Un grupo de diputados y senadores franceses consensuó la versión definitiva de la reforma previsional del Gobierno del presidente Emmanuel Macron, que podría ser adoptada mañana, mientras el país vivió una nueva jornada de protestas contra la impopular medida, que busca retrasar la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años.

Con 10 votos a favor y cuatro en contra, la comisión mixta de legisladores adoptó tras ocho horas de debate un texto común, cuyos detalles se darán a conocer mañana mismo, informó la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento, en sus redes sociales.

“Con este compromiso, se respondió a la demanda de los franceses de construir juntos las soluciones para el país”, tuiteó la primera ministra, Élisabeth Borne.

La versión definitiva será sometida a voto en el Senado, que ya la aprobó en primera lectura el pasado domingo, y luego por la Asamblea Nacional, donde el oficialismo no cuenta con mayoría absoluta.

En tanto, la oposición de izquierdas, encabezada por el partido Francia Insumisa, denunció un “escándalo democrático” y advirtió que “la lucha continuará mañana en las calles y en el hemiciclo”, mientras que la Agrupación Nacional de la líder de ultraderecha Marine Le Pen adelantó que votará contra la iniciativa “ante la sordera de un gobierno que se niega a escuchar la protesta y el amplio rechazo popular a un texto injusto e inútil”.

La adopción de la nueva versión de la reforma coincidió con una octava jornada de protestas en todo el país, que buscaba aumentar la presión sobre el Parlamento e impedir que adopte la impopular medida.

“Digo a los parlamentarios: No voten esta ley, está desconectada de la realidad concreta del trabajo”, dijo Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), durante la manifestación en París que, según los organizadores, congregó a 450.000 personas (37.000 según la policía).

La central obrera también anunció una protesta frente al Parlamento en coincidencia con la votación del proyecto.

La reforma busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

Pese al masivo rechazo expresado el 7 de marzo pasado, cuando se manifestaron casi 2 millones de personas, según la propia Policía, el Gobierno se mantuvo firme en su plan que busca, de acuerdo a lo que afirma, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones en un país con una creciente esperanza de vida.

“Esta reforma es de una necesidad perentoria para el financiamiento de nuestras pensiones y la solidez del país. Tenemos una sólida mayoría” en el Congreso de fuerzas favorables a sacar adelante la ley, aseguró esta semana un confiado Macron.

Desde la semana pasada, los sindicatos lanzaron una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y el transporte.

Sin embargo, la prensa local destaca que la movilización perdió fuerza en los últimos días, a medida que el escenario de su adopción se acerca y que la mayoría de los franceses tienen cada vez más claro que esta se aplicará (concretamente un 80%, según un sondeo reciente del instituto demoscópico Elabe).

Aunque el servicio de trenes y el transporte público de París sigue afectado, el ministro de Transportes, Clément Beaune, descartó que se viva una “jornada negra”.

Un 20% de los vuelos se anularon en el aeropuerto parisino de Orly.

En el sector de la energía, más movilizada, hubo nuevas caídas de producción eléctrica y continuó el bloqueo de la expedición de combustible en la mayoría de refinerías. Las cuatro terminales de metano ubicadas cerca de París seguían de huelga.

La adopción de un texto conjunto por la comisión mixta de 14 senadores y diputados se daba por hecho, ya que el oficialismo y la oposición de derecha favorable al texto son mayoría.

Sin embargo, la incertidumbre planea sobre si el proyecto de ley resultante recabará la mayoría necesaria mañana en la Asamblea Nacional. El Senado debe también dar su visto bueno final ese día.

Las votaciones determinarán probablemente el futuro del segundo y último quinquenio presidencial de Macron, quien fue reelegido en abril, pero luego de que su partido perdiera el año pasado su mayoría absoluta en la Asamblea.

Algunos diputados de los grupos favorables, como el derechista Aurélien Pradié, anunciaron que por ahora no lo votarán.

Según la senadora socialista Monique Lubin, el Gobierno está cediendo a “casi todas” las demandas de la derecha para lograr el mayor número de apoyos en la Cámara baja.

El Ejecutivo espera no tener que activar un polémico procedimiento parlamentario en la Asamblea para adoptar esta reforma clave para el resto del segundo mandato de Macron, que culmina en 2027.

Conocido como artículo 49.3, este mecanismo permite al Gobierno superar el trámite en la Asamblea sin someter la reforma a votación.

En tal caso, la única manera de frenar su adopción es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el Gobierno, es decir, para destituir al Ejecutivo de Borne y obligar a Macron a tener que designar otro.

Politólogos y expertos legales manifestaron que activar este mecanismo sería una “derrota” para el Gobierno y para el presidente francés, aunque logre con esto aprobar la reforma.

Los sindicatos ya han empezado a reflexionar sobre los pasos a seguir en caso de adopción de la ley. Por ahora, piden someterla a una “consulta ciudadana”, al estimar que carece de legitimidad democrática por el rechazo popular.