 concejales de Cambiemos con sus respectivos mayores contribuyentes –lo que de por sí ameritaría gestiones ciclópeas– el oficialismo necesitaría uno más: ¿quién podría aportarlo?

También es una incógnita quién levantará sus manos para avalar la propuesta de Arroyo para la presidencia de OSSE. Todavía no se abrió el sobre cerrado que mandó el intendente. Mañana, en la comisión de Labor Parlamentaria, se conocería el pedido de nombramiento a Emiliano Giri, creen oficialistas y opositores. Casi de inmediato comenzaron los rumores de canje de puestos por votos. El presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, enfureció y salió a aclarar: no es partidario de la postulación de Giri.

El resto de la atención estará puesta en la comisión de Transporte, que empezará a sentir las repercusiones de la llegada de Uber y comenzará a tratar mañana el aumento de boleto. Los empresarios reclaman un incremento de 42%. Se espera que los concejales pidan un informe de costos al Ejecutivo. Recién cuando llegue estarán en condiciones de dar un veredicto. En otros años, esas gestiones pueden demorar meses. Con esas dilaciones los concejales buscan, en ocasiones, dar una señal de que el ajuste tarifario no está entre sus prioridades. Este año podría ser distinto: cuanto más tarden en tomar la decisión más se juntará con las elecciones. Y a nadie escapa que cada costo que se pague en el camino a las urnas puede traducirse en fuga de votos.